A más de 5 años de su sanción, la Ley de Acceso a la Información Pública sigue sin respuestas

Pese al tiempo transcurrido desde su sanción en 2019, la Ley Provincial Nº 8.173 de Acceso a la Información Pública continúa sin reglamentarse ni implementarse en Salta.

A esta demora se suma la falta de avances en el caso judicial iniciado en octubre de 2024 por un grupo de organizaciones civiles, cuyo expediente permanece desde noviembre en manos de Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, sin movimiento alguno.

La normativa, que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.275, busca garantizar el acceso de la ciudadanía a información pública de manera clara y efectiva.

Sin embargo, la inacción de los poderes del Estado salteño ha impedido su aplicación, lo que vulnera derechos fundamentales relacionados con la transparencia, la participación ciudadana y el control público.

Amparo judicial y la falta de resolución

En octubre de 2024, organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Salta Transparente y el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), presentaron un amparo ante la Corte de Justicia de Salta, exigiendo la reglamentación y puesta en marcha de la ley.

La demanda también incluyó la recusación de todos los jueces de la Corte, al ser una de las partes demandadas en el caso.

El juez Ernesto Samson fue el primero en excusarse en noviembre de 2024, citando razones éticas y de imparcialidad. Desde entonces, el expediente quedó paralizado en el despacho de la presidenta Teresa Ovejero. Las organizaciones han denunciado que esta situación no solo retrasa la resolución del caso, sino que refleja una falta de compromiso con el principio de celeridad procesal que exige la naturaleza urgente del amparo.

Críticas éticas y posibles acciones penales

Gonzalo Guzmán Coraita, titular de Salta Transparente, criticó duramente la postura de los magistrados al dilatar el proceso.

“La Corte ha contravenido el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que les obliga a actuar con máxima celeridad e imparcialidad. Su responsabilidad ética está comprometida, y podríamos estar frente al delito de denegación y retardo de justicia, previsto en el Código Penal”, advirtió.

El acceso a la información pública, explicó Guzmán Coraita, no es solo un derecho humano fundamental, sino una herramienta clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

“La falta de reglamentación e implementación de esta ley afecta directamente la posibilidad de los ciudadanos de controlar las acciones de los gobernantes y participar activamente en la vida democrática”, añadió.

Exigen celeridad en la resolución

Las organizaciones presentaron en octubre de 2024 un nuevo escrito solicitando que se fijen plazos estrictos para que los jueces recusados respondan a las causales alegadas.

Sin embargo, el pedido no fue atendido, y la inacción persiste.

Ante este panorama, las entidades demandantes evalúan iniciar acciones penales para obligar a la Corte a dar curso al caso y garantizar la implementación de la ley.

“Exigimos una resolución urgente. La inacción de la Corte compromete no solo los derechos de la ciudadanía, sino también la confianza en nuestras instituciones. Es hora de que Salta cumpla con los estándares de transparencia y acceso a la información que exige una democracia moderna”, concluyeron desde Salta Transparente.

Contexto de la Ley Provincial Nº 8.173

La Ley 8.173 establece el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública de manera gratuita, clara y efectiva. Obliga a los organismos públicos a garantizar canales de acceso y la publicación proactiva de datos relevantes. Sin embargo, su falta de reglamentación ha impedido su operatividad, privando a la ciudadanía de una herramienta fundamental para el control democrático y la transparencia.

Las organizaciones civiles exigen que esta omisión sea corregida con urgencia para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones públicas.(n.d)