Desde hace varios días, decenas de personas con discapacidad y sus familiares permanecen haciendo fila -incluso de noche- en la vereda de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, ubicada en Belgrano 570, en pleno centro salteño. El motivo: intentar renovar sus pensiones no contributivas por discapacidad, un trámite clave para mantener el único ingreso con el que muchos subsisten.
La escena se repite jornada tras jornada: sillas plegables, mantas, termos y malestar acumulado. Personas que llegan desde barrios periféricos o desde localidades del interior provincial aguardan desde la madrugada, sin certezas y en medio de la angustia. "Desde el viernes que vengo y no me atienden", denunció una vecina visiblemente afectada.
La sede en cuestión cuenta con apenas dos empleadas y un horario de atención reducido de 8 a 13 horas, claramente insuficiente para la alta demanda. El trámite en cuestión -obligatorio para conservar la pensión- implica acreditar nuevamente la condición de discapacidad, aunque muchas personas aseguraron que no fueron notificadas oficialmente y se enteraron por escuelas terapéuticas o mensajes informales.
El monto mensual de la pensión equivale aproximadamente al 70% del salario mínimo, es decir, apenas llegaría a los $200.000, y representa en muchos casos el único sustento del núcleo familiar.
Los afectados reclaman una reforma urgente del sistema de atención, con la implementación de turnos previos, más personal capacitado y un trato digno y humano. "Esto es humillante. Estamos peleando por un derecho básico", expresó otra de las mujeres que lleva días sin lograr ser atendida.
La falta de respuestas y la desorganización provocaron escenas de tensión y malestar entre los presentes, en una situación que visibiliza el abandono estatal hacia uno de los sectores más vulnerables.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte del organismo ni del Gobierno nacional respecto a la situación en Salta. Desde organizaciones sociales y colectivos de discapacidad evalúan presentar reclamos formales y exigir una solución inmediata que garantice la atención a todas las personas afectadas sin que deban soportar largas esperas, incertidumbre ni maltrato.(tintero)
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