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Suspenden un permiso minero en Antofagasta por planteo local

Lo comunicó la Asamblea PUCARA en sus redes. Era un pedido de Atacameños del Altiplano.

16 de junio

La Asamblea "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación" (PUCARA) destacó que el Ministerio de Minería suspendió los permisos otorgados al proyecto minero "La Veguita", al asegurar que reconocieron el reclamo realizado por el cacique Román Guitían, de la comunidad Atacameños del Altiplano, quien cuestionó que habían falseado su consentimiento.

La comunidad logró frenar el avance del proyecto minero La Veguita, en Antofagasta de la Sierra. Este intento de avanzar sobre territorio ancestral sin autorización de la comunidad no es un hecho aislado. Es parte de una práctica sistemática de avasallamiento a los pueblos indígenas, que se repite con la complicidad de los gobiernos y las empresas mineras, pero los pueblos no callamos. ’No queremos mineras en nuestros territorios ancestrales’, fue la respuesta firme de la comunidad desde el primer momento y esta vez fue escuchada. Celebramos esta suspensión como un acto de justicia y como una advertencia: los territorios no están vacíos. Están habitados, cuidados y defendidos por comunidades con historia, con derechos y con memoria", remarcaron desde la Asamblea en las redes sociales. En octubre del año pasado, a través de una carta, la comunidad Atacameños del Altiplano denunció que Minería había autorizado a ’La Veguita’ realizar tareas de prospección en el territorio donde se encuentra la casa del cacique Román Guitían. "El desprecio, la burla, la discriminación a la que fuimos y seguimos siendo sometidos hoy encuentran nuevas formas de avasallamiento al haber avanzado en la autorización de tareas de cateo y prospección a pesar de la expresa negativa de esta comunidad", habían denunciado.

En este sentido, en la carta aseguraron que esta negativa había sido advertida "repetidas veces". "No tienen autorización para ingresar a la propiedad del cacique ni a ningún otro territorio de la comunidad. Esto se repitió innumerable cantidad de veces, tanto a los funcionarios de Minería como al señor Patricio Gutiérrez, propietario del proyecto. La comunidad atacameños del Altiplano reivindica su posesión ancestral sobre estos territorios y le recuerda al Gobierno y a sus funcionarios que el artículo nº 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la propiedad comunitaria indígena a las comunidades que ancestralmente viven en sus territorios, por lo que es deber del Estado respetar este derecho que se encuentra por sobre las normas del Código Minero y la legislación local", apuntaron. "Hacemos saber a toda autoridad policial, judicial y administrativa que esta comunidad defenderá sus derechos ancestrales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre Derechos de Pueblos Indígenas por todos los medios legítimos a nuestro alcance", advirtieron por entonces.

Camino minero
Días pasados, la Asamblea cuestionó que "después de la denuncia por el paso de camiones mineros sobre la tumba sagrada del bisabuelo de Román Guitían, ahora existen actividades sobre un nuevo ’camino alternativo’ que cruza el río Los Patos". En tal sentido, remarcaron que el río Los Patos "se encuentra bajo control judicial de la Corte a fin de evitar la producción de un daño ambiental irreversible".

Informe
La Provincia tiene prácticamente listo el Informe de Impacto Ambiental Acumulativo sobre el río Los Patos que le solicitó la Corte de Justicia para definir si levanta o no la medida cautelar que impide la autorización de nuevos yacimientos en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. El trabajo, que se realizó con fondos del Consejo Federal de Inversiones, podría ser presentado en el corto plazo ante la Corte, según lo confirmó el propio gobernador Raúl Jalil durante su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa el primero de mayo.

De acuerdo con lo que pudo conocer El Ancasti, el trabajo ya está prácticamente listo y solo restan algunos detalles para su presentación. Fue un trabajo interministerial con las carteras de Minería y de Agua, Energía y Medio Ambiente. En marzo de 2024, la Corte de Justicia dictó sentencia en una acción de amparo ambiental que fue iniciada por el cacique Román Elías Guitían en el año 2021. El máximo tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada y ordenó que la Provincia se abstenga de otorgar nuevos permisos y/o autorizaciones en la zona, hasta que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral”

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