La Cámara Federal ordenó investigar a Cristina Fernández

Lo resolvió la Sala II. Ratificó el procesamiento de Lázaro Báez e intimó al juez Sebastián Casanello a avanzar en la investigación sobre la relación entre el empresario y la ex presidenta.

Con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Sala II de la Cámara Federal, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez por las causas vinculadas al lavado de dinero, al tiempo que ordenó al juez federal Sebastián Casanello avanzar en la investigación sobre los funcionarios nacionales ligados a Báez.

Según informa el sitio del Centro de Información Judicial, la resolución firmada por los jueces señala, entre otras cosas, que “la investigación sobre la procedencia de esos bienes –en relación a los bienes de Baéz, NdR) no puede ser desligada de la circunstancia de que “sus empresas fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas, solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación”.

Agrega el sitio además que “es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

Con esa resolución la Cámara ordena a Casanello avanzar en investigar a la ex presidenta. Como se había informado, ese juez federal había dado por “cerrado” el circuito del dinero por el que está procesado Lázaro Báez.

La cámara, con esa resolución lo obliga a avanzar en la investigación hacia quienes ocuparon el poder político durante más de una década.

En la resolución se señala, además, que los jueces “dedicaron un apartado a precisar formas de lograr que la instrucción avance ordenadamente, buscando formas novedosas para coordinar con investigaciones por ahora a cargo de otros jueces (“Hotesur”, Denuncia de la Diputada Carrió contra Néstor Kirchner y otros por asociación ilícita, etc.) y que todas avancen sostenidamente, previo a eventuales conexidades en la instrucción o la etapa de juicio”.

Todo esto en aras de una mayor “efectividad” en aras de dar respuesta al “reclamo social que procura el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción a cuya investigación el Estado Argentino se ha comprometido ante la comunidad internacional”.

Como resulta evidente, con estas operaciones, la casta judicial pretende relegitimarse. Así como se ha señalado también que la velocidad con la que se operan gran parte es estas causas, está ligada a intentar tapar las consecuencias sociales del ajuste en curso.