Caso Compañía Privada: Más de 400 afectados en una causa penal que no camina

El caso de María Mercedes Ibarra muestra una doble vara en la Justicia. Tras las denuncias por estafa hay un limbo patrimonial de US$ 12 millones.

Una firma con cuantiosas denuncias por estafa en fideicomisos inmobiliarios. Más de 400 personas damnificadas en alrededor de 12 millones de dólares. Una investigación que transita su quinto año con una única imputada favorecida con medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Un concurso que devino en una quiebra rodeada de confusión patrimonial. El caso de María Mercedes Ibarra y la Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones acentúa la percepción ciudadana de una doble vara en la Justicia.

La investigación penal contra María Mercedes Ibarra y la Compañía de Desarrollos e Inversiones se abrió el 1 de diciembre de 2020, tras las denuncias de Luisa Gainza y María Eugenia Franco, quienes pusieron al Ministerio Público Fiscal de la Provincia en conocimiento de que habían confiado sus ahorros en dólares a una financista que se comprometió a devolverles el capital, con altos rendimientos, aparentando gran solvencia y un negocio serio, sin restituirles hasta hoy el dinero que originariamente le dieron.

Ante esas presentaciones, del 10 de septiembre y el 15 de octubre de 2019, la fiscal penal 2, Mónica Poma, planteó su incompetencia y derivó las actuaciones a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec), a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio. En mayo de 2022, con nueve causas agregadas por estafa, defraudación por retención indebida y administración fraudulenta en fideicomisos de la citada empresa, se allanaron sus oficinas comerciales de Leguizamón 753 y dos propiedades en Castellanos y Villa San Lorenzo. En esos procedimientos se secuestraron divisas y otros elementos de prueba para la acusación penal.

Mercedes Ibarra, la única imputada de la causa.

Días después se dictó un decreto de ampliación de los cargos que pesaban contra Ibarra desde octubre de 2021 por las dos primeras denuncias, pero a diferencia de tantos otros imputados en parecida situación, o menos comprometida incluso, Ibarra no pasó un solo día entre rejas, porque ante un requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, le concedió tres medidas sustitutivas de la prisión preventiva: la obligación de presentarse cada 15 días ante la Udec para tener constatado su domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización y la prestación de una caución.

Con el tiempo se acumularon 18 denuncias conexas, que ampliaron la punta de un iceberg que hoy tiene al menos 400 acreedores afectados por un monto estimado en más de 12 millones de dólares, frente a una empresa que se presentó en concurso en agosto de 2022 y fue declarada en quiebra en septiembre de 2024. La confusión patrimonial en su cadena societaria es tan notoria que movió, a la par de una inhibición general y un desapoderamiento de los bienes de la fallida con miras a su incautación, hasta un exhorto a Uruguay entre otras medidas cautelares dispuestas en el fuero civil.

Así lo hizo notar el contador Juan Pablo López López, síndico designado en el concurso y con funciones ratificadas tras la declaración de la quiebra indirecta, en una ilustrativa testimonial que prestó el 2 de septiembre de 2024 en la causa penal que actualmente se tramita en la Unidad contra Robos y Hurtos (Unicroh), a cargo de la fiscal María Eugenia Guzmán, con la intervención de la jueza Puertas.

Edificios, loteos e inversiones

La operatoria de los fideicomisos inmobiliarios que constituyó desde 2016 la Compañia Privada de Desarrollo e Inversiones fue acompañada con la firma de mutuos de negocio en participación, por los cuales inversores damnificados aportaron ahorros, mayoritariamente en dólares, que la empresa gestora presidida por Mercedes Ibarra -quien actuada además como fiduciaría en los fideicomisos- se obligó a devolverles a los 24 meses, con atractivas utilidades pactadas en dinero o en metros cuadrados.

¿Otra estafa piramidal con esquema Ponzi?

Abogados que representan a afectados ven en los incumplimientos contractuales, las anomalías contables y la distracción patrimonial de la Compañía Privada rasgos propios de una “estafa piramidal”. En el tendal de damnificados no son pocos los que refieren a la fallida titular de la quebrada firma como “la Cositorto salteña”.

Ante la presentación en concurso de la empresa -luego convertida en quiebra- y la falta de respuestas en las fiscalías penales, la mayoría de acreedores buscó a través de la verificación de créditos alguna solución. En esos procesos la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades, Victoria Ambrosini de Coraita, mostró mucha más dedicación y firmeza que las magistradas del fuero penal.

