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CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN Denuncian que en Argentina se está construyendo un “Estado policial”

Un relevamiento sobre violencia estatal, realizado por tres organismos de derechos humanos, muestra la escalada represiva contra trabajadores y sectores populares durante la primera parte del año.

22 de septiembre de 2016

Los hechos ocurridos ayer en Neuquén, en los que un trabajador de UPCN fue herido por una bala de plomo, no son aislados ni nuevos. Huelga decirlo. No son aislados porque la represión contra la protesta social, contra los trabajadores y los sectores populares se extiende por todo el país. Y no son nuevos porque, más allá de las diferencias discursivas entre gestiones políticas de distintos signos (tanto nacionales como provinciales) el accionar coercitivo del Estado frente a manifestaciones, piquetes, paros y movilizaciones es una constante desde hace décadas.

Un informe presentado ayer por tres organizaciones de derechos humanos confirma el diagnóstico. Se trata del primer relevamiento publicado durante el gobierno de Mauricio Macri, al que bautizaron Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE). Allí se compila gran parte de los casos producidos entre enero y junio de 2016 “de represión a trabajadores/as en lucha, y persecución y uso de fuerza frente a situaciones que tienen su origen en la falta de trabajo -como es el caso de los ‘manteros’- o la vulneración de derechos -como en los casos de las personas en situación de calle-“.

El ReCaVE (puede leerse completo acá) es elaborado en común por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Y, según expresan en su presentación, este relevamiento continuará haciéndose en sucesivos semestres.

El CEPOC lo integra, entre otros profesionales, la abogada Claudia Cesaroni, quien hace pocos días fue entrevistada por La Izquierda Diario respecto de la causa sobre el delito de lesa humanidad conocido como Masacre del Pabellón Séptimo.

Contra la protesta social y la economía informal

Los organismos de derechos humanos anticipan en su informe que el diagnóstico se basa en “un relevamiento de casos de violencia estatal que parte de la base de la información publicada por los medios de comunicación de alcance nacional”. Entre sus fuentes destacan las notas publicadas en diarios como La Nación, Clarín, Página/12, Crónica y La Izquierda Diario; en agencias de noticias como Marcha, Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica, Cosecha Roja, Paco Urondo y Andar; y en el sitio web de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

De toda la información reunida, quienes realizaron el informe determinaron que “el Estado viene interviniendo de modo violento y con una utilización indiscriminada de su fuerza en dos situaciones que, a la par que aumentan los despidos, la inflación y las situaciones de desamparo social, también aumentan: la protesta social, y la economía informal”.

Entre los métodos recurrentes que el ReCaVE sistematiza se destacan el “excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del ‘lancheo’ (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.”

Y se agrega que “estos hechos no suceden por decisión de uno o de algunos malos funcionarios públicos, sino que constituyen prácticas ilegales y cada vez más sistemáticas, sostenidas por el aparato del Estado de modo formal, a través de la elaboración de normas de baja jerarquía -resoluciones, decretos, instrucciones- pero de enorme efectividad, en tanto no son cuestionadas por el aparato judicial o incluso, como se mencionó, son avaladas directa o indirectamente por el sistema de justicia”.

Importante botón de muestra

Atinadamente el CEPOC, la AciFaD y la LADH aclaran que “al trabajar únicamente con medios nacionales, y no tomar como referencia medios locales, el impacto de las noticias vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es mayor, lo cual puede constituir un sesgo para nuestra muestra”. Por ese motivo, destacan que el análisis se centra en dichas localidades.

De allí que los graves hechos ocurridos en provincias lejanas del centro político nacional como Tierra del Fuego o Santa Cruz puedan haber quedado afuera del relevamiento. Vale recordar que durante esos primeros meses del año los gobiernos del Frente para la Victoria de Rosana Bertone y Alicia Kirchner, respectivamente, decidieron llevar adelante un brutal ajuste sobre los sectores estatales y docentes, lo que fue “acompañado” por operativos represivos que dejaron varias personas heridas y detenidas. Aquellos hechos, informados oportunamente por este diario, hasta contaron con el ataque sistemático a acampes y concentraciones por parte de fuerzas estatales y patotas.

De lo reunido por el ReCaVE (unos 113 casos en varios puntos del país) se destacan la represión a protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad (casi un 18 %), las detenciones arbitrarias (más de un 13 %) y la represión a trabajadores ambulantes (un 4,4 %). El resto de los hechos son, con menor porcentaje, desalojos, hostigamientos y persecuciones, allanamientos, represiones a eventos culturales y razzias, entre otros.

Un dato no menor es que entre lo recolectado hay un 13,27 % de casos de gatillo fácil, el clásico de todas las fuerzas mal llamadas de “seguridad”, que alcanzó niveles récord en los últimos 15 años.

Si bien es atendible la aclaración que hacen quienes realizaron el informe sobre el impacto mayoritario de hechos en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, uno de los gráficos sirve para mostrar que, aún con diferencias, no hay fuerza represiva federal, provincial o local que quede exenta de haber cometido estos hechos, demostrando que hay una verdadera política de Estado sobre la que se sustentan.

Estado policial

Entre las conclusiones a las que arribaron quienes produjeron el informe se destaca que “desde diciembre de 2015 se multiplican en las redes sociales testimonios sobre episodios de violencia protagonizados por integrantes de fuerzas de seguridad, ejecutados con variados pretextos y bajo diversas modalidades: desde impedir el acceso a la Plaza de Mayo de personas cuya ropa contenía inscripciones o motivos identificables con cierto perfil ideológico o político, hasta el control de documentación y requisa personal practicada al azar sobre la población - principalmente trabajadora- en medios de transporte o en lugares de acceso público”.

Por último, los organismos de derechos humanos sentencian que existen “acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘Estado policial’, en línea con una singular tendencia de alcance global que procura subordinar los derechos tutelados por garantías constitucionales al imperio de un orden fundado en ‘razones de Estado’. Un Estado de excepción que se apoya en dos pilares básicos: la instalación de un modelo de ‘enemigo ideal’ en el imaginario social y la concesión de facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad destinadas a combatirlo”.

Para seguir realizando el relevamiento los organismos que lo confeccionan abrieron una página en Facebook (Recave2016) y una casilla de correo electrónico (recave2016@gmail.com) donde reciben denuncias.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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