Denuncian fumigaciones aéreas a solo 20 metros de una comunidad

Provincia afirma que sólo puede actuar si se hace una presentación formal.

Un médico de la zona dijo que ahora no atendió inconvenientes derivados de los agroquímicos, pero recordó el caso de una beba que nació con una deformación en un brazo y lo atribuyó a que su madre estuvo expuesta a estaas sustancias.

Una avioneta pasa rasante por sembradíos de porotos y expulsa un líquido. La distancia del vuelo es de no más de 20 metros de una población.

La descripción es de dos filmaciones realizadas por integrantes de la comunidad wichí Misión Esperanza, una de las tantas poblaciones indígenas establecidas sobre la ruta provincial 53, en la jurisdicción del municipio de Embarcación, en el departamento San Martín. Los videos fueron difundidos en una denuncia pública de la comunidad sobre las fumigaciones con agroquímicos muy cerca de las viviendas.

“Lo que nos separa es la vía (del tren) y la ruta”, dijo a Salta/12 Mario Molina, referente de la comunidad. “Pasa la avioneta y el veneno se desparrama sobre la comunidad”, afirmó.

El referente originario indicó que este año es la primera vez que ven pasar la avioneta, pero el transporte suele recorrer la zona todos los años en ciertas temporadas.

La ley provincial N° 7812 dispone que la aplicación aérea debe hacerse a tres mil metros de zonas urbanas y suburbanas cuando se trata de sustancias más tóxicas, y de 500 metros para las menos nocivas.

Molina recordó que se hicieron denuncias “hace mucho”, cuando las avionetas empezaron a pasar, pero dijo que no recibieron respuesta alguna.

Sostuvo que las avionetas vendrían del campo de Salvador Muñoz en donde se siembra poroto.

“El año pasado no lo sentimos porque fumigaron en la parte del fondo, entonces no llegaba a la comunidad”, dijo.

Funcionarios de la Municipalidad de Embarcación afirmaron que la facultad de control de las fumigaciones es de la provincia. A su vez, en la Secretaría de Ambiente explicaron que si no hay denuncias formales no se puede iniciar ningún procedimiento que involucre una inspección.

Molina se mostró molesto por la desigualdad con la que entendió que trata el Estado a las partes. “Cuando reclamamos nuestros derechos, ellos lo ignoran. Entonces dicen que cometemos un delito cuando protestamos (por ejemplo, con cortes de ruta). Pero cuando hacen la fumigación no pasa nada”, sostuvo.

El médico Rodolfo Franco, que se desempeña en Misión Chaqueña, una de las comunidades originarias de la zona, contó a este diario que en la salita a su cargo no hubo requerimientos médicos por efectos de las fumigaciones.

Sin embargo, contó que hace más de una década asesoró a una mujer de Misión La Esperanza para que hiciera la denuncia contra finqueros de la zona.

Esta mujer trabajaba de banderillera para hacer señales a las avionetas y los agrotóxicos le caían encima. En ese momento estaba embarazada. La niña nació con un muñón en el codo, hasta donde se desarrolló el brazo.

Para el médica, esto habría sido consecuencia de la fumigación. Pero la mujer nunca hizo la denuncia.

“Acá tenemos muchos chicos con discapacidad, pero que antes gozaban de buena salud”, sostuvo Molina por su parte, al referirse a la población de su comunidad, que está integrada por unas 400 personas.(página 12)