El Gobierno de Mendoza concretó la venta del 84,9% de IMPSA al fondo estadounidense IAF por 27 millones de dólares. La operación busca garantizar la sostenibilidad de la empresa, que será además capitalizada por el nuevo dueño con una inversión equivalente.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial formalizó este jueves la venta del 84,9% del capital social de la empresa IMPSA, en una operación que marca el cierre de un ciclo iniciado en 2021 cuando el Estado intervino para evitar su quiebra. La transacción fue por un total de 27 millones de dólares y deja a la histórica compañía metalmecánica en manos del fondo de inversión estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF).
La operación incluyó el traspaso de la totalidad de las acciones Clase «C», y se concretó tras un proceso de licitación pública nacional e internacional. Aunque once interesados adquirieron los pliegos, solo IAF presentó una oferta formal. Según lo informado por el Gobierno, la propuesta fue evaluada positivamente por sus antecedentes en el ámbito industrial, y se llevó adelante bajo los principios de transparencia y publicidad.
El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y destaca que la venta busca garantizar la sostenibilidad futura de IMPSA. En ese sentido, el fondo inversor asumió el compromiso de capitalizar la empresa con una suma igual al monto pagado por las acciones, también 27 millones de dólares, que serán desembolsados según un cronograma acordado previamente.
La venta pone fin a la etapa iniciada durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando la Nación y la provincia decidieron capitalizar la empresa para evitar su colapso. En ese entonces, Mendoza aportó 454 millones de pesos y se quedó con el 21,2% del paquete accionario, mientras que la Nación adquirió el 63,7% tras un desembolso de 15 millones de dólares. El resto quedó en manos de acreedores y del fideicomiso familiar de los fundadores, la familia Pescarmona.
La Ley 9576, aprobada por la Legislatura mendocina en 2023, habilitó la desinversión estatal con el objetivo de atraer capital privado. Esa legislación fue clave para que el Ejecutivo pudiera avanzar con la venta, justificada bajo el argumento de sostener la actividad de IMPSA a largo plazo y fortalecer su competitividad en el mercado global.
La formalización del traspaso se concretó el 11 de febrero de 2025, en un acto encabezado por la vicegobernadora Hebe Casado, mientras que el gobernador Cornejo participó de forma remota desde Francia, donde se encontraba en la Expo Wine. La operación representa un giro estratégico para una de las empresas industriales más emblemáticas de Mendoza.
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