Tarifas: Alberto Fernández aseguró que los funcionarios que se opongan al aumento "no podrán seguir"

Mientras se desarrollan las audiencias públicas para tratar los aumentos en el los servicios de gas y de luz, el presidente dejó un mensaje para la interna del Frente de Todos y señaló que aquellos que se opongan "no podrán seguir en el Gobierno".

El nuevo capítulo de la interna a cielo abierto del Frente de Todos sumó las declaraciones del presidente acerca de los aumentos de tarifas en el servicio de luz y de gas. Durante su gira europea, esta vez desde Berlín, donde mantuvo un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz, apuntó contra los funcionarios que no estén de acuerdo con las subas.

“La suba de tarifas es una decisión política, quien no puede tomar esa decisión no puede seguir en el Gobierno”, aseguró el mandatario según reconstruyeron en la comitiva que lo acompaña en la gira.

Las declaraciones llegaron mientras transcurría el segundo día de audiencias públicas previas al incremento tarifario que el Gobierno ya tiene definido. Al ser no vinculantes, estas instancias son apenas un trámite que es necesario cumplir, para legitimar el aumento que el oficialismo ya resolvió, siguiendo la hoja de ruta del FMI.

Las frase de Alberto Fernández es un fuerte respaldo al aumento tarifario planteado por Martín Guzmán, quien finalmente no participó en la discusión pública a pesar del pedido del kirchnerismo. Desde el sector alineado con la vicepresidenta pretendían que el ministro sea la cara visible de las subas, como forma de evadir la responsabilidad de los funcionarios que responden a ella y que deberán avalar el nuevo esquema con su firma: Federico Bernal, (titular del Enargas) y Soledad Manin (titular del ENRE). A su vez, Manin depende del Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien cuestionó públicamente el aumento porque "atenta contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando" y "no contempla el principio de gradualidad".

En ese contexto deben leerse las palabras del presidente, y la advertencia para los funcionarios que no estén alineados con esta decisión. A lo que se suma que en los últimos días Fernández recordó que todo el oficialismo, incluyendo al sector alineado con Cristina Kirchner, votó una ley que dio marco a la propuesta de Guzmán.

Un "debate de ideas" donde nadie cuestiona la estafa de las privatizadas
El "debate de ideas" al interior del oficialismo, según las palabras de Cristina durante el fin de semana en su conferencia en Chaco, tiene como punto de partida el reconocimiento al aumento del 20% ya realizado durante el mes de marzo. Y más estructuralmente, un punto de acuerdo mucho mayor: las empresas privatizadas no se tocan.

En el 2019 el Frente de Todos llegó al gobierno comprometiéndose a revertir los tarifazos aplicados por el macrismo, algo que nunca sucedió. Una más de las tantas promesas que dejó archivadas en su afán de legitimar la deuda con el FMI que tanto había denunciado cuando era oposición. Sólo basta recordar que durante los cuatro años de Macri, la tarifa a los usuarios residenciales de Edenor aumentó 3.222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur 3.178 % (720 % en términos reales) según el ENRE. En tanto que el precio del gas subió entre 1.500 a 1.900 %.

Las ganancias millonarias de estas empresas, que prestan un pésimo e ineficiente servicio de gas y de luz, están construidas sobre la estafa de las privatizaciones menemistas que ningún gobierno amagó a cuestionar. Una privatización que convirtió a las empresas estatales en fabulosos negociados entre privados y funcionarios corruptos, degradando el servicio, precarizando a sus trabajadores y volviéndolo cada vez más caro para los usuarios.

Una estafa que se mantiene inalterable, que el kirchnerismo mantuvo en base a un esquema de subsidios millonarios a las empresas para mantener las tarifas fijas y que el macrismo pretendió reducir trasladando a los precios finales. Pero ambos modelos dejaron intactas a las ganancias empresarias, y las concesiones que obtuvieron allá por la década del 90.

La luz y el gas son un derecho esencial y por tanto un servicio público. Es por eso que su provisión no puede estar determinada por la lógica de la ganancia capitalista, sino que debería regularse en función de las necesidades sociales. Es necesario que lo que prime sea un servicio de mejor calidad y a bajo costo, y no un puñado de empresarios que lucran con las necesidades populares y presionan por el alza de las tarifas, priorizando sus intereses. (LID)