Carta abierta al kirchnerismo

Si algo le está haciendo un flaco favor a la democracia y al Estado de Derecho, sin dudas, es la represión al pueblo catamarqueño, riojano y tucumano por el simple hecho de reclamar por su derecho a un medioambiente sano, de acuerdo a lo que establece el Art. 41 de nuestra Constitución Nacional.

Peor aún, es la clara y abierta complicidad con las empresas mineras transnacionales. Y no cabe duda que es así. Los hechos lo vienen demostrando, a pesar de un Ejecutivo Nacional que amaga a "debatir" y pretende seguir erigiéndose en un gobierno "nacional y popular".
No hay debate, desde el mismo momento que se considera a la minería como una política de Estado, continuadora de la implementada por Carlos Menem, su no casual aliado electoral en La Rioja, en una abierta línea continuista de la entrega de la dictadura militar del ’ 76.

Tampoco lo hay, cuando las gobernaciones provinciales prefirieron la represión al diálogo; cuando los intendentes, en vez de estar junto a su pueblo, salvo el de Famatina, huyen como ratas ante el temor de la ira popular; cuando la justicia provincial se arroga facultades para las cuales no es competente o la misma justicia federal ensaya excusas pueriles para no recibir las denuncias de las y los vecinos, y cuando la policía reprime sin piedad a mujeres y niños como ha ocurrido en todos los casos.
Menos aún, cuando estas acciones solamente pretenden asegurar el derecho a la propiedad de empresas extranjeras que, tan sólo, buscan su propio beneficio a costa de las actuales y futuras discapacidades y muertes que ocasiona el uso de químicos y de cianuro.

No puede considerarse un gobierno "nacional" aquel que colabora con dichas transnacionales y no es "popular", aquel que no escucha la voz del pueblo en aras de ese supuesto "desarrollo".

Ayer, fue Famatina, Belén, Tinogasta y Amaicha del Valle; hoy, es Andalgalá. ¿Qué están esperando para parar esta masacre?. ¿Vale más el oro que la vida? ¿O pretenden condenar a estos pueblos a la discapacidad como forma de arrojarlos a la pobreza extrema para llevarlos al voto cautivo por una medicación o una mera pensión? ¿No sera qué el paso anterior sea el camino directo a una muerte segura para pobladores y trabajadores?.

Lo que hoy sucede en Andalgalá ha superado todos los límites. Permitir que las patotas pagadas por Minera Alumbrera sean las dueñas del acceso a la ciudad es un insulto a la voluntad popular. Nadie responde. Todos se escapan.

¿Otra vez una Triple A en nuestro país? ¿otra vez los grupos de tareas?. No hay diferencia entre el accionar de estas patotas y el que se realizaba hace 36 años atrás. Como diría la extinta compañera Adriana Calvo, el Estado es responsable.

No son cuatro gatos locos, y perdonen la expresión poco académica, los que reclaman. No minimicen el reclamo de los pueblos. No mientan descaradamente. No eludan sus responsabilidades.
Ya que son el "gobierno de los Derechos Humanos", como bien les gusta llamarse, respeten esta categoría de derechos. Hasta ahora, solamente se acordaron del pasado pero se olvidan del hoy y del mañana.

Hay otras vías para el desarrollo. Desde el turismo, conocida como la industria sin chimeneas, a la agricultura; de las artesanías a los productos regionales, para ello. Solamente ocurre que estas actividades no les dejan ningún 20% como decía Tato Bores en sus monólogos, los cuales no perdieron actualidad.

El Estado es responsable. Y la historia no los absolverá. La pueblada está en camino. Pero esta vez no podrá reciclarse como ocurrió en el 2001. Lamento decirles que, si se continúa en la senda represiva estatal o paraestatal, se los llevará puestos.

Es hora de parar esta escalada de terror impuesta por las mineras y avaladas por el Estado. Como inquilinos del poder, no pueden sentarse sobre los votos. Más temprano que tarde, la legitimidad obtenida puede diluírse en poco tiempo más y de esa forma, se afecta aún más a esta democracia renga y que tiene demasiadas deudas sociales.
La solución a este clima depende de ustedes, porque el pueblo ya habló: no a la megaminería contaminante.