A seis años de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Salta.

Durante el año 2002 representantes de La CIDH conocieron las violaciones de los Derechos Humanos cometidos sistemáticamente por el ex gobierno del salteño Juan Carlos Romero, hoy Senador Nacional.

En aquella visita el periodista Marco Díaz Muñoz hoy director periodístico de la Agencia de Noticias Copenoa, confeccionó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1996 por las distintas instancias gubernamentales en la provincia de Salta.

El Informe contó con un completo archivo de testimonios en video, fotografía y audios de las denuncias registrados como las represiones efectuadas sobre reclamos sociales, en la provincia de Salta documentadas por Díaz Muñoz como relator comprometido con la defensa de los Derechos Humanos en Democracia.

El periodista valientemente entrego el informe en la propia casa de gobierno salteña a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Robert Goldman y Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, que durante casi media hora fueron interiorizados acerca de todo lo acontecido en la provincia.

Goldman se mostró preocupado por lo que sucedía en la provincia de Salta: los asesinatos a piqueteros, el avance de políticas represivas y las persecuciones a los defensores de los derechos humanos y a periodistas. Aclarando “que ante el avance de las amenazas, intimidaciones y asesinatos de los trabajadores de prensa en América, la CIDH tiene la facultad de implementar mecanismos directos de defensa de sus derechos”.

En el informe se describe las consecuencias de la implementación del modelo neoliberal de pobreza, marginación, exclusión y represión ejercida por el gobernador Juan Carlos Romero, quien creó la Secretaría de la Gobernación de Seguridad como brazo represor de su gobierno, con el objetivo de contener y silenciar la protesta popular, criminalizándola a través de una justicia adepta al Ejecutivo.

El relato describió como también las comunidades indígenas sufrieron la insensibilidad del gobierno de Romero. Los indígenas, verdaderos dueños de sus tierras, con el permanente anhelo de títulos comunitarios, sufrieron divisiones alentadas por funcionarios del gobierno.

Romero ex gobernador desconoció a la organización indígena Lhaka Honhat y los derechos de las comunidades consagrados en la Constitución y en tratados internacionales que en Salta fueron ignorados.

Los miembros de la Comisión se pusieron al tanto de la forma en que la Corte de Justicia provincial falla a favor de los gobiernos de turno, avalando disminuciones salariales a empleados públicos y rechazando pedidos de inconstitucionalidad y recursos de amparo presentados por trabajadores e indígenas, que finalmente recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus justos reclamos.

Las represiones, detenciones, procesamientos, persecuciones y muertes llegaron, según detalla el informe, implementadas por la secretaría de Gobernación de seguridad, impulsadas por su ejecutor el comandante Sergio Nazario, alias Estévez. Este represor fue Secretario de Seguridad de Romero. Nazario fue denunciado por sus víctimas como torturador de la cárcel clandestina del Olimpo durante la dictadura militar. Nazario, se recordó en el informe, figura en la lista de la CONADEP.

También se rememoraron los asesinatos de cinco piqueteros, Gómez, Justiniano, Verón, Santillán y Barrios, todos muertos por reclamos sociales, como las torturas a pobladores durante los gobiernos de Romero.

En el informe escrito se detallaron cronológicamente por fechas los más de treinta actos represivos documentados en videos y fotografías, actos violentos efectuados por el Gobierno, y una investigación sobre los excedentes (empleados públicos dejados cesantes por el gobierno de Romero) que se suicidaron y aquellos que fueron abortados por el poder ejecutivo, con la complacencia de algunos gremios que alentaron los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas.

También se entregó un video en el que se certifica con imágenes y testimonios las sucesivas violaciones a los Derechos Humanos, y fotografías digitalizadas de los francotiradores de Gendarmería Nacional denunciados por testigos y familiares de los asesinatos ocurridos el 17 de junio del 2001, y que una pericia balística determinaría luego que los disparos asesinaos fueron efectuados por armas pertenecientes a Gendarmería.

También se detallaba a sí mismo el caso de Iván Dorado, un joven de 19 años que quedó parapléjico en esa represión, al igual que las innumerables torturas y los más de ochenta heridos con balas de guerra.

Con relación al asesinato de Aníbal Verón, ocurrido el 10 de noviembre del 2000, se describieron las testimoniales de los piqueteros y un periodista que confirma que el disparo asesino fue efectuado por un policía. Recordaba el informe que la investigación de este asesinato la realiza el juez federal Abel Cornejo, el mismo que ordenó la represión y que estableció como una línea de investigación que el asesino de Verón sería un piquetero.

Fotos: Marco Díaz Muñoz, Daniel Díaz Muñoz.