Salta – Orán - Narcocriminalidad : Fiscales requieren el procesamiento y prisión preventiva del juez Reynoso por beneficiar a narcos a cambio de coimas

Desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) se informó a COPENOA que los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias requirieron la prisión preventiva del juez federal Raúl Reynoso a efectivizarse una vez que sea apartado de su cargo. Asimismo solicitaron embargos por 30 millones de pesos.

Recordemos que en la escandalosa causa penal se investiga el presunto funcionamiento ,dentro del juzgado federal de Orán, de una asociación ilícita ,que lideraría el juez Reynoso, dedicada a beneficiar a acusados en delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes a cambio de dinero y/o dádivas.

Luego de que la Cámara Federal rechazara una serie de planteos, Reynoso prestó declaración indagatoria el pasado 18 de noviembre, ocasión en que realizó un rechazo general de los hechos que se le imputan.

De acuerdo a la presentación de los fiscales, la confrontación de los descargos efectuados tanto por el magistrado como por el resto de los imputados durante la indagatoria con las pruebas reunidas en el expediente revela “severas contradicciones” que otorgan certeza a las acusaciones.

Llamadas telefónicas incriminantes

Entre las pruebas existen gran cantidad de llamados telefónicos entre Reynoso y las personas que actuaban de intermediarios, algo que había sido desconocido por el magistrado. “La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con G. más de cuatro veces- y las llamadas efectivamente constatadas en el expediente, más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión”, consignaron los fiscales.
Asimismo, los testimonios de empleados del juzgado identifican a los letrados acusados de intermediar como los que con mayor asiduidad ingresaban al despacho de Reynoso, e incluso apuntaron que “las causas de esos abogados se movían más rápido”.

Modus operandi

El análisis de las irregularidades detectadas permitió delimitar un modus operandi donde el juez Reynoso imputaba en un principio un concurso delictual con una escala penal alta con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara el soborno y, una vez recibido el pago, modificar la calificación legal o dictar la falta de mérito sobre algunos ilícitos de tal forma de permitir su excarcelación.

Expresan los fiscales : “Ha quedado cabalmente demostrado que el Juez Federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737, exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal”

Prisión preventiva

A la hora de fundamentar el pedido de prisión preventiva para los acusados, el requerimiento fiscal destaca la gravedad de los hechos imputados, al tiempo que enumera una serie de graves riesgos procesales. Se resalta el hecho de que Reynoso –como único juez federal de Orán- se encuentra aún en sus funciones, razón por la cual existen posibilidades ciertas de que la libertad de los restantes integrantes de este “aparato de poder contribuya a entorpecer el curso del proceso”. La presentación destaca además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el riesgo de presión sobre los testigos es un justificativo legítimo para ordenar la prisión y que en la investigación en marcha, varios de los empleados del tribunal han señalado en sus testimonios el temor a represalias por parte de Reynoso.
Respecto al magistrado, los fiscales Villalba e Iglesias manifestaron que corresponde en esta instancia el dictado de la prisión preventiva, que no deberá hacerse efectiva hasta tanto no sea separado de su cargo (conforme a lo previsto por el art.1 de la ley 25.320).

Embargo Millonario

Por otra parte , los fiscales informaron a COPENOA que solicitaron embargo con fines de decomiso de bienes por 30 millones de pesos, monto estimado a partir del cálculo del dinero y/o dádivas que habrían sido abonados a la organización criminal que encabezaría el juez Reynoso, al igual que los bienes secuestrados que fueron devueltos a los imputados en las doce causas en las que se investigan irregularidades en la actuación del magistrado de Orán .

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