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¿No hay ajuste? Los salarios cayeron entre 5 % y 10 % en el último año

Según un reciente informe, la mitad de los asalariados registrados están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Sólo herencia macrista? El ajuste a los estatales y las prioridades de gobierno.

27 de noviembre de 2020

Según un reciente informe, la mitad de los asalariados registrados están por debajo de la línea de pobreza. Un dato fuerte, pero que no sorprende.

El informe lo elaboró IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) y reveló que a pesar de tener un empleo formal, los ingresos del 50% de los trabajadores registrados no alcanzan el valor de la Canasta Básica Total.

Este valor (que determina la "línea de pobreza") alcanzó los $ 50.000 para una familia en octubre, de acuerdo al Indec. Si se contrasta con los datos salariales que releva el Ministerio de Trabajo (es decir, del salario privado registrado), se llega a que el 50 % de los trabajadores tiene ingresos por debajo y el otro 50 % está por encima.

Pero además, el informe demuestra un preocupante deterioro: “mientras que en el año 2000 la mediana del salario era un 15 % superior a la línea de pobreza, en el año 2020 pasó a ser apenas 6% superior”. Esto quiere decir que "en lo que va del presente siglo hubo un fuerte deterioro de la capacidad adquisitiva del salario en el sector formal".

Ni móvil ni vital, pero sí muy mínimo

Una de las principales pautas de negociación salarial y referencia de la regulación laboral es el establecimiento del salario mínimo. Al respecto, en el último año, a pesar de la incesante inflación, no hubo actualización hasta avanzado el mes de octubre, en donde se resolvió fijar los siguientes aumentos:

Octubre: $18.900
Diciembre: $ 20.587,50
Marzo 2021: $ 21.600

Se supone que con ese ingreso de un trabajo a tiempo completo alcanza para adquirir los medios de vida de un mes entero. Sin embargo, la línea de pobreza alcanzó en octubre a más del doble de su valor, como reflejamos arriba.

Y peor aún es su nivel relativo si se considera el valor de la Canasta de Consumos Mínimos que elabora la Junta interna de ATE-Indec, que alcanzó $ 76.500 en octubre, para un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar. Este valor se compone de $ 25.729.- necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 50.778,50.- para acceder a otros bienes y servicios básicos.

“Ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado es este ejercicio”, afirman los trabajadores del Indec. Lo cierto es que la mayoría de los trabajadores perciben mucho menos.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Una de las explicaciones que enarbola el oficialismo es que llegamos a esta situación por la “herencia” de Macri. Es cierto, con el macrismo, y en especial desde el año 2017, el salario real tuvo un franco deterioro al calor de la crisis de deuda y la escalada de precios, ante la pasividad y complicidad de las conducciones sindicales que acordaron salarios a la baja sin medidas de lucha serias.

Pero esta no es la única explicación. ¿Qué pasó el último año, bajo el gobierno de Alberto Fernández?

Si se mira al sector que está registrado, en septiembre de este año los salarios están por debajo de septiembre del año pasado (-0,4%) y 14 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2016, con una caída en picada desde que comenzó la pandemia. Si bien hubo una leve recuperación a inicio de año producto de los aumentos fijos de $ 4.000 por decreto (que no todxs percibieron), posteriormente los aumentos nominales fueron devorados por la inflación y la ausencia de nuevos reajustes.

En el último año, tomando la evolución de los índices de salario de Indec para los registrados, la pérdida es de 5 puntos en un año para el sector privado y 10 puntos para el sector público en agosto. Pero desde ahí en adelante, la situación no anticipa mejoras, más bien se espera una profundización de la caída por la inflación, que fue de 2,8 % en septiembre y 3,8 % en octubre.

A largo plazo, un análisis de la serie de trabajadores registrados y estables (Ripte) muestra que estamos en torno a niveles de poder adquisitivo equivalentes a un promedio de los años ´90.

En una entrevista reciente que hizo el economista Gastón Remy, el Coordinador del Observatorio del Derecho Social, Luis Campos, dijo que no hay que mirar sólo los índices, que ya son malos, porque la pérdida de ingresos abarca otros conceptos que no se ven, como por ejemplo, las horas extra, viáticos, entre otros. Se trata de un doble, y hasta de un "triple ajuste" en los ingresos de los asalariados.

Robo a los estatales: "por casa" no hay forma de tapar el ajuste

Si a la pérdida que obtuvieron los trabajadores del sector privado el Gobierno puede mirar para un costado, a pesar de la enorme convalidación de estos ajustes (con la negociación del salario mínimo, el aval a las suspensiones con rebajas salariales, etc.) por parte del Ministerio de Trabajo, no puede desligarse de responsabilidad directa en lo que a los salarios del sector público refiere.

En un año con inflación anual que va a terminar en torno a 35 % o más, según expectativas y analistas, la paritaria de los salarios públicos nacionales fue de apenas un 7 %.

Los trabajadores de la Junta Interna ATE Indec calculan que el salario estatal de la Administración Pública Nacional (APN) está un 36,2 % por debajo de lo que podía comprar en noviembre de 2015 y que en el último año (desde agosto de 2019) la pérdida salarial acumulada equivale a unos 115 mil pesos.

Esto es así para el caso testigo de un salario de SINEP $ 33.886 -incluyendo $4.000 de suma fija a cuenta de paritaria futura-. Para salarios superiores, la pérdida acumulada es lógicamente mayor.

En un cálculo rápido, y teniendo en cuenta que hay 193 mil trabajadores de la APN (y que el macrismo lo redujo en 44 mil), el “ahorro” que hizo el Estado a base de recortar salarios públicos contra la inflación en estos 12 meses, habría rondado los $ 22.000 millones o más.

Este ajuste salarial, que se suma al recorte de $ 72.000 millones a los jubilados por la suspensión de la movilidad, va en dirección contraria a las erogaciones para los pagos de deuda. Sólo en 2020 se habría pagado en concepto de intereses arriba de U$S 5.000 millones. Y al FMI se le pagaron unos U$S 624 millones, más del doble de lo que se recortó en salarios estatales.

Al mismo tiempo, esta pauta salarial del sector público actúa como una referencia "validada" para las negociaciones del sector privado.

Adscribirse a las reglas de juego que imponen los capitales financieros y el régimen del FMI tiene sus consecuencias. Se trata de prioridades y se trata de ajuste, aunque muchos intenten negarlo.

Suponer que es posible validar y renegociar toda la deuda externa, orientando la economía a tal fin, al mismo tiempo que mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales quedó demostrado que es tan sólo una ilusión. Ante las pretensiones del Gobierno de arribar a un nuevo acuerdo con el FMI que condene al país al sometimiento por 10 años y reformas estructurales, es necesario levantar otra salida que comience por el desconocimiento de la deuda ilegítima y avance en medidas de fondo contra la crisis en pos de los intereses de la clase trabajadora. (LID) Por Lucía Ortega

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