Deuda: los lobos de Wall Street presionan por más concesiones

Este viernes vence la cuarta prórroga a la oferta original que el Gobierno presentó a los bonistas. Los acreedores le arrancaron a Martín Guzmán concesiones por USD 10.000 millones, pero exigen más.

Este viernes vence la cuarta prórroga a la oferta original que el Gobierno presentó a los bonistas. Se descuenta que habrá una nueva extensión del plazo, pero tampoco podría descartarse un portazo por parte de alguna de las partes, si lo juzgamos por las declaraciones inflamadas de algunos bonistas en los medios.

Los lobos de Wall Street ya le arrancaron al ministro de Economía, Martín Guzmán nada menos que USD 10.000 millones de dólares adicionales respecto de su planteo inicial. Este monto es lo que representa, en términos de pagos a realizar en la próxima década, la diferencia entre la oferta inicial realizada por el ministro a mediados de abril, y lo que estuvo concediendo desde entonces en las negociaciones.

Respecto de su propuesta inicial, Guzmán accedió a reducir las casi inexistentes quitas de capital que pretendía, aumentó los pagos de intereses, y aceptó reducir el período de gracia por el cual pretendía no pagar (ya el año que viene habría pagos según la última oferta). El ministro accedió además a incluir algunos “endulzantes”, como llaman los acreedores a algunas mejoras adicionales, que convenientemente quedan fuera al momento de contabilizar el valor de la oferta. Estos últimos consistirían en un cupón atado al crecimiento del PBI o las exportaciones, que generaría pagos extra cuando el desempeño de alguna de estas variables supere determinados parámetros. Sería similar al incluido por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en 2005 en la reestructuración de la deuda que entró en cesación de pagos en 2001, y que fueron un negocio extraordinario para los bonistas, que es una de las causas que disparó otra vez el crecimiento de la deuda desde 2005, lo que ocurrió a pesar del llamado desendeudamiento, nombre rimbombante que se dio al acto de usar los dólares del abultado superávit comercial para pagar deuda “serialmente” [1]. El segundo beneficio sería un reconocimiento de los intereses de la deuda “vieja” que no se paguen en este ejercicio 2020, que sería compensado con otro bono a vencer en 2030 que pagaría intereses.

Todo esto llevó el valor de la oferta de Guzmán a un valor representa compromisos de pago que equivalen a un 49,99 % del valor de la deuda que se quiere canjear. Es decir, que el total de pagos que se deberían realizar desde hoy hasta 2117 (cuando vence el bono a 100 años) por los bonos emitidos por Mauricio Macri, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, se reducirían con los nuevos títulos un 50,01 % (todo esto suponiendo una tasa de salida o exit yield de 10 %). Este es el número mágico que Guzmán manifestó que no puede superar, amparándose en un paper del FMI. Pero si sumamos los endulzantes, ya se atravesó ese umbral, y la oferta ronda el 52,5 %.

Si tenemos en cuenta que su primer oferta estaba por debajo del 40 %, podemos darnos una idea de lo que le arrancaron los lobos financieros a Guzmán.

Pero esta libra de carne no alcanzó para satisfacer los apetitos de los financistas. El miércoles, cuando vencieron las cláusulas de confidencialidad que impedían al gobierno argentino o a los bonistas hablar sobre las tratativas, BlackRock salió a manifestar que estaba dispuesto a ir a jucio por la deuda argentina. Los reclamos se tramitarían en Nueva York, en el despacho de la jueza Loretta Preska, que acaba de fallar contra el país en una causa por la estatización de YPF.

Otro grupo de bonistas salió a manifestar que “la propuesta de reestructuración conjunta más reciente de nuestro grupo incluye mejoras significativas a la Argentina que nuestras ofertas anteriores” y que esto “demuestra nuestro compromiso”. Todo dependería de una “decisión política” del gobierno argentino.

Según señalaba en Ámbito el periodista Carlos Burgueño, entre las demandas que persisten por parte de los bonistas, habría dos difíciles de tragar por Guzmán: que se suspenda la cláusula de reasignación, y que el cupón “endulzante” se mida a través del PBI versión Fondo Monetario Internacional (FMI). La primera, se refiere a la posibilidad de agrupar los bonos de tal manera que Economía se asegure alcanzar los umbrales de aceptación requeridos para considerar exitosa la oferta. Esta cláusulal, introducida por Guzmán en la oferta, le permitiría a Economía excluir del acuerdo final a aquellos títulos públicos donde no hay acuerdo y que, por su volumen de rechazo, le impidan alcanzar un porcentaje de aceptación final superior al 75 % que es el necesario para poder canjear con éxito un título, por las Cláusulas de Acción Colectiva que incluyen los bonos. Esto “incluye todos los títulos que están en negociación y le aseguraría a la Argentina que logrando una masa crítica importante (nunca menos de 60%) podría retirar del acuerdo final aquellos bonos en los que no se haya logrado una aceptación alta, e igual presentar ante la Security and Exchange Commission (SEC) un final exitoso en la negociación”, sostiene Burgueño.

