Absurdo: Waldo Wolf y Fernando Iglesias juegan a los republicanos y denuncian a Peñafort

Los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolf, Álvaro de la Madrid, Adriana Ruarte, Lidia Inés Azcárate, Jorge Enriquez, Sohel El Sukaria y Fernando Iglesias han denunciado a la abogada defensora de Cristina Fernández de Kirchner y directora de servicios jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, por incitación a la violencia. La oposición derechista judicializo así los dichos en twiter de Peñafort diciendo que "es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual"

Según reza la denuncia de los legisladores cambiemitas, los dichos de la abogada "incitan a la violencia colectiva, atentan contra la autoridad y constituyen el delito de amenazas coactivas agravadas". Para ellos las declaraciones de Peñafort "no pueden sino infundir temor público por su inequívoca amenaza a la Institución que preside uno de los poderes de la Nación: la Corte Suprema de Justicia y sus miembros". La denuncia colectiva concluye que "una funcionaria pública amenace con derramar sangre, y dirija sus amenazas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no le dan razones (es decir, "la razón") en un país que tiene una recurrente y triste historia de enfrentamientos armados fratricidas, es de una gravedad institucional intolerable".

Los tuits de Peñafort se inscriben en el enfrentamiento entre CFK, y la Corte Suprema por la convocatoria a una sesión virtual del Senado. Al momento de cierre de esta edición el Tribunal Supremo rechazó el pedido de la vicepresidenta aunque manifiesta que el Congreso es autónomo para regular sus formas de funcionamiento. Los dichos de la abogada constituyen un ejercicio de la libre opinión. Su censura no es más que un acto de intimidación para impedir que se cuestione a las instituciones en general, no solo a la justicia en particular. Aceptar una censura de esta naturaleza es sentar un antecedente nefasto y aceptar que en el futuro próximo se censure todo llamado a la rebelión contra el régimen político y social vigente. Seria convalidada en el escenario político, los métodos de la persecución a la opinión, como hacen a través del ciberespionaje desde el ministerio de seguridad de Sabina Frederic procesando a un pibe que preguntaba en chiste en un tuit si ya se venían los saqueos. O como hacían bajo el ministerio de Patricia Bullrich encarcelando a los que criticaban por redes sociales a Mauricio Macri.

El decir que la historia se hace por la sangre o la razón, es expresión de un pensamiento que apela a las instituciones del estado a comprender los cambios sociales para preservarse a si mismas. El recurso de la sangre, representa simbólicamente la confrontación inherente a una sociedad divida en clases con intereses contrapuestos, como tan patentemente se expresa frente a la crisis del Covid19. El llamado a que entren en razón, que es lo que se desprende del tuit, es un intento de hacerlos entender que es necesario un cambio de orientación, una subordinación a las tendencias más bonapartistas del poder político, si se quiere, para salvar al estado burgués de conjunto frente al avance de la crisis social. Es además un intento de convencer a la casta judicial de que se autorreforme para mejor cumplir su papel de defender la legalidad burguesa. La misma casta judicial con la que el kirchnerismo convivió durante sus doce años de gobierno.

Vale agregar que el oficialismo mantiene cerrado el Congreso Nacional desde antes del inicio de la cuarentena. De esta forma impide cualquier discusión seria sobre alternativas y propuestas de enfrentar la crisis social y sanitaria. Al mismo tiempo, decide sobre la vida del conjunto de la población por medio de decretos.

Para la derecha argentina cualquier critica a la institución judicial es señalada como antidemocrática. Para ellos los obscenos privilegios de los jueces y la colonización de los servicios de inteligencia de la Justicia son materia intocable. Es una lucha por el control de la Corte Suprema, hoy en manos de la derecha a través de su presidente el radical Rosenkrantz, como una garantía de continuidad institucional si la crisis se llevara puesto al Gobierno.

La liquidación de los privilegios de la casta judicial, la elección de los jueces y fiscales por sufragio universal y los juicios por jurados, es un tarea indispensable para empezar a liquidar las bases de una institución cuya función es aplicar y defender las leyes que defienden a los ricos y su propiedad. (LID)

Por Facundo Aguirre