Salta: detenidos de San Carlos denuncian brutalidad policial y tratos inhumanos

La semana pasada, en el paraje El Barrial, departamento de San Carlos, se realizó un operativo de desalojo que terminó en una denuncia por violencia institucional tras los aberrantes tratos a los desalojados por parte de la policía de San Carlos.

Rodrigo Condorí y Carlos Guanca, pertenecientes a la comunidad originaria Condor Huasi de San Lucas y productores apícolas, fueron detenidos tras ser acusados de un ataque “con abejas” a los efectivos policiales. La sorna con la que se replicó esta versión en medios nacionales contrasta y tapa las graves denuncias de familiares y testigos sobre el trato inhumano que sufrieron los detenidos y de las que Nuevo Diario se hizo eco desde el principio de esta situación.

Todo sea por que se haga justicia “

En diálogo con Nuevo Diario, una familiar de Condorí, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, narró a voz quebrada los abusos sufridos por su hermano y tío. “Rodrigo recibió golpes en la cabeza, lo patearon mucho. Tiene fractura de nariz, mandíbula desplazada y no puede respirar bien ni masticar. Fue sacado inconsciente de la casa de una vecina, tirado en una cajuela y llevado a la comisaría. Allí lo siguieron golpeando”, relató.

La fuente confirmó que los detenidos permanecieron incomunicados hasta el jueves pasado y estuvieron durmiendo en el piso, sin atención médica adecuada. A pesar de las lesiones visibles, como el compromiso del ojo de Guanca y las fracturas de Condorí, solo recibieron atención superficial. “Un médico firmó un parte como si todo estuviera bien. Pero Rodrigo necesita cirugía, y Carlos tiene costillas comprometidas. No sabemos si hay fisuras porque no los revisaron”, agregó.

Un caso distorsionado por la versión oficial

El operativo de desalojo, ordenado en el marco de un juicio de interdicto promovido por la hermana del esposo de la intendenta local, se ejecutó con una fuerte presencia policial. Testigos y familiares denunciaron que el procedimiento incluyó destrozos en las propiedades y la expulsión violenta de los ocupantes. “Mi madre grabó todo. La policía tiró sus pertenencias a tres kilómetros de la finca. Mi abuelo, un niño con discapacidad y una vecina que intentaron ayudar también sufrieron agresiones”, describió la familiar.

La acusación de un “ataque con abejas”, calificada por los familiares como “ilógica”, fue ampliamente difundida por los medios nacionales. Sin embargo, los relatos locales explican que las abejas reaccionaron al ruido de los disparos y el caos generado por los efectivos, ya que los detenidos son apicultores y tienen colmenas en el lugar. “Ellos distorsionaron todo. Dicen que somos agresivos, pero nunca nos dejaron defendernos. Las abejas actúan por instinto, no porque alguien las dirija”, expresó.

Temor a más desalojos

La familia y la comunidad de San Carlos, vienen organizado desde el jueves pasado, sucesivas marchas tanto en la misma ciudad como en Cafayate, para exigir la inmediata liberación de los detenidos y visibilizar la violencia ejercida durante el operativo. Denuncian asimismo y con gran preocupación, que hasta ahora ningún representante local, ni intendentes, senadores ni diputados, se han acercado a ofrecer apoyo o soluciones.

“Nos trataron como delincuentes. Mi hermano y mi tío no tenían armas ni se resistieron. Solo pedimos justicia, que se los asista como corresponde y que no se repitan estos abusos”, concluyó la familiar que lanzó una alerta sobre este tipo de situaciones que serían moneda corriente en la zona, y que podrían esconder intereses desde grandes sectores para con las grandes extensiones de terrenos de propiedad ancestral de comunidades originarias. A eso se le suma el hecho de que San Carlos todavía carece de división catastral.

El caso refleja una preocupante situación de desamparo para las comunidades de la región, quienes temen que episodios de este tipo se intensifiquen. Además, pone en evidencia la falta de humanidad en los procedimientos policiales y la desinformación utilizada para deslegitimar los reclamos de los afectados.(n.d.)