Poder Judicial.¿Qué hay detrás de la pelea entre la oligárquica Corte Suprema y el Gobierno?

Acusaciones cruzadas entre la Corte y el Gobierno por quién controlará el destino de los jueces y sus causas, mientras los problemas de las mayorías siguen ajenos a las urgencias de la casta judicial y política. ¿Qué intereses hay detrás de esta pulseada?

La pulseada entre el gobierno y la Corte Suprema escaló y “spoiler alert”, en un universo paralelo a los problemas que tienen las amplias mayorías trabajadoras. En una discusión llena de maniobras políticas se puede perder lo importante ¿Qué intereses hay detrás del poder sobre los jueces?

El Consejo de la Magistratura es un botín muy codiciado por encargarse de la nominación, designación y remoción de jueces, y de la administración del Poder Judicial. Sus miembros son representantes de jueces, abogados y “académicos”, y también de los miembros del Senado y Diputados, un mecanismo que garantiza que esa elección nunca sea una discusión democrática popular sino que sean negociaciones políticas puertas adentro; tanto que muchas veces se han denunciado acuerdos y negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos para la designación o remoción de jueces.

Hasta el 2006 eran 20 miembros, presididos por el presidente de la Corte Suprema, cuando fue reformada por una ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora reduciendo a 13 miembros y quitando el puesto de la Corte de forma automática. A partir de este lunes volvió a la conformación original, aunque faltan jurar y designar algunos miembros, luego de que la Corte Suprema declarara esa reforma como inconstitucional por tener demasiada “primacía de la política”, y el Congreso no aprobó una nueva ley cumplido el plazo de ese fallo.

La principal novedad a destacar es que hasta ahora al menos, la Corte logró el objetivo que se propuso en diciembre pasado: volver a controlar el Consejo de la Magistratura y debilitar al gobierno. Rosatti, presidente de la Corte, también asumió como presidente del Consejo de la Magistratura, reforzando la subordinación política de todo el Poder Judicial a su cabeza, el tribunal superior. Es decir, que son los propios jueces -en este caso los máximos- quienes deciden qué ley dicta cómo elegir, administrar y revocar sus puestos: el control de constitucionalidad puesto a su servicio. Más garantías para preservar su poder son difíciles de imaginar, salvo en una monarquía.
Pero además la Corte hizo una lectura política de la debilidad del gobierno, luego de las elecciones del 2021, con la urgencia por acordar el ajuste del FMI, para avanzar en recomponer su poder y frente a una situación donde podría jugar un rol de árbitro en nuevas crisis políticas.

Por su parte el Frente de Todos hablando de “golpe institucional de la Corte”, como el senador Parrilli, o la vicepresidenta criticando a la casta, oculta que su única preocupación es quien controla la designación de jueces federales. De esta forma intenta preservarse a sí mismo frente a las causas judiciales que caen sobre funcionarios, y poder dirigir dardos en las causas contra la oposición macrista. El mayor interés de Cristina Kirchner era desplazar a los miembros de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia -quienes confirmaron su procesamiento en la causa de los Cuadernos de las Coimas-, y ocupar los juzgados vacantes de los jueces Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. No logrado con la anterior conformación, ahora con mayor peso de la oposición en los votos, será más difícil por no decir imposible. A esto se suman los recursos que interpuso en esas causas, y apelaciones, a ser resueltas por la Corte Suprema.

El juego de tronos (decadente) se hace más repulsivo cuánto más se agudiza la crisis social que atraviesa el país: jueces y políticos con sueldos de privilegios, que acuerdan que temas son importantes -para ellos- y no afectan los problemas irresueltos de las grandes mayorías. La “justicia” sigue ciega a las urgencias de las mayorías trabajadoras y populares que soportan salarios por debajo de la pobreza, jubilaciones de indigencia, la impunidad de la violencia policial en los barrios populares, y una lista larguísima de injusticias que con razón hace sentir que sus derechos no son respetados ni defendidos.

Las leyes (o el derecho) expresan un orden que preserva determinadas relaciones sociales. En la Argentina capitalista la casta judicial garantiza las relaciones de una minoría social (el gran empresariado) sobre la amplia mayoría obrera y popular. Son, por lo tanto, los jueces quienes están a cargo de aplicarlas frente a los conflictos, y adaptarlas a los distintos momentos políticos. De esta forma, es preocupación constante de la clase dominante que la aplicación de las leyes no sea contraria a ese objetivo, y por lo tanto, garantizar que los jueces fallen de acuerdo con sus intereses, incluso teniendo diferencias internas como ahora, el Frente de Todos no se atreve a cuestionar sus privilegios sino que, a buscar la conformación más favorable.

Es el mismo proceso de selección de jueces, donde deciden las corporaciones económicas y políticas mediante la negociación en el Consejo de la Magistratura, sumado a los privilegios de sus cargos de por vida, y diversas formas de auto preservación de la “familia aristocrática”, que determinan a qué intereses dan lugar, qué causas son urgentes, y qué derechos prevalecen en conflictos.

Un programa para una transformación profunda del sistema judicial tiene que arrancar por una selección democrática, donde los jueces sean elegidos por voto directo, podría quitar la influencia -directa al menos- del poder económico y político en su designación. Además como funcionarios públicos, establecer que sean removibles y sujetos a instancias de control popular directos sobre su actuación. Esto incluso podría abrir a cambios en la composición de clase, género y étnica de los magistrados (aunque como en otros cargos electivos de la democracia representativa sigan siendo una minoría quienes pueden acceder a la formación académica, nivel económico y relaciones sociales para tener una carrera política.)

Los privilegios del cargo, como son las excepciones impositivas, jubilaciones y sueldos de privilegio, también podrían ser eliminados proponiendo que cobren igual a trabajador o trabajadora calificada. Todos sus privilegios hacen más que dudoso que puedan cumplir con su función formal que es la de impartir justicia. ¿Por qué un juez desligado de todo control, con semejantes privilegios, ligado al poder económico, se sentiría obligado a impartir justicia a favor de los más oprimidos?

Si vivieran como la mayoría de las personas, que son sobre las cuales recaen sus decisiones, o tuvieran la posibilidad de ser removidos, habría que ver si tardarían años en resolver juicios laborales, validar tarifazos exorbitantes de servicios públicos, revictimizar a mujeres violentadas y otorgar impunidad a funcionarios del gobierno.

Por otra parte, se podrían instaurar los juicios por jurado, donde la toma de decisiones esté en manos de la mayoría de la sociedad, y no un grupo reducido y selecto que vive totalmente por fuera de sus condiciones y problemas cotidianos.

La diputada del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, se refirió a la posibilidad de estas medidas para salir de la “grieta” entre la Corte y el Frente de Todos.

En un régimen social como el capitalismo, donde los intereses de las mayorías son sojuzgados a los intereses de una minoría, una casta como la judicial no puede más que servir a los intereses del gran empresariado. (LID) Por
Larisa Pérez