La cruda realidad económica exige pelear por medidas urgentes

Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer un dato que a esta altura no es ninguna sorpresa. La economía sumó en junio otro mes de retroceso de más de dos dígitos: 12,3 % por debajo de igual mes de 2019. La lectura optimista podría poner el acento en la mejoría respecto del mes anterior, mayo, respecto del cual la actividad recuperó 7,4 %. Esta mirada exige hacer abstracción de la escalofriante caída de la que veníamos, de 26,4 % interanual en abril y 20,6 % en mayo. Tal vez se confirme que “lo peor ya pasó” pero, como adelantan datos como la caída que mantuvo la recaudación tributaria en julio (-13,1 %), nada permite avizorar que la economía esté recuperando en los próximos meses los niveles de actividad que tenía prepandemia. Hay que aclarar que ya de por sí eran los que había dejado la retracción que tuvo el producto bruto durante casi los últimos dos años de gobierno de Macri.

Como registra el Observatorio Despidos durante la Pandemia 5,5 millones de la fuerza de trabajo del sector formal de la economía perdió el empleo (el informe computa que serían al menos 750.000) o vio afectado su salario o condiciones de trabajo.

De los 16 sectores en los que divide la economía el el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), solo 2 mostraron en julio un resultado interanual positivo: electricidad, gas y agua (3,6 %) e intermediación financiera (4,8 %). Entre las mayores caídas interanuales están otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-63,2 %), hoteles y restaurantes (-62,7 %) y pesca (-53,6 %). La construcción también arrojó una caída de 41,9 %.

Hambre, desocupación y el misterio de las “60 medidas”

Para Alberto Fernández y sus funcionarios, la responsabilidad de la situación actual y las consecuencias que seguirá produciendo hay que buscarlas fuera del gabinete: la pandemia, en primer lugar, y la “herencia recibida” de Macri se combinaron para producir estragos descomunales y desviar la ruta de la política económica hacia lidiar con la emergencia. Son verdades a medias, que dejan convenientemente afuera los aspectos que no encajan bien en esta narrativa.

La Argentina es uno de los países de América Latina en los que más aumentó la desigualdad durante la primera mitad del año. Esto está claramente asociado al hecho de que el paquete de medidas tomadas durante estos meses por la administración de Alberto Fernández es, medido como porcentaje del producto bruto (PBI), de los más reducidos de la región. De vuelta, si le preguntamos a algún funcionario hará notar acá las posibilidades limitadas de un Estado quebrado.

Pero hay también una asignación de prioridades, que no han ido en favor de la defensa del empleo y los salarios. Como relató hace algunas semanas el periodista Alejandro Bercovich, el ministro de Economía Martín Guzmán se congratulaba, pasados varios meses de pandemia, de haber encarado la cuarentena con desembolsos más bien amarretes: “Yo había hecho un plan para sostener la economía en cuarentena y eran 30 días hábiles de inactividad. Ahora que vamos más de 100, me alegro de no haber puesto en ese mes más de dos puntos del PBI”.

El ministro se congratula, pero esto significó por ejemplo limitar el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) a $ 10.000 por desembolso, lo que hasta ahora representó para los beneficiarios recibir, en los hechos, $ 5.000 por mes, dado que recién se está concretando en estos días el tercer desembolso. Por otra parte, muchas de las empresas que recibieron asistencia oficial para pagar sueldos, no se privaron de suspender y reducir salarios o despedir, mostrando que el decreto oficial que lo “prohíbe” es papel mojado.

En lo que va de gestión, el gobierno de Fernández estuvo concentrado en administrar los impactos de la cuarentena, gastando para paliar la emergencia lo menos posible como admitía Guzmán, y en cerrar el acuerdo con los acreedores de la deuda bajo ley extranjera. Cumplida esta etapa, está llegando la hora de sentarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en unas tratativas que seguramente llevarán varios meses.

Mientras esta renegociación de las deudas dejadas por Macri absorbe la agenda oficial, siguen sin conocerse las “60 medidas” de las que habló Fernández para recuperar la economía. Todo indica que estas deberán amoldarse a las estrechas posibilidades que dejará la negociación con el FMI. Más allá del “enamoramiento” de Guzmán y Fernández con Kristalina Giorgieva, que remeda el de Macri y su ministro Nicolás Dujovne con Christine Lagarde, el FMI sigue siendo el mismo de siempre. Y esto significa que no cambiará sus exigencias, que consisten en la habitual receta de ajuste y reformas laborales, jubilatorias, y medidas por el estilo. Es cierto, el FMI quedó severamente comprometido por toda la plata que puso para la reelección de Mauricio Macri y por el fracaso en el que terminó su programa, de lo cual salió por estos días a evadir responsabilidades emitiendo un documento que pone toda la carga por el fracaso en los mercados y el gobierno de Cambiemos.

Pero sería cándido de parte e Fernández y Guzmán esperar que esta mala praxis de la que el organismo es responsable haga que sus directores dispensen al país del trago amargo de sus paquetes habituales. Tampoco puede ilusionarse mucho el oficialismo de alguna gestión con Donald Trump, presidente del país que tiene poder de veto en el directorio. El enfrentamiento que viene protagonizando Fernández con su par de EE. UU. por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, donde Trump quiere colocar a un estadounidense pasando por encima de la práctica que rige desde siempre (por la cual el cargo tendría que ir para un latinoamericano), anticipa que nada bueno puede esperarse por ese lado.

Hace falta pelear por medidas de emergencia

Al comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde sectores del oficialismo hicieron circular la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, en anticipo de la hecatombe económica y la necesidad de tomar medidas de emergencia. Al día de hoy, el único proyecto presentado para aplicar un impuesto a los ricos más ricos, es el presentado por los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

Este proyecto, presentado en abril e ignorado por el Frente de Todos y las bancadas opositoras, propone aplicar un conjunto de impuestos a los dueños del país y los que vienen ganando fuerte desde el gobierno de Macri. Entre ellos, el más importante es el que recaería sobre unas 15 mil de las personas más ricas del país, una ínfima parte de la población (apenas, el 0,04 %). Sectores del oficialismo siguen anunciando que próximamente habrá una propuesta oficial de gravar a los ricos, mientras ignoran la de Del Caño y Del Plá, que plantea usar los fondos para elevar el IFE a $ 30.000 pagados todos los meses, y encarar un plan de obras públicas que asegure trabajo para quienes lo han perdido en estos meses.

Las patronales ya han mostrado su disposición a usar la crisis para despedir, bajar salarios e imponer peores condiciones de trabajo, con la colaboración de aliados del gobierno como Roberto Lavagna. Mientras promete anuncios, el gobierno deja en los hechos vía libre para que se imponga esta agenda contra el pueblo trabajador.

Está planteada para la clase trabajadora una dura pelea de autodefensa, frente a la decadencia, la ruina y el riesgo de nuestra salud que nos prometen los capitalistas. Rechazo de los despidos, exigencia de salario de cuarentena para todos los sectores precarizados de al menos $30.000, pelear por trabajo para todos con un plan de obras públicas masivo, y retomar el ejemplo de las gestiones obreras y ocupar y poner a producir toda fábrica que cierre o despida, son algunas de las respuestas fundamentales (que exigen disputar la dirección de los sindicatos a la burocracia sindical) como parte de un programa de salida a la crisis que descargue los costos de la misma sobre la clase de los explotadores capitalistas. (LID) Por Esteban Mercatante