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Cristina escuchó la acusación del fiscal: la señalaron como la "jefa de una asociación ilícita"

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

21 de mayo

La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner afronta el primer juicio oral y público en su contra, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos.

En la primera jornada, la ex mandataria escuchó durante más de tres horas la lectura de los cargos por los cuales fue procesada junto a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y otros acusados.

Cristina Kirchner, flamante precandidata a vicepresidenta en fórmula junto a Alberto Fernández, arribó minutos antes de las 12 del martes a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en medio de una fuerte custodia y acompañada por dirigentes políticos y militantes que fueron a brindar su apoyo.

En una audiencia colmada, que incluso obligó a que se habilitara otra sala contigua para el público, el juicio comenzó con la presencia de la ex mandataria, quien se sentó detrás de los ex funcionarios Julio De Vido, José López y el dueño de Austral Construcciones.

Los fiscales de instrucción del caso Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques la acusaron de ser jefa de una asociación ilícita creada a partir de la llegada del fallecido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación para "sustraer fondos públicos en beneficio del socio del ex presidente, Lázaro Báez".

Sentada en la última fila de la sala de audiencias y de espaldas al blindex que la separó de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, ubicadas entre el público, la ex presidenta siguió la lectura entre comentarios con su abogado, Carlos Beraldi, la lectura de su teléfono celular y sonrisas.

De acuerdo al texto base de la acusación que se ventilará en el juicio, hubo una "matriz de corrupción" que tuvo como fin la "defraudación al Estado Nacional, y lavado de dinero a través de la obra pública vial" y la sustracción "de fondos públicos".

Según la investigación, las empresas de Báez en Santa Cruz recibieron el 80 por ciento del total de la obra pública en esa provincia en el kirchnerismo y la cobraron en su totalidad pese a que gran parte no estaba terminada.

De Vido, López, Carlos Kirchner son considerados organizares de la asociación ilícita para "cometer delitos de forma estable y permanente por más de doce años" con la "sustracción de fondos públicos".

"Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad seleccionando a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción", agregó la acusación.

En total se juzga a trece acusados, todos los cuales concurrieron a la primera audiencia de manera obligatoria: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.

Al comenzar, el presidente del Tribunal, Gorini, pidió a los imputados estar atentos al juicio y fue cruzado por el abogado Maximiliano Rusconni, defensor de De Vido, quien intentó formular un planteo pero el juez le dijo que no era el momento y que se debía dar comienzo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El rechazo del magistrado se debió a que aún quedan pendientes planteos de las partes que la Corte Suprema de Justicia no resolvió y que apuntan a decretar la nulidad del juicio.

Así, el secretario del Tribunal comenzó a dar lectura del requerimiento hecho por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques con el cual la causa pasó a etapa de juicio oral y público.

La estimación es que la lectura de la acusación llevará entre tres o cuatro días y luego el Tribunal dará pie a los planteos preliminares de las partes, para más tarde permitir la indagatoria de los 16 acusados que tiene el hecho.

En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.

Las quejas de Cristina vía Twitter

Antes del comienzo del primer juicio oral en su contra, la ex presidenta aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que se trata de "un nuevo acto de persecución" con el "único objetivo" de colocarla "en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial", así como también definió al proceso judicial como "una nueva cortina de humo".

En esa cadena de posteos, la flamante precandidata a vicepresidenta se refirió al expediente judicial por presuntas irregularidades en la obra pública y cuestionó al Gobierno y a la Justicia.

"En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial", sostuvo la líder de Unidad Ciudadana.

A través de Twitter, la ex jefa de Estado añadió: "Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí, pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías".

De esa manera, Cristina Kirchner apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli y su vínculo con el expediente que investiga al operador judicial Marcelo D´Alessio.
Desde su departamento del barrio porteño de Recoleta, la senadora nacional afirmó que la causa "se trata de una denuncia efectuada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en Santa Cruz".

"No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito", agregó.

