En la sede de Cedems (sindicato docente nuevo secundario y terciario) se realizó una conferencia de prensa donde participaron referentes de sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos. Allí denunciaron que el Gobierno sigue realizando descuentos e impulsando causas contra quienes se manifestaron contra la reforma constitucional.
Este miércoles se realizó en la sede de Cedems en San Salvador una conferencia de prensa que convocó a organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos. Participaron referentes de los sindicatos docentes, municipales y estatales, así como organizaciones sociales y de derechos humanos.
Se trata de las organizaciones que han quedado, junto a las comunidades originarias, en el blanco de los ataques del gobierno de Gerardo Morales y la justicia. Desde el comienzo de las movilizaciones por salario y contra la reforma, han sufrido represiones, denuncias contravencionales y penales, represiones como las del 17 y 20 de junio, detenciones, así como un hostigamiento permanente del gobierno y sus fuerzas de seguridad.
En la conferencia estuvieron presentes referentes de las organizaciones perseguidas. Muchos de ellos y ellas cuentan personalmente con causas. También denunciaron los enormes descuentos que aplicó el gobierno a docentes y municipales.
Entre los presentes estaban dirigentes de Cedems y SEOM como Mercedes Sosa y Sebastián López. También el docente y referente de Izquierda Socialista, Ivan Blacutt, quien fuera detenido hace pocas semanas; así como Andrés García, integrante de la conducción de Cedems y referentes del PTS-FITU, que en pocos días debe enfrentar un juicio contravencional por las protestas. García señaló esta semana que “esta política busca amedrentar, pero no lo van a lograr, porque en Jujuy se perdió el miedo. Hay que enfrentar esta política persecutoria, con la mayor unidad, con la mayor defensa común, para que caigan estas contravenciones, todas las causas y todos los procesamientos por luchar”.
Las acusaciones no solo tienen el claro objetivo de criminalizar la protesta, sino que el Estado realiza acusaciones sin pruebas y llega al escándalo de imputar a los manifestantes por el delito de "sedición". (LID)
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