La diferencia entre lo que piden los bonistas hoy y lo que ofertó el gobierno no parece sustancial: otros USD 5.000 millones de dólares que debería resignar Guzmán. Pero, a juzgar por el resultado de los últimos dos meses, otorgar nuevas concesiones no asegura un acuerdo, ya que podrían aparecer nuevas rondas de demandas que sigan elevando los costos para el país. Es el precio de negociar al filo del default, habiendo manifestado, como hizo Alberto Fernández, que se está dispuesto a ceder para evitarlo. Los bonistas tienen todas las de ganar, y presionan por más.

Rumbo a un acuerdo ruinoso

Después de haber declarado, en febrero, que los bonistas iban a quedar “frustrados” por la reestructuración de la deuda, Guzmán se prepara a realizar un salvataje en gran escala. Quienes tenían en enero títulos que valían 25 centavos por cada dólar nominal, recibirán títulos que recortan apenas 50 centavos por cada dólar del bono anterior. Si todo sale bien (y los lobos siempre juegan a ganador) el nuevo título tendrá entonces un valor que duplicará los papeles a precio de default que tenían en sus carteras. El “éxito” pírrico que podrá mostrar el gobierno es patear por unos años los pagos de la deuda impagable. Como no hay quita de capital, ni siquiera se reducirá el peso de los pasivos respecto del PBI.

El “alivio” que otorguen los bonistas, será llenado con las pretensiones del FMI. Recordemos que este vino a “salvar” al gobierno de Macri prestándole USD 44.500 millones en un año y medio, acordando un programa que no evitó el empeoramiento de la crisis de deuda que supuestamente venía a resolver, ni evitó un colapso de la economía. Además, contribuyó a aportar recursos para que continuara la fuga de capitales, que siguió después del acuerdo con el FMI al mismo ritmo que antes. Esa plata debería devolverse toda entre 2021 y 2024, algo completamente irrealizable. A cambio de extender plazos, ¿qué podrá pedir el FMI que siempre exige reformas previsionales, laborales, privatizaciones y otras políticas de ese talante? Por mucho que se hable de un “nuevo nuevo FMI” (lo mismo que decían Macri y su ministro Nicolás Dujovne en 2018) será difícil que el directorio (donde se sientan las grandes potencias y EE. UU. tiene poder de veto) se vean inclinados a ser indulgentes con la Argentina.

Este es el significado del acuerdo que propone Guzmán: un país quebrado por los fugadores seriales de capitales (es decir los grandes empresarios nacionales e imperialistas que operan en el país) y los especuladores de las múltiples bicicletas financieras que se produjeron en estos años, exprimido por la deuda, con una economía que arrastra casi una década de parálisis (y 4 de los últimos 5 años con caída fuerte) y que promete seguir en caída al menos hasta 2021, se obligará desde 2023 a retomar, paulatinamente, los desembolsos de una deuda impagable. Esto solo podrá hacerse profundizando, otra vez, el camino del ajuste. El pueblo trabajador será llamado a solidarizarse con los lobos y buitres de Wall Street.

Para esta deuda odiosa, solo cabe el repudio soberano, que no es otra cosa que el rechazo del pueblo oprimido a seguir reforzando las cadenas de la opresión nacional enriqueciendo a los usureros de una deuda fraudulenta mediante el hambre. Debemos movilizarnos por este objetivo que debe ir de la mano de otras medidas urgentes para atacar las maniobras de los especuladores:nacionalizar los bancos y conformar una banca estatal única que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue el crédito que hoy los banqueros retacean, e imponer un monopolio estatal del comercio exterior, que hoy está virtualmente privatizado en manos de 50 empresas que chantejean al país y manipulan sus operaciones con filiales extranjeras. Esta es la única forma de poner fin al ruinoso negocio de la deuda, que los grandes empresarios nacionales aliados al imperialismo quieren perpetuar para llevarse su cuota del saqueo nacional mediante la fuga. Solo así podremos salir del círculo vicioso de la decadencia y el atraso del capitalismo dependiente argentino. (LID) Por Esteban Mercatante

[1] En 2010, cuando se reabrió el canje para los bonistas que lo habían rechazado en 2005, se incluyó también esta zanahoria de los cupones atados al PBI, con el agravante de que el beneficio se otorgó retroactivamente pagos como si hubieran ingresado al canje cinco años antes. Es decir que a quienes decidieron en 2005 rechazar la oferta a la espera de más concesiones, se les otorgó premio adicional.