Empresa offshore domiciliada en la casa del ministro Trotta hace contratos con el Estado

QSN SA es una Consultoría sobre Análisis de Medios y Servicios Profesionales, conformada en el 2014 en Miami. El domicilio declarado es la propiedad familiar de Trotta. Una empresa que adjudica contrataciones directas multimillonarias con el Estado.

El pasado 7 de julio, el secretario de Medios Francisco “Pancho’’ Meritello adjudicó una consultoría a través de una Contratación Directa por $5.837.040 a la empresa QSN SA, CUIT 30-70910639-9. Esta información fue publicada el pasado 28 de agosto en el blog El Disenso.

“QSN SA fue registrada en enero de 2005 como Odatech SRL, por Oscar Joaquín Piñeiro y Gabriel Alejandro Velo. En junio de 2006, ambos socios vendieron sus acciones al consultor uruguayo Rafael Ramón Prieto quien más tarde al registrarse como proveedor del Estado, fijó el domicilio legal de la empresa en la vivienda de su socio offshore, el Ministro de Educación Nicolás Trotta” se menciona en dicho blog.

Según el mismo blog cordobés, el 30 de septiembre de 2014 Trotta constituyó en Miami, Florida, la Sociedad de Responsabilidad Limitada Qualitative LLC, junto con Rafael R. Prieto. Su objeto era la Consultoría sobre Análisis de Medios y Servicios Profesionales”.

Según se menciona en El cohete a la luna, y a raíz de la publicación anterior,el presidente Fernández le exigió a Trotta que se presente en la Oficina Anticorrupción, para explicar de que trata la empresa que habita en su domicilio.

Horas agitadas debe estar viviendo el ministro de educación. Las novedades sobre el ministro, no casualmente, se dan en el marco de la renuncia de la viceministra Adriana Puigross, alegando diferencias en cómo se llevaban adelante algunas políticas educativas.

Vale preguntarse ¿La viceministra no sabía qué Trotta podía estar involucrado en esta empresa offshore?

Parafraseando al presidente Alberto Fernandez: “Nadie crea una empresa offshore con fines santos”.

La pandemia desnudó la grave crisis que atraviesa la educación pública desde hace años

Hace unas semanas, el mismo ministro de Educación, expuso los últimos datos de la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica de donde se desprende que el 53% de los chicos no tiene una computadora que pueda utilizar para estudiar, y mantener la continuidad pedagógica en tiempos de confinamiento.

Además y según una encuesta realizada por CTERA en julio de este año el 80% de las/os docentes dedican hoy más tiempo al trabajo que cuando hay clases presenciales . En nivel superior este porcentaje asciende al 87%. Esa misma encuesta señala que “el 29% de las/os docentes no cuenta con ninguna computadora para trabajar desde su hogar.

Los índices sobre falta de conectividad en los estudiantes, van acompañados con el aumento de la pobreza, principalmente entre niños y jóvenes. El 10 % de la población infantil asiste a comedores como estrategia de supervivencia alimentaria. Los niveles de pobreza infantil, que en mayo fueron de 58.6 %, pasarán en diciembre a 62.9%.

¿Qué autoridad tiene Nicolás Trotta para hablar en nombre de la escuela pública? En realidad no tiene mucho que ver con la escuela primaria y secundaria. Es abogado y docente universitario.

Su curriculum detenta que es Egresado de la Universidad de Belgrano y ex rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), creada en 2013, perteneciente al grupo Octubre de Víctor Santa María, secretario general del Suterh, empresario, propietario de medios gráficos y radiales y actual presidente del partido justicialista porteño.

Convenio con la ONG de Soros y la “gobernanza”

Desde el comienzo de su gestión se expresó su “afinidad” por inmiscuir las empresas privadas,ONG y demás yerbas en la educación pública.

En marzo de este año, y según consta en la misma página oficial, el Ministerio de educación celebró un convenio con con Open Society Foundation, de George Soros.

Luego del encuentro con autoridades de esta fundación, el ministro había expresado: “Ha sido una reunión muy productiva y desafiante con los representantes de Open Society porque hemos coincidido en priorizar temas importantes como las políticas universitarias, entendiendo a la universidad como un espacio de defensa y protección de los Derechos Humanos con una mirada nacional, regional y global.

A partir de los 90 la idea de hacer política y abordar los asuntos públicos se ha visto resignificada bajo el concepto de governance (traducido al castellano como gobernanza) donde se plantea una integración entre las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil. Esta amalgama de intereses del mercado en las políticas públicas generalmente va de la mano con la promoción de negocios de empresas privadas y de fundaciones empresariales en áreas que en tiempos pasados estaban reservadas exclusivamente a la gestión estatal.

Hace pocas semanas, otra de las iniciativas de Trottafue impulsar la creación del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación (CNCE) . Este organismo reúne a miembros de la comunidad académica de reconocida trayectoria, a representantes del Ministerio de Educación y del Consejo Federal, del Congreso Nacional y de las organizaciones gremiales docentes, junto a representantes de las principales entidades empresariales.

En representación de las organizaciones de “la producción” participaron Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro (Mesa de Enlace) como representante de las cámaras empresarias del agro; Pedro Fioriliso, presidente del departamento de educación de la Unión Industrial, por las grandes patronales de la industria; Martín Trubycz, ex subsecretario PYME del gobierno de Horacio Larreta, en nombre de la Cámara de Medianas Empresas. Entre los consejeros de la “comunidad académica y científica” aparecen Carlos Torrendel, docente y referente de políticas educativas de la Universidad Católica Argentina; y Alejandra Cardini, Directora del área educativa del CIPPEC. Esta influyente fundación recibió en 2018 más de un millón de dólares como “aporte” de las principales multinacionales y empresas del país, presentándose así misma como una organización que “produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas”.

El CNDE tiene como objetivo “un asesoramiento especializado no vinculante sobre la evaluación y mejora de la calidad de la educación y la equidad en la asignación de recursos. A partir de esta concertación se busca generar “consensos y propuestas” relevantes en materia de política educativa”.

La participación de empresarios del campo e industriales, en el marco de la enorme campaña de la derecha en defensa de la propiedad privada, y el pedido de mayor flexibilidad laboral, nada bueno puede traer para la escuela pública. (LID) Por Jorgelina Esteche / María Díaz Reck