la Justicia laboral obliga a una víctima de acoso y violencia laboral a pagar los gastos del juicio

Se trata de los jueces Gabriel de Vedia y Beatriz Friedman de la Cámara V de Apelaciones del Trabajo: ratificaron el fallo de primera instancia de que una trabajadora fue víctima de acoso laboral, pero aún así determinaron que deberá pagar el 60% del expedientes judicial tramitado, incluyendo la defensa de su acosador.

Un reciente fallo de segunda instancia volvió a poner en jaque la jurisprudencia tal como hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hace unos días en el caso de una quiebra de una textil en la que la CSJN no puso a los trabajadores a la cabeza de los acreedores por cobrar.

A saber: en primera instancia, la jueza María Elena López concluyó que fue un despido injustificado y que existió «mobbing», lo que confirmó la Sala V señalando que las acciones de acoso laboral procedieron «directamente de la cúpula jerárquica».

En esta oportunidad, y pese a que la Cámara V de Apelaciones del Trabajo conformada por los jueces Gabriel De Vedia y Beatriz Ferdman, ratificaron el fallo de primera instancia, obligó a la víctima a pagar el 60% de los gastos del juicio, incluyendo la defensa de su acosador. La resolución judicial llamó tanto la atención que el especialista en Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, Sergio Paixão Pardo, junto con la Oficial de Género, Larraitz Lexartza, convocaron a la víctima a una reunión informativa que se llevó a cabo por zoom.

El involucramiento de los funcionarios de la OIT está relacionado a raíz del Convenio 190 (de 2019), que fue ratificado por ley 27.580 en febrero de 2022 y que incluye entre las recomendaciones: sancionar una ley sobre acoso laboral, tema que aún no se ha debatido en el Congreso de la Nación. En ese zoom, los funcionarios hicieron hincapié en esta falta de normativa.

Con todo, la defensa pidió un recurso de queja ante la CSJN.

De ese encuentro también participó la Dra Marisa Belluomini de la Oficina de Violencia Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en primera instancia recepcionó el caso y acompañó a la damnificada en su periplo judicial. En conversación con InfoGremiales dio su punto de vista: «No es habitual y llama la atención que en este momento se dé un fallo así que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a quien ya pasó una situación así. Es ilógico que pase esto, que una acosada pague a su acosador por los gastos judiciales. Es una brutalidad jurídica«. Cerró: «Es desandar un camino recorrido porque estos fallos desaniman a hacer la denuncia; es, diríamos, una brutalidad jurídica«.

La historia de un caso que data de la pandemia
La víctima y luego denunciante trabajó durante ocho años en el área de Comunicación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien a las 48 horas de haber denunciado el hecho -siguiendo el Código de Ética de la entidad- por parte de la cúpula de la entidad fue despedida: «Se usan los protocolos internos como tramperas: si denunciás que tu jefe te está acosando, te despiden«, sostuvo la demandante en conversación con InfoGremiales.

Todo esto con dos agravantes: «Esto ocurrió en plena vigencia del decreto que prohibía los despidos durante la pandemia por COVID-19, y sin que tuviera sanciones previas en casi una década de trabajo», completó la damnificada.

Según consta en la causa, el acoso comenzó poco después de que Alfredo González asumiera la presidencia de CAME; en ese sentido y por lo que recogió InfoGremiales «la denunciante presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron una serie de acciones sistemáticas de hostigamiento como por ejemplo que, sorpresivamente, no se encontraba el CPU en su escritorio, le blanquearon la contraseña del correo para que no pueda acceder y hasta formaron un grupo de Whatsapp donde se dirigían las labores al sector donde incluyeron a todo el equipo menos a ella», describen desde la defensa.

Aunque condenaron a CAME a pagar más de 50 millones de pesos por daños morales y diferencias salariales. Sin embargo, desde la defensa calificaron la resolución como «re-víctimizante».