Motosierra. Hubo un 43 % menos de nuevos jubilados de Anses en el primer trimestre, tras el veto de Milei a la moratoria

Los datos son alarmantes en relación a años anteriores, cuando regía el plan de moratoria que el Gobierno decidió no prorrogar. Es fundamental continuar apoyando a los jubilados que cada miércoles en Congreso se movilizan en defensa de sus derechos y de las luchas en curso.

El primer trimestre de este año, la cantidad de nuevos jubilados cayó un estrepitoso 43% respecto del mismo período de 2025, según un análisis de la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.. Esta cifra es el resultado directo de una decisión política criminal que decidió poner fin a las moratorias previsionales, dejando a la intemperie a quienes sostuvieron el país con su esfuerzo.

Durante los primeros tres meses de este año, apenas 52.192 personas lograron acceder al régimen jubilatorio. Si comparamos este número con el primer trimestre de 2024, la caída es todavía más dramática, alcanzando un 55% de retroceso en el acceso a un derecho que debería ser universal. Este derrumbe tiene nombre y apellido: es el plan de ajuste de Milei, que optó por vetar la ley que disponía la extensión por 2 años de la moratoria previsional, una normativa que permitía a quienes no llegaban a los 30 años de aportes regularizar su situación mediante descuentos en sus haberes.

De esa forma, el Gobierno cerró la puerta en la cara a cientos de miles de personas que, tras una vida de trabajo, se encuentran con que el Estado les exige requisitos imposibles de cumplir en un país donde la precariedad es la norma y no la excepción. Si se observa la radiografía del trabajo en Argentina, la informalidad es un rasgo estructural que se profundiza bajo el modelo libertario. Según los datos del Indec, la informalidad laboral ya alcanza al 43% de la población ocupada, lo que representa a más de 9 millones de trabajadores excluidos de derechos básicos como la salud y, fundamentalmente, los aportes jubilatorios. Hoy, más de un tercio de los asalariados no está registrado y, entre los cuentapropistas, casi dos de cada tres se desempeñan fuera del sistema, en condiciones de mera subsistencia. Es un círculo vicioso perfecto diseñado por el capital: las patronales precarizan hoy para maximizar ganancias, y el Estado castiga mañana a esos mismos trabajadores negándoles la jubilación por no tener aportes que sus empleadores nunca realizaron.

Esta política de exclusión tiene, además, un sesgo de género y de clase que no podemos pasar por alto. Las mujeres presentan niveles de informalidad superiores a los varones, alcanzando un 44,5%, y son ellas quienes históricamente han dependido de las moratorias para ver reconocido no solo su trabajo en el mercado informal, sino también las tareas de cuidado que el capitalismo invisibiliza. Sectores como el servicio doméstico, con un nivel de informalidad que roza el 80%, o la construcción, con un 73,8%, son verdaderas fábricas de futuros excluidos del sistema previsional. Al vetar o dejar morir las prórrogas a las jubilaciones, Milei está condenando a estas mujeres y hombres a la miseria o a la dependencia de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que apenas representa el 80% de una jubilación mínima ya de por sí insuficiente y que, para colmo, no genera derecho a pensión para el cónyuge, rompiendo el principio de solidaridad familiar ante el fallecimiento.

Cabe señalar que, como si el cierre del acceso al sistema no fuera suficiente, quienes logran sortear las barreras impuestas se encuentran con montos que apenas garantizan una subsistencia precarizada. En abril de 2026, el haber mínimo jubilatorio se fijó en unos insuficientes $380.286,25, una cifra que solo llega a los $450.286,25 si el Ejecutivo decide mantener la discrecionalidad del bono de refuerzo. Este ajuste, basado en un incremento del 2,9% correspondiente a la inflación de febrero, llega con un rezago que ignora la urgencia de los estómagos: mientras los haberes se actualizan a cuentagotas, rubros básicos como vivienda y servicios públicos treparon un 6,8%, y los alimentos un 3,3%, golpeando con saña el bolsillo de los adultos mayores. Para aquellos que el sistema condena a la PUAM por no alcanzar los 30 años de aportes —el destino de miles tras el fin de las moratorias—, el escenario es todavía más duro, percibiendo apenas $304.243,19. A esta realidad hay que sumarle otro aspecto del ajuste: el desfinanciamiento al PAMI, la obra social que atiende precariamente la salud de la tercera edad.

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Es una falacia del discurso libertario sostener que la flexibilización laboral y el fin de estas "moratorias" fomentarían el empleo registrado. La experiencia reciente demuestra lo contrario: mientras se recortan derechos previsionales, el trabajo formal no se expande y lo único que crece son las formas más precarias de inserción laboral. El ajuste no está yendo contra la "casta", sino contra el trabajador que en su juventud fue explotado en negro en una obra en construcción o en un comercio, y que hoy, al llegar a la edad de retiro, el Estado le dice que su trabajo no valió nada porque no hay un registro contable que lo avale. La magnitud del problema es tal que se estima que unas 220 mil personas podrían haberse jubilado si se hubiera mantenido la vigencia de la ley que Milei decidió sepultar, un número que representa una mínima fracción del PBI (apenas un 0,08%) pero que para esas familias significa la diferencia entre la dignidad y la indigencia.

Incluso las herramientas que aún quedan vigentes, como la ley 24.476, son trampas burocráticas que se vuelven cada vez más restrictivas, ya que solo permiten regularizar períodos previos a octubre de 1993, una fecha que queda cada vez más lejos de la realidad de los nuevos jubilables. El sistema parece estar diseñado para que nadie entre. Mientras tanto, el Gobierno se jacta de un equilibrio fiscal logrado sobre el hambre de los viejos. En marzo de este año, el 68,2% de todas las jubilaciones pagadas por la Anses incluían alguna moratoria, lo que demuestra que, sin estos mecanismos, el sistema previsional argentino simplemente colapsaría en su función social. El hecho de que el 90% de quienes cobran la mínima hayan necesitado una moratoria para jubilarse es la prueba más contundente del fracaso de un mercado laboral que el actual Gobierno pretende profundizar mediante la precarización.

La situación de la juventud hoy es el espejo del desastre previsional de mañana. Con un 58,4% de los jóvenes de hasta 29 años trabajando en la informalidad, el modelo de Milei está sembrando una bomba de tiempo social. Si hoy se cierran las moratorias, ¿qué destino les espera a estos jóvenes que pasan sus años de mayor productividad sin realizar un solo aporte porque el sistema los obliga a la precariedad? La respuesta del Gobierno es el silencio o la represión del malestar social que crece.

La lucha por la prórroga de las jubilaciones, el fin de la precariedad laboral y contra la reforma laboral que ataca derechos históricos es, por lo tanto, una sola. Por eso, los jubilados que cada miércoles se movilizan en Congreso cobran cada vez más apoyo popular y ya se convirtieron en un emblema de resistencia contra las políticas de Milei y sus cómplices. Apoyarlos a ellos hoy y expandir su reclamo es también pelear por todos nuestros derechos, por el futuro y por una vida que merezca ser vivida. (LID) Por Leire Vila