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Tucumán y otras cinco provincias no publican las estadísticas del Ministerio Público Fiscal

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP),presentó una actualización del ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, con los datos correspondientes al año 2021. Pero Tucumán al igual que Catamarca, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego no publica ninguna estadística sobre la labor de los fiscales.

13 de julio de 2023

La tasa básica de eficacia político-criminal busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?

Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social.

Esta “tasa básica” mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad.

Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios.

En todos los casos, se trata de información oficial solicitada por el INECIP a los propios Ministerios Públicos Fiscales. Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea con la periodicidad, profundidad y publicidad suficientes.

Avances y retrocesos

Este segundo reporte estadístico muestra una destacable “mejora” de Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10 % de eficacia que había mostrado el ranking del 2019. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados).

Por su parte, los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas.

Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal.

El caso de Tucumán

Para el INECIP Tucumán y (con cierto rezago) Catamarca, son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información.

Esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos5.

Este “apagón informativo” impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo./inecip.org

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