Salta: Imputan y embargan a 17 concejales por cobro indebido del IFE

Mientras en plena pandemia miles de personas sufren las consecuencias de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, 17 concejales y un empleado de Desarrollo Social de Salta, cobraron el IFE indebidamente. El juez de Garantías Julio Bavio hizo lugar al pedido de la fiscalía y los imputó por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Hace un mes de destapó el escándalo del IFE en Salta que involucró a funcionarios públicos, al referente del ANSES referente de la Cámpora y el PJ local, y hasta un empresario que se anotaron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia en una de las provincias con mayores índices de pobreza y trabajo en negro.

De la totalidad denunciada, 17 concejales y un empleado de Desarrollo Social fueron imputados ayer por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, por el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos.

Los imputados son: Jesús Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella (Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez (Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco); y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
También, Luis Alberto Hosel que es empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El beneficio –señaló el fiscal- está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios, como monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares. Toranzos indicó que la disposición del beneficio es clara y que, sin embargo, los acusados la cobraron. De esa forma, dijo, incumplieron con el juramento realizado al asumir en la función pública, pues conocían que no podían cobrarlo, ya que se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos. En muchos casos, explicó el fiscal, lo percibieron en dos ocasiones.

El fiscal también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos, en concepto de haberes abonados por el Estado. El fiscal recordó que entre las condiciones para otorgar el IFE se exigía que el beneficiario no tuviera relación de dependencia ni tampoco ingresos propios. Por eso el fiscal consideró que su cobro indebido “se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”.

Además de la imputación, Toranzos solicitó un embargo para cada uno por la suma de 100 mil pesos, a fin de cubrir los daños causados y las costas del proceso.