El “ecocidio” continúa a pesar de la ley

La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.

En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.

Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.

Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.

A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.