En ese sentido, la ex mandataria aseguró que lo investigado son "licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia" patagónica.

"Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras.

Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial.

Las `pruebas´ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los jefes de Gabinete", se defendió.

Tras quejarse de que la "frutilla del postre" sea la utilización de la "`declaración´ del `arrepentido´ coucheado (Leonardo) Fariña", la referente opositora remarcó que "los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir".

"Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la diputada (Paula) Oliveto -alias Pau- y un libro de (el periodista) Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D´Alessio", señaló.

Y concluyó: "Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo".

El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta.

Además de la líder de Unidad Ciudadana, se encuentran imputados Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

El inicio del juicio, donde junto a la precandidata a vicepresidenta quedó confirmado el lunes por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que rechazó dos planteos formulados por la defensa del detenido empresario Lázaro Báez, que tenían por objeto desplazar a dos jueces de ese cuerpo y aplazar el comienzo del debate.

El primer juicio a la exmandataria se inicia con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002, y según fuentes judiciales ese trámite puede demandar más de tres jornadas, en las que todos los acusados tendrán la obligación de estar presentes.

La senadora y expresidenta, su ministro de Planificación, Julio De Vido; Báez y otros diez acusados serán juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Para los fiscales que llevaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015, por valor de 46.000 millones de pesos.

El debate se extenderá casi un año y está prevista la declaración de unos 160 testigos, entre ellos el ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, quien será precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con la propia Cristina Kirchner.

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, prevén iniciar el debate con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques; de los dos organismos querellantes, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y el auto de elevación del juez de instrucción Julián Ercolini.

El costado electoral del juicio

"La foto" de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados es motivo de especulación en todos los medios de comunicación y es la imagen soñada por el "gurú" de la estrategia electoral macrista, Jaime Durán Barba.

Es cierto que hay muchos politólogos que creen que todo el daño político que pudo sufrir Cristina por las acusaciones en su contra ya está hecho y que, por lo tanto, una campaña macrista que se centre en ese tema no tendría mucho éxito.

En esos términos argumentó el analista Rosendo Fraga, que cree que el kirchnerismo ya no puede sufrir mella por situaciones de corrupción.

Por su parte, el consultor y encuestador Luis Costa distingue entre el plano judicial y el mediático, en la previa del juicio a Cristina. De todas formas, coincide en que difícilmente mueva la aguja de la opinión pública: "Sus seguidores transforman la situación procesas en una persecución política, todos los votantes trazan distinciones que permiten releer los episodios que les devuelve el mundo y acomodarlos para seguir sosteniendo lo que piensan".

Y hasta el mismísimo Durán Barba ha recordado en entrevistas periodísticas que en 2011 las acusaciones contra el entonces candidato a vicepresidente Amado Boudou por la corrupción en el programa de viviendas "Sueños compartidos" no movió ni una décima la intención de voto por la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou, que se consagró con el 54 por ciento.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. "Puede ser que los kirchneristas convencidos no se inmuten por ver a Cristina en el banquillo de los acusados, pero hay que recordar que, en la eventualidad de un balotaje, el kirchnerismo va a necesitar el voto del electorado del centro, y ese sí puede ser susceptible a la imagen de una candidata corrupta", sostuvo el politólogo Raúl Timerman.

En todo caso, es claro que la imagen ominosa en el banquillo de los acusados es algo que siempre se quiere evitar. De manera que hasta pocas horas antes del inicio del juicio, todavía había serias dudas sobre si la imagen tendría lugar.

Otro hito en el "relato"

Lo cierto es que el juicio volverá a ser, una vez más, la oportunidad para que Cristina Kirchner intente una de sus jugadas preferidas: hacer de la debilidad virtud y, desde la imagen de perseguida política, fortalecer su imagen.

Y con el entusiasmo renovado de una militancia que ve más factible la vuelta del kirchnerismo al poder tras los últimos acontecimientos, todo indica que el primer día del juicio podría ocupar otro lugar destacado en la construcción del nuevo "relato".

