Vacunas vip: Denuncian que funcionarios de Sáenz se vacunaron con las primeras dosis que llegaron a Salta

Se trata de Pablo Outes, Antonio Hucena y María Florencia Suazo Ruiz. El Coordinador de Enlace, el Secretario de Relaciones Institucionales y la Subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento, respectivamente, se habrían vacunado como personal de salud. No superan los 70 años. Así lo informo, el medio digital salteño “Buufo”.

El escándalo por la autodenominada «vacunación vip», es decir la inoculación contra el coronavirus a personas que se ‘saltean’ el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, replicó en Salta.

Según han revelado los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda en el programa radial Sapo de Otro Pozo (FM Noticias 88.1), hay al menos tres funcionarios de la órbita del Ejecutivo Provincial que se aplicaron de las primeras vacunas Sputnik V que llegaron a la provincia desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Antonio Hucena (50 años), María Florencia Suazo Ruiz (38 años) y Pablo Outes (53 años) se habrían vacunado contra la Covid-19 como personal de salud en el primer mes del año. Ni el Secretario de Relaciones Institucionales, ni la Subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento ni el Coordinador de Enlace de la Provincia, respectivamente, superan los 70 años, franja etaria que sí está recibiendo la vacuna. Y a juzgar por las funciones de sus cargos, tampoco cumplirían tareas en hospitales, laboratorios o geriátricos.

Las dosis contra el coronavirus a los funcionarios se han aplicado en el Hospital Señor Del Milagro, que antes era conducido por el ministro de Salud, Juan José Esteban, y hoy está a cargo del Dr. Julio Garzón. Así lo sugiere la información a la que accedieron Poma y Miranda.

En todos los casos, se aplicaron el primer componente el 14 de enero y el segundo de ellos para completar el esquema, el 8 de febrero. Suazo Ruiz y Hucena cumplen funciones bajo la Secretaría de la Gobernación, la estructura que comanda Matías Posadas, mientras que Outes es uno de los integrantes de la mesa chica del gobernador Gustavo Sáenz.

Cabe recordar que la primera tanda de vacunas contra el coronavirus que llegaron a la provincia estaban destinadas exclusivamente al personal sanitario. El enfermero y coordinador del Centro de Convenciones, Matías Guaymás, fue el primero en recibir la Sputnik V, el 29 de diciembre de 2020.

El segundo grupo en el orden de prioridades fueron los adultos mayores de 70 años, considerados grupo en riesgo por la enfermedad que produce el virus Sars-CoV-2. Y luego le siguieron las y los docentes, sector que también tuvo grupos internos en orden de prioridad.

Por otro lado, huelga decir que la Justicia Federal ha solicitado al Ministerio de Salud de la Provincia el listado de personas vacunadas contra el coronavirus para analizar hipotéticas irregularidades en la distribución. El fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos, Ricardo Toranzos, está a cargo de la investigación.

Asimismo el Procurador de Salta, ordenó un sumario interno por la supuesta aplicación irregular de 50 vacunas Sputnik V a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que funciona bajo su órbita.

Si bien la cartera sanitaria respaldó la vacunación a médicos, enfermeros, evisceradores, radiólogos, anatomopatólogo, personal técnico, forenses del CIF por ser «trabajadores prioritarios de alto riesgo por las tarea que realizan», la fiscal Ana Ines Salinas Odorisio imputó al jefe del Departamento Técnico Científico, Pedro Villagrán, por la presunta comisión de los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en carácter de autor».

El hecho de si es judicializable la vacunación contra el coronavirus por parte de personas que no integrarían los grupos prioritarios o bien no tendrían fundamentos suficientes para justificarlo, genera controversia. El impacto social y político es indiscutible, pero hay quienes sostienen que no existe delito para aplicar la ley en casos como los que se habla. No obstante ello, también están los que creen que podría haber comisión de algún acto ilegal.

Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández dijo que «no hay delito por adelantarse en la fila» de la vacunación, mientras que el fiscal federal Ricardo Toranzos considera que puede haber una posible comisión de delitos, «hecho que, de ser confirmado, habría causado un perjuicio al Estado nacional», se explica en un comunicado de la fiscalía citado por El Tribuno.

Con todo, más allá del criterio de aplicabilidad de las vacunas adoptado y la supuesta penalidad que se reclama social, judicial y políticamente, el impacto negativo mina la imagen de los gobiernos. Las noticias que despiertan las emociones corren como un reguero de pólvora. Las críticas se agravan cuando se producen demoras al otorgar turnos para vacunar o cuando se sorprende a un ministro de Salud con unas 900 dosis de vacunas en su auto particular al tener un accidente, tal fue el caso de Corrientes.

«Si se vacunó gente que no correspondía, deberán asumir las responsabilidades«, afirmó días atrás el gobernador Gustavo Sáenz. Resta conocer la interpretación que le otorga al caso que nos ocupa. Antes, al aplicar la primera vacuna el 29 de diciembre,Sáenz dijo: «Nosotros tenemos, más o menos, contabilizados unas 400 mil personas que tienen que ser vacunadas sí o sí».

Hasta las 18:55 de este martes 9 de marzo, en Salta se aplicaron 54.421 dosis sobre un total de 88.000 que llegaron a la Provincia. De las personas vacunas hasta ahora, 45.064 recibieron la primera dosis y 9.357 ambas, según el Monitor Público de Vacunación creado por el Gobierno Nacional.

De momento, se desconoce si las vacunaciones son de carácter oficial y con ello los fundamentos que se pudieren esgrimir, y hasta el cierre de esta nota no hubo declaraciones al respecto. (Buufo)