Ante el conflicto policial y la situación salarial

La huelga policial demuestra hasta que punto quiere llegar el gobierno de Urtubey con su decisión de que la crisis la paguen los trabajadores con salarios miserables, toda vez que está dispuesto a congelar el sueldo, incluso de aquellos que necesita para reprimir a los trabajadores y la población que se rebele. Qué pueden esperar médicos y maestros, cuyos presupuestos han sido vaciados. El 12% de aumento anunciado por el gobierno, basado nuevamente en adicionales en negro, parece ser el techo que se pretende imponer a todos los estatales, para consagrar la caída de los salarios.

Pero este congelamiento general del sueldo de los estatales, viene precedido de tarifazos en el transporte, la luz y el agua; garantizando además, por este medio las enormes ganancias de Aguas de Salta, Edesa y Saeta, como antes lo hizo Romero.

El caso de la Policía.

La escala salarial de la Policía está compuesto en un 80 por ciento por ‘adicionales’ en negro. De esta manera el estado tiene de rehenes a los policías, porque para “aumentar” sus ingresos se ven obligados a trabajar para particulares haciendo adicionales (una verdadera privatización de la Policía), como también ser encubridores como de las mafias policiales, cuyos comisarios son los que disponen del poder arbitrario de conceder estos adicionales.

Aunque los policías en huelga solo presentan un pliego salarial y de mejoras laborales, estos reclamos no tendrán salida sin una denuncia pública de conjunto a la institución, a su dirección política represiva y a las redes de narcotráfico, juego y prostitución que “protegen”.

La impunidad de estas mafias está garantizada por el sistemático encubrimiento a los policías, especialmente para los mandos policiales responsables de la represión a las manifestaciones de maestros y desocupados, así como de los crímenes como el del productor de Anta o la masacre de los 6 jóvenes en la comisaría de Orán. Este encubrimiento contrasta rotundamente con las amenazas de Urtubey, de sumarios y exoneraciones, contra policías que encabezan los reclamos, es decir, cuando plantean sus reivindicaciones como si fueran trabajadores.

La huelga policial pone al desnudo al régimen de Urtubey

Inmediatamente asumido Urtubey, los maestros primero y la Policía después, salieron a exigir que cumpliera con su promesa de campaña de aumentar los sueldos estatales. Lejos de recuperar el poder adquisitivo hundido tras 12 años de Romerismo, y de desmantelar su aparato represivo mafioso, volvió a congelar salarios al mismo tiempo que se mostraba como sensible a los reclamos de los estatales.

Pero esta segunda huelga policial, muestra la verdadera cara de este gobierno: congelamiento salarial y amenazas de reprimir a los huelguistas, bajo la dirección política de uno de los pilares del régimen represor de Romero: Kosiner . Esto, que parece una posición de fuerza, es otra manifestación del acelerado agotamiento del kirchnerismo en Salta y de su incapacidad manifiesta para desmantelar el régimen romerista.

El Partido Obrero llama a la población a tomar nota del fracaso de este gobierno para satisfacer las demandas salariales de la población, así como de su impotencia para terminar con las mafias y negocios montados por Romero.

En función de esta caracterización, el Partido Obrero de Salta plantea la adopción inmediata de las siguientes medidas:

*Reclamamos que se forme una comisión investigadora parlamentaria y de representantes sociales, que funcione en audiencias públicas, para tomar las denuncias de corrupción y de político de la policía. *Agregamos la investigación de las denuncias de atropellos policiales que ha ido efectuando la población a través del tiempo. Los culpables de estos delitos e irregularidades deben ser expulsados y procesados. Quedan suspendidos mientras dura la investigación

*Reclamamos el fin del sistema de adicionales y el establecimiento de un escalafón salarial único y que el cargo testigo alcance el costo de la canasta familiar, como reclamamos para todos los estatales. Los adicionales son funcionales a la instrumentación de la policía por parte de intereses capitalistas, sean económicos o políticos.

*Que se establezca un control civil y democrático de la policía por medio de un organismo electo por el pueblo, anual y revocable, que informe públicamente cada mes. *Elección de comités de vecinos en todos los barrios, con participación de los trabajadores que desempeñan sus labores en esos barrios, para ejercer el control de la actividad policial y la seguridad de los mismos.

*Respeto y garantías a cualquier iniciativa de organización sindical de los cuadros inferiores de la policía, con la garantía de estatutos democráticos, de asambleas deliberativas, abiertas y públicas.

*Establecer específicamente que la policía tiene prohibida la intervención represiva sobre movimientos sociales y políticos.