Se duplicó el gasto público y se disparó el déficit fiscal, los empresarios los más beneficiados

En lo transcurrido de la cuarentena los gastos del Estado se multiplicaron, generando un déficit fiscal alto que sólo en mayo ascendió a $251.287 millones. El programa ATP de rescate a las corporaciones es el principal responsable del incremento, junto con el IFE.

Ante la crítica situación social y económica el Gobierno nacional viene optando por aumentar el gasto público. El gasto primario casi que se duplicó en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, sumó $579.507 millones. Debido al descenso de los ingresos en términos reales, el déficit fiscal se elevó hasta los $251.287 millones. Además, el pago de intereses de la deuda pública implicó un desembolso de $56.932 millones, llevando el déficit financiero a $308.219 millones. Estos datos surgen del informe presentado por la Secretaría de Hacienda este lunes.

En el texto que acompaña las cifras presentadas por la cartera presidida por Martín Guzmán afirman que el aumento en los gastos del Estado se deben a “las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción”. Algo que en abstracto puede sonar bien, pero en la realidad los empresarios son los principales beneficiados y para la mayoría de la población es cada vez más difícil llegar a fin de mes.

El programa de ATP es presentado como una vía sólo para que los trabajadores no vean reducidos sus ingresos, pero veamos cuánto hay de cierto. Casi el 40 % de los salarios totales asistidos corresponde a los empleados de grandes empresas y corporaciones (esto es de 100 a 800 empleados y de más de 800 empleados), incluyendo a algunas de las firmas que vienen realizando ganancias millonarias durante décadas.

Entre las incluidas en el programa se encuentran: Clarín, Ledesma, Swiss Medical y multinacionales como Volskwagen, Mercedes Benz, McDonald’s y Burger King. En el caso de Swiss Medical la Anses hasta se hizo cargo de pagar parte del sueldo del CEO y dueño de la empresa, Claudio Belocopitt. Techint había recibido la asistencia, pero la devolvió para evitar las restricciones. Pueden pagar los salarios, pero el Estado opta por cubrirlos.

Los subsidios directos alcanzaron los $67.350 millones de pesos, teniendo un crecimiento anual del 179%. El Gobierno en lugar de invertir este tipo de sumas en financiar a las empresas de servicios públicos privatizadas podría destinarlos a expandir la red de agua corriente que no llega a los barrios populares, volviendo imposible tomar las prevenciones necesarias para enfrentar la pandemia.

Las jubilaciones no fueron parte del aumento, por el contrario fueron ajustadas por decreto. Les habría correspondido un 10,9 % de aumento en junio si no hubiese sido suspendida la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y en su lugar fue del 6,12%. Según un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno se ahorrará $34.000 millones entre enero y agosto gracias a la suspensión de la Ley.

El IFE es un componente importante del presupuesto, pero el gobierno no informa cuánto fue destinado a cada programa. Algunas aproximaciones lo ubican en el orden de los $80.000 millones distribuidos entre y abril mayo, menos de lo destinado a la deuda en esos meses. Teniendo en cuenta que la canastas básica calculada por los trabajadores de ATE-INDEC supera los $67.000, el monto otorgado por el Gobierno está muy lejos de cubrir las necesidades de las familias que vieron disminuidos sus ingresos por la cuarentena. Es cada vez más necesario un impuesto a las grandes fortunas para financiar una IFE de $30.000 para todos los que la soliciten.

En abril el déficit primario ya había pegado un salto al ubicarse en los $228.821 millones y tuvo un resultado financiero deficitario por $266.049 millones tras el pago de $37.227 millones en concepto de intereses de la deuda pública. Entre mayo y abril son más de $94.000 destinados a la deuda.

Al mismo tiempo, debido al parate de la obra pública por la cuarentena los gastos de capital (inversiones en infraestructura) en Vivienda, Transporte y Educación se derrumbaron, un 78,5%, 62,5% y 19,6%, respectivamente. Nada garantiza que más adelante esos fondos no utilizados vuelvan a ser invertidos en estos sectores clave para las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Por el lado de los ingresos podemos ver reflejado el nivel de contracción de economía debido a la crisis y la reducción en la recaudación por la baja de impuestos, regalías y aportes patronales. El Estado obtuvo $328.120 millones, lo cual reflejó una variación nominal de apenas 2,4% respecto a 2019, contra una inflación del 43% durante el mismo período. Los ingresos tributarios, que componen casi la totalidad de la recaudación, retrocedieron un 3,3% producto de fuertes contracciones en impuestos como el IVA (-7,9%) o los derechos de exportación (-36,2%).

Aumentar el gasto, incluso a costa de generar un déficit, no es un problema en sí mismo. En medio de una pandemia mundial y una crisis económica internacional que el Estado invierta en asistir a los trabajadores y los sectores de menores ingresos puede ser una medida muy necesaria, como lo es en la actualidad. Pero el Gobierno de Alberto Fernández está destinando cada mes más dinero a las grandes empresas, subsidiar a las privatizadas de los servicios públicos y pagar deuda. Es necesario invertir las prioridades. (LID) Por Matías Hof