Tras más de cinco años de tramitación, la causa penal apenas mereció la formulación de un decreto de imputación dictado contra Ibarra el 18 de octubre de 2021 (relacionado solo con las denuncias de Gainza y Franco), una ampliación de cargos el 13 de abril de 2022 (por las denuncias de María Blanco, María Martínez y Adolfo Macchi) y una nueva ampliación de imputaciones el 31 de mayo de 2022 (por las presentaciones de Silvia Salazar, Silvana Di Pascuo, Luis Escudero e Irma Guiri). En otras palabras, existen numerosas denuncias que aún se encuentran sin el correspondiente trámite de ampliación de decreto de imputación, pese a la abrumadora prueba luego incorporada, la toma de conocimiento de las constancias vislumbradas en el proceso falencial y las serias sospechas de confusión patrimonial, tanto propia de la Compañía Privada, como de otras sociedades mencionadas en presentaciones administrativas, civiles y penales.

Llamativos tratamientos y omisiones en la causa penal

El estado de situación de la causa que tiene como única imputada a María Mercedes Ibarra desde hace cuatro años y siete meses refleja llamativos tratamientos y omisiones. La fiscal de Delitos Económicos Complejos (Udec), Ana Inés Salinas Odorisio, planteó su incompetencia -a la que hizo lugar la jueza Claudia Puertas- y giró el caso a la fiscal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, en 2023. Esta, a su vez, planteó la declinación de su competencia y solicitó que las actuaciones se remitieran al fuero federal de Salta, pero el 23 de marzo de ese año, la jueza rechazó el planteo con una resolución en la que confirmó su intervención y la de la Justicia ordinaria de la Provincia.

Los afectados y quienes patrocinan sus acciones insisten en que el caso de la Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones, por sus complejidades, magnitud y alcances, debió ser investigado por la Udec y no por la Unidad de Robos y Hurtos, como un caso más entre tantos que abarrotan sus despachos.

Así quedó el Edificio Style, pese a los fondos aportados para su finalización.

En la Unicroh la investigación ha tenido exiguos movimientos con una citación de testigos a cuentas gotas. Entre los pocos resaltaron Federico Gianola Terán, quien se desempeñó como vicepresidente de la Compañía Privada y presentó su renuncia en septiembre de 2019 con serios cuestionamientos por los manejos de la firma, y el síndico concursal Juan Pablo López López. Ambos prestaron ilustrativas declaraciones sobre la distracción de fondos, anómalas registraciones contables y operatorias espurias adjudicadas tanto a Ibarra como a su expareja, Diego Gastón Rodríguez, con distracción patrimonial, pases societarios y presunto vaciamiento de la empresa.

Abogados querellantes señalaron que durante 2024 solo se dispusieron las testimoniales de Gianola Terán, López López, Alicia Lima y Cynthia Sirer, además de librarse “unos cuantos oficios”. Indicaron que, ante el ofrecimiento de distintas diligencias, la Fiscalía no las ordenó.

Medidas que se requirieron y no se ordenaron

Una de las medidas que no se ordenaron fue una inspección requerida al Edificio Style que, pese a las fuertes sumas en dólares aportadas para su construcción, sigue con las obras paralizadas en el pasaje Arteaga, entre Adolfo Güemes y Alvear. En idéntica situación están las obras del Edificio Vento (Ameghino 423) y la infraestructura de loteos como La Eulogia, La Jacinta y La Carlota, integrados al paquete de fideicomisos de la Compañía Privada. En fecha reciente, desde la Unicroh se ordenó una pericia contable que se considera sobreabundante y dilatoria ante los elementos aportados desde el expediente concursal. Además, todos los plazos que autoriza el Código Procesal para investigar los hechos imputados están largamente vencidos, por lo que ya debería haberse requerido el juicio con elementos de convicción suficientes. Esta mora procesal perjudica, aún más, a las personas denunciantes. Pese a la magnitud de los delitos que se investigan, la magistratura autorizó incluso a Mercedes Ibarra a viajar al exterior, cuando casos como los de la financiera Ríos & Asociados, Siddartha Viajes o MSG Turismo merecieron cautelares mucho más gravosas y proporcionales al riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. (tribuno)