Francia. Macron le declara la guerra a los trabajadores franceses con una impopular reforma previsional

El 80% de los franceses está en contra de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones de Macron. Anunciado este martes, el proyecto incluye el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Se trata de una política central del segundo mandato de Macron que va a encontrar una dura resistencia en las calles.

El Gobierno francés lanzó este martes una impopular reforma de las pensiones, la principal medida del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron, y que contempla la extensión de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

Este anuncio, que el liberal Macron definió como "la madre de todas las reformas", augura un periodo de tensión en la calle -los sindicatos ya anunciaron una primera huelga el 19 de enero- y también conflictos parlamentarios. De hecho esta reforma es un buque insignia de Macron que no pudo llevar adelante en su primer mandato, con una importante resistencia en las calles, y por eso busca avanzar ahora. Aunque con un 80 % de los franceses en contra no parece que vaya a resultar tarea fácil.

La primera ministra, Élisabeth Borne, presentó este martes en una larga conferencia de prensa las líneas generales de esta reforma. Con la excusa del déficit en el sistema de pensiones buscan aumentar la edad jubilatoria a niveles que para un sector directamente significa trabajar hasta morir.

El objetivo es que durante el próximo período la jubilación de los trabajadores se vaya retrasando de a tres meses año a año, desde 2023 hasta 2030, donde se habrá completado los 2 años de extensión del período para jubilarse. Así, la primera generación en cuestión, la nacida en 1961 que se prepara para jubilarse en 2023, tendrá que hacerlo finalmente a los 62 años y 3 meses a partir del 1 de septiembre, y la nacida en 1968 tendrá que jubilarse a los 64, acabando la reforma en 2030. La edad mínima de jubilación se retrasa así 3 meses a partir de este año, 6 meses en un año, y todos los nacidos a partir de 1968 tendrán que trabajar al menos 2 años más.

Al mismo tiempo, se amplía el período de cotización; mientras que la ley de Touraine prevé aumentar gradualmente el período de cotización a 43 años para la generación nacida en 1973, esta disposición se aplicará antes: los empleados nacidos en 1965 deberán trabajar durante 43 años para reclamar su derecho a una jubilación plena. Si los años de cotización estuvieran por debajo de ese período, los trabajadores sufrirán la precariedad de una pensión gravada por una serie de descuentos, en proporción al número de trimestres que no hayan podido completar.

Con esta reforma, el gobierno está atacando de frente a todos los trabajadores, y está apuntando principalmente a los más precarios. En efecto, a los 64 años, el 29% de los trabajadores más pobres ya están muertos. Del mismo modo, desgastados por toda una vida de trabajo, la mayoría de los trabajadores saben que no pueden seguir ejerciendo su profesión hasta esa edad. Vincent Duse, un trabajador automotriz jubilado lo resumió así: "después de los 60 años, seguir trabajando en la línea de montaje es un intento de asesinato".

Macron se juega su futuro político con esta reforma, y sabe que la misma suscita un rechazo generalizado en la población. Por eso su objetivo es sacarla adelante lo más rápido posible. A partir del 23 de enero será propuesta al Consejo de Ministros, a través de un proyecto de reforma de financiamiento de la seguridad social, para ser discutido en la Asamblea Nacional a partir del 6 de febrero. De esta forma, el Gobierno quiere evitar largos debates en la Asamblea Nacional, y conservar la posibilidad de utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que habilita al Gobierno a suspender el debate parlamentario y considerar la reforma aprobada a menos que se presente una moción de censura en su contra dentro de las 24 horas, o la limitación del tiempo parlamentario prevista en el artículo 47-1 de la Constitución, cuyo uso es ilimitado para los textos presupuestarios.

Para allanar el camino del debate parlamentario, la primera ministra Elisabeth Borne buscó durante estos anuncios presentar su reforma como fruto de un compromiso. Ha multiplicado así las alusiones a Los Republicanos [partido de la centroderecha del que líder el expresidente Nicolas Sarkozy], con los que cuenta para votar la ley en el Parlamento, y retomado algunas de sus propuestas, en particular sobre una pensión mínima, que se aplicará retroactivamente a los jubilados en activo. Para salir de su aislamiento, el Gobierno también ha buscado con parte de las nuevas propuestas que buscan dar un perfil social a la reforma calmar la oposición de la CFDT, el principal sindicato reformista y conciliador, que había apoyado la reforma de las pensiones de Macron en 2019.

El Gobierno de Macron está decidido a actuar con rapidez y firmeza. Algunas centrales sindicales ya llamaron a una primera jornada de paro interprofesional [de distintos sectores de trabajadores] prevista para el 19 de enero. (LID)