Una inflación cercana al 30% anual devora el salario y las jubilaciones. A ello, se suma la confiscación del impuesto al salario y la pérdida de las asignaciones familiares para centenares de miles de trabajadores. La política oficial destina los recursos estatales al pago de la deuda externa y a subsidiar a las privatizadas. La ley de ART -impulsada por el gobierno con el entusiasta apoyo de los derechistas del PRO y otros políticos patronales- es otro golpe a los derechos de los (…)