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"Pagar la luz o comer", el dilema de las familias tucumanas

En los últimos días decenas de protestas en el interior y la capital expresaron el rechazo al aumento de la boleta de luz. Más de 50 mil usuarios del servicio presentan inconvenientes para pagar la factura.

27 de marzo de 2019

Un verdadero estallido de bronca recorre la provincia y en diez ciudades los vecinos se manifestaron frente a las sucursales de EDET con las boletas en la mano. En Monteros, Alberdi, Famaillá, Tafí Viejo, Bella Vista, Concepción, Banda de Río Salí, Los Ralos y en la capital.

Intentando aplacar los ánimos el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debbo declaró en la jornada de ayer que estaban buscando arribar a un acuerdo con la empresa para que otorgue formas de pago y de un plazo de 10 días para revisar la facturación de los usuarios que reclamen. Como si se tratara de un representante de la empresa, el funcionario justificó el incremento diciendo que “es el precio que hay que cobrar” y agregó un nuevo elemento al dilema de las familias trabajadoras: la compra de los útiles escolares para el inicio del año lectivo. “Marzo es un mes crítico, por el inicio de clases (por eso) la gente nota más la diferencia”, sostuvo. Avalando el aumento, Juri naturaliza que a la disyuntiva “comer o pagar” se le sume “mandar los hijos a la escuela”.

La respuesta no se hizo esperar, y nuevamente hoy se desarrollaron movilizaciones en varias ciudades. Denuncian que 160.000 usuarios han quedado sin la tarifa social y exigen a los legisladores la aprobación de una ley de emergencia tarifaria. Señalan que el supuesto “plan de pago” que ofrece EDET es un mecanismo ya existente donde el “pago parcial” (sólo consumo) debe concretarse en el momento para impedir el corte del servicio y la segunda parte se suma a la siguiente boleta, generando un callejón sin salida para los usuarios ya que indefectiblemente se verían nuevamente imposibilitados para pagar.

Las declaraciones del gobernador Manzur tampoco son convincentes. Siendo de los funcionarios más ricos del país, intentó mostrarse “conmovido” pero la realidad es que a nivel provincial traslada los tarifazos también al transporte y al servicio del agua.

“Estamos hartos que los funcionarios nos hablen como si de verdad supieran lo que es no llegar a fin de mes o vivir pendientes de la fecha de corte de los servicios. Ellos tienen sueldos de lujo y cada vez que las empresas lo requieren, les aprueban todo tipo de aumentos”, sostuvo Alejandra Arreguez del PTS en el Frente de Izquierda.

Sobre la responsabilidad política del oficialismo local la referente señaló que: “En la disyuntiva que nos plantean los empresarios y sus políticos siempre somos los trabajadores los que tenemos que pagar sus ganancias. Manzur responsabiliza al Gobierno de Macri, Macri responsabiliza al gobierno anterior. Pero ninguno está dispuesto a cuestionar que la privatización neoliberal de los servicios públicos es un negocio millonario que sostuvieron todos los gobiernos a costa de nuestros bolsillos. ¿Qué hicieron estas empresas con los subsidios millonarios que recibieron durante el kirchnerismo? Exigimos que abran los libros contables, que rindan cuentas. Los servicios elementales no pueden ser una fuente de lucro. Desde el Frente de Izquierda planteamos que la única salida de fondo es la estatización bajo control de los trabajadores y usuarios”.

Por su parte, Mercedes Lizondo, referente de la agrupación docente Marrón, señaló: “Es vergonzoso que en esta situación los sindicatos sigan mirando al costado y no convoquen a un plan de lucha serio y un paro para tirar abajo el ajuste y los tarifazos impuestos por Macri, el FMI y aplicados por todos los Gobernadores como Manzur. Hace pocos días salió en todos los diarios que nuestra provincia tiene los más altos índices de trabajo en negro. Crece la pobreza y la desocupación y se siguen beneficiando a los empresarios de siempre. Para pararles la mano tenemos que salir a las calles, como lo hicimos siempre los docentes junto a nuestros alumnos y a la comunidad. Llamamos a todas las organizaciones gremiales y los centros de estudiantes a ponerse a la cabeza de enfrentar estos ataques, convocando asambleas en los lugares de trabajo y estudio y coordinando un plan de lucha para que no seamos de nuevo las familias trabajadores las que paguemos la crisis que ellos generaron”. (LID)

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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