Más de 700 dias de paro: la lucha a fondo de los Docentes Autoconvocados de Salta

La huelga por tiempo indeterminado en reclamo por salarios dignos se convirtió en una denuncia abierta y valiente contra los entramados de corrupción que afectan al sistema educativo salteño y que se traducen en pésimas condiciones laborales

Infraestructuras deficientes y peligrosas en las escuelas, falta de recursos básicos como agua se suman a situaciones que impactan directamente en la educación y seguridad de los niños como la falta de mantenimiento, pozos ciegos peligrosos y aulas con riesgo de derrumbe. A pesar de los sumarios, los descuentos y las cesantías, los docentes continúan la lucha denunciando la inacción del gobierno y la complicidad gremial. Por Corresponsal popular para ANRed

Paros y sumarios

El conflicto empezó en mayo de 2023 con un paro masivo por reclamos salariales y mejores condiciones educativas. Surgieron divisiones entre los docentes cuando se filtraron informaciones sobre acuerdos entre algunos delegados de las asambleas docentes y el gobierno; a partir de ahí un grupo de 500 docentes autoconvocados presentó un amparo judicial.

Para presentar el amparo se hizo una investigación exhaustiva de los arreglos del gobierno salteño con algunos delegados docentes y se presentó evidencia contundente ante la justicia, como audios donde el vicegobernador daba instrucciones sobre las reuniones y docentes afines explicaban cómo infiltrarse en las asambleas. Finalmente el amparo fue rechazado y los docentes autoconvocados no adhirieron al acuerdo; decidieron continuar la lucha al margen de los gremios tradicionales como ADP con un paro por tiempo indeterminado en las plazas principales de las ciudades de Salta y Tartagal.

En enero de 2024 les iniciaron sumarios administrativos a 127 docentes que aún continuaban en huelga. Algunos docentes que continuaban con la medida de fuerza habían sufrido la suspensión total de sus sueldos.

Valentín y el estado de las escuelas

Los docentes enfatizan que su reclamo no es solo salarial, sino que incluye la infraestructura de las escuelas como un punto fundamental de su petitorio.

Los docentes autoconvocados que acamparon en la plaza principal de la ciudad de Salta buscaban visibilizar el estado de muchas escuelas del interior de la provincia: peligro de derrumbe en las aulas, baños que se están hundiendo debido a pozos ciegos viejos, presencia incluso de pozos ciegos debajo de los juegos infantiles y la caída de mampostería en un aula que en ese momento estaba vacía.

En zonas rurales a veces los docentes tienen que pasar toda la tarde sin ir al baño porque los sanitarios están cerrados o no funcionan, o no hay agua, lo que obliga a los alumnos a regresar a sus casas. En esas situaciones los docentes incluso deben recurrir al monte para hacer sus necesidades.

Además de denunciar la ausencia del Estado para cubrir necesidades básicas de infraestructura y mantenimiento, también denuncian que no reciben respuestas a pesar de los informes enviados a los directivos sobre los problemas edilicios.

En junio de 2024 ocurrió una tragedia en una escuela salteña; tres niños cayeron a un pozo ciego en la Escuela 4381 Nevado de Acay de la localidad de La Poma. Los niños se encontraban en el recreo y cayeron luego de que cedió la capa de cemento que tapaba el pozo. Valentin Guzmán de 11 años murió en el acto.

Corrupción; el gobierno y los gremios

La ministra de educación de Salta, Cristina Fiore, que impulsó los sumarios contra los docentes, había sido acusada por negociados con el alimento para las escuelas a través de un contrato millonario con abogados ‘amigos’ de Bs.As. Es señalada también por el caso de Valentín ante la falta de responsables y soluciones a pesar de los informes previos sobre la peligrosidad de pozos ciegos en otras escuelas.

El ministerio, además, no contesta los pedidos de informes que le requiere la Fiscalía en la causa que investiga la muerte de Valentin. En esta causa se investiga también el ofrecimiento de 200.000$ a la familia de Valentin por parte de funcionarios provinciales y municipales. Si bien desde la Gobernación explicaron que era para cubrir gastos fúnebres, la familia interpreta que intentaron silenciar el reclamo.

Hay otras denuncias de corrupción en las escuelas en torno al alimento para los niños, como el caso de la escuela Ejército Argentino a la que asisten niños de comunidades wichis que se encuentra en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 86. Un vecino denunció que a los alumnos se les preparaba comida con carne picada de burro. Las primeras investigaciones sugieren que la institución lo hacía para apropiarse de los fondos y la carne que donaba la empresa DESDELSUR a través de la fundación El Fortín.

Respecto a los gremios, durante 2024 una ex secretaria del ADP (Patricia Argañaraz) y la tesorera (Marita Cerezo) fueron procesadas y condenadas a 7 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas.Se apunta contra ADP también por tener un ‘kiosquito’ con el gobierno salteño a través del coseguro del IPS (obra social provincial), que ofrece un pésimo servicio a pesar de los altos descuentos a los docentes. Se cuestiona además al secretario general de ADP, Fernando Mazzone, por haber incluido a la tesorera Cerezo en su lista para las elecciones de 2022 cuando ella ya estaba imputada por administración fraudulenta. Mazzone, incluso, es quien habría avalado los sumarios de los docentes autoconvocados.

Docentes cesanteados

Los docentes que habían sido sumariados presentaron su defensa en el proceso administrativo en el que varios directores fueron llamados a declarar. El fiscal emitió un dictamen aconsejando el despido de los docentes, y la Junta Calificadora también se pronunció en el mismo sentido. A pesar de que algunos volvieron a las aulas por necesidad económica, muchos continúan la protesta.

En enero de este año 116 docentes de diferentes localidades fueron notificados de su cesantía. Algunos habían regresado a trabajar en julio de 2023 pero igualmente fueron sancionados. Ahora buscan vías legales para revertir estas medidas, representados por el abogado Sergio Heredia.

Los docentes autoconvocados habían sufrido, además, el desalojo ilegal de los acampes que mantenían en las plazas principales de Tartagal y la ciudad de Salta para visibilizar el reclamo; en un operativo nocturno y sin orden de desalojo efectivos policiales se llevaron las carpas y todas las pertenencias de los docentes.

El pasado 19 de mayo el Ministerio de Educación denegó los recursos de reconsideración interpuestos por los docentes cesanteados “por inadmisibilidad formal” y resolvió la aplicación de la sanción de cesantía por inasistencias injustificadas durante el período lectivo 2023 (momento en que se inició el paro). Ese mismo día, tras conocer esta noticia, una docente de la localidad de Embarcación decidió quitarse la vida arrojándose al río desde un puente. Fue rescatada por dos pescadores de la zona. (ANRed)