Es algo en lo que Cristina Kirchner tiene experiencia. Cuando a inicios de 2016 le tocó declarar por primera vez en Comodoro Py, convocada por el juez Claudio Bonadío, aprovechó para hacer un gran acto político y sentó las bases de lo que sería su defensa.

Tomando uno de sus argumentos preferidos –el revisionismo histórico-, se planteó como una continuidad de gobernantes "populares" que habían sido derrocados y luego víctimas de una persecución judicial para manchar su figura. Habló concretamente de Hipólito Yrigoyen, de Perón y Evita.

En aquello ocasión, al hablar ante los militantes que la acompañaron a Comodoro Py, dejó frases como "no les tengo miedo", o "me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa pero no lograrán callarme" o "estoy segura de que si pudiesen prohibir la letra K del abecedario, lo harían".

Iniciando la línea argumental de los siguientes tres años, planteó que lo que se pretende es juzgar no es a una persona, sino al propio "modelo K".

El argumento de Cristina estaba servido en bandeja: para ella, era obvio que sólo con la persecución política y la distracción mediática que supone citarla a declarar, se podía llevar adelante un programa económico de ajuste como el que impulsaba Macri.

En su salsa, Cristina sacó todo el provecho posible de la devaluación, del tarifazo en los servicios públicos, de los despidos y de la inflación. Y también del escándalo Panamá Papers, gracias al cual pudo "bajar línea" a sus seguidores: les dejó en claro que cada vez que se hable sobre la "ruta del dinero K", ellos deben responder que hay una "ruta del dinero M".

El macrismo, entre el enojo y la oportunidad

Pero en este capítulo judicial-político en plena campaña electoral, Cristina no es la única que se ubica en el rol de perseguida por quienes pretenden avasallar las instituciones. En la vereda opuesta, el macrismo ha demostrado estar hipersensible ante las decisiones de la Justicia.

O, más concretamente, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La primera lectura que el Gobierno hizo sobre el pedido de que el tribunal atendiera los reclamos de la defensa de Cristina fue interpretado como una excusa para suspender el juicio.

Hacía tiempo que no se veía una reacción tan furibunda en el relacionamiento entre dos poderes del Estado. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, llegó a hablar de una "corte bolivariana". El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que la decisión de la Corte tenía "un condimento político", que resultaba sospechosa y que se inscribía en una tradición de no favorecer la concreción de juicios orales.

Y más duro fue el jefe de gabinete, Marcos Peña. Dijo que la decisión de la Corte "genera bronca, porque hay una demanda muy fuerte de justicia". Agregó que de esta manera se favorece la impunidad y dijo que los jueces "se rigen por las encuestas electorales".

Más explícito aún, sugirió que Alberto Fernández –a quien le faltaba una semana para ser ungido como candidato a presidente- era el cerebro de la operación. Y alertó que lo que estaba ocurriendo era una muestra de lo que podía ocurrir si Cristina volvía al poder.

"El kirchnerismo cree que la justicia tiene que ser militante, una cuestión que sea parte de un esquema de poder, y nosotros creemos que hay que defender a los jueces que se rigen por los códigos y no por las encuestas", indicó.

Con ese clima enrarecido, en la noche del miércoles se produjeron cacerolazos de parte de partidarios del gobierno, que se habían autoconvocado por las redes sociales y querían hacer una demostración de repudio.

Es así que se llega a esta situación, en la que la posterior confirmación de que el juicio sí se realizaría fue interpretada por el Gobierno como una "marcha atrás" de la Corte Suprema ante la indignación popular.

De un lado, indignados convencidos de que su líder es castigada por sus posturas políticas. Del otro, indignados que creen que se les birlará el derecho de ver que se haga justicia ante hechos de corrupción. Ese es el panorama previo al primer día de Cristina en el banquillo.

Y, como tantas veces, en paralelo a lo que ocurra en la sala del juicio, hay otra pelea más urgente: la de la interpretación de lo que se verá en "la foto". (IProfesional)

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