La Auditoría General de la Nación aseguró que hay unos 47 créditos subejecutados. Otro informe estima que hay unos 200 proyectos en pausa.
En medio de la disputa de los gobernadores por más recursos ante la caída en la Coparticipación, en la última semana se encendieron las alarmas por una serie de obras que se paralizaron por decisión del Gobierno Nacional y que tendrían financiamiento internacional ya comprometido. Algunos incluso debieron haberse concluido antes de que asumiera la gestión de Javier Milei.
En tal sentido, un informe de la Auditoría General de la Nación advirtió que hay por lo menos unos 47 créditos subejecutados, cuyos fondos no llegan a destino por problemas burocráticos y políticos en Argentina: hace tres meses que no se puede constituir la AGN porque el Congreso no designó a seis de los siete auditores.
La situación se advirtió en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que revisa los informes de la AGN. Allí se detectó que hay unos 47 préstamos que otorgaron organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, entre otros, que presentan altos niveles de subejecución.
El diario La Nación señaló días pasados que la comisión, presidida por el diputado nacional y exauditor general, Miguel Pichetto, envió una nota al ministro de Economía, Luis Caputo y le advirtió que estos "numerosos casos con demoras de plazos y subejecuciones significativas conllevan costos financieros por los fondos no ejecutados en tiempo y forma".
"Esto genera un desaprovechamiento de recursos que deberían orientarse al desarrollo económico del país. Es imprescindible que se adopten las medidas pertinentes para asegurar una asignación y ejecución eficiente de los recursos", señalaron. El problema es que en abril se vencieron los mandatos de los últimos tres auditores de la AGN, por lo que el organismo quedó paralizado y desde entonces hay una fuerte disputa en el Congreso por los nombres para ocupar seis de los siete lugares: la AGN debe ser presidida por un miembro de la oposicion.
Pichetto señaló que si no se normaliza pronto el funcionamiento de la AGN, los desembolsos pendientes de los préstamos ya concedidos podrían sufrir más demoras. La AGN es la encargada de controlar los estados financieros de los créditos internacionales por pedido de los propios otorgantes, por lo que los retrasos en las auditorías podrían redundar en retrasos en los desembolsos.
"El Gobierno ha hecho un esfuerzo por conseguir financiamiento del Banco Mundial, del BID y la CAF. Esos fondos pueden ingresar, pueden ser una ayuda al Tesoro y pueden significar apoyo para hacer obras. Si la Auditoría no está constituida y no hay contralor, estos créditos no van a ser otorgados", remarcó Pichetto, a lo que se sumó el actual presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, en mensajes al Ministerio de Economía de la Nación.
Jesús Rodríguez, exauditor del radicalismo, remarcó que la AGN "audita los préstamos internacionales porque los organismos de crédito confían en su rigurosidad más que en las consultoras privadas" y advirtió que si no hay auditoría de esos préstamos por la situación anómala que atraviesa la AGN "es muy riesgoso, ya que compromete los desembolsos futuros".
"Según datos del Ministerio de Economía, esta cartera cuenta con 237 operaciones activas que totalizan un monto de US$32.912 millones. La no ejecución de los créditos internacionales dentro de los plazos acordados entre las partes conlleva costos importantes para el país, no solo porque el pago de intereses es mayor, sino porque también se demora la puesta en marcha de los distintos programas cuyo financiamiento depende de esos créditos", remarcó La Nación en el informe.
Otro trabajo, publicado por Clarín, detalló que el BID y el Banco Mundial ya advirtieron a la Argentina porque hay "más de 200 obras paralizadas con financiamiento internacional acordado".
De acuerdo con el informe de la Comisión Mixta, la AGN detectó 47 créditos subjecutados, de los cuales 19 presentan desembolsos inferiores al 50%. Hay desde recursos destinados a "la morbilidad y mortalidad por enfermedad de Chagas", hasta la financiación para obras hidráulicas, pasando por fondos previstos para "mejorar la inclusión en la educación secundaria y superior". Algunos, incluso, fueron otorgados hace más de diez años y debieron cerrarse en 2019.
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