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Jujuy.Comunidad indígena denuncia instalación de empresa minera sin consentimiento

Integrantes del pueblo atacama, de San Juan de Quillaques, Coranzuli y Collamboy denuncian que se ha instalado en territorio indígena una minera sin consentimiento de la comunidad. Desde el sábado que están acampando en el lugar y exigen que la empresa se vaya. La policía respondió con intimidaciones a quienes defienden sus derechos.

15 de marzo de 2022

Como menciona un comunicado de prensa que difundieron las comunidades afectadas, la familia Quispe había realizado una denuncia por usurpación el 22/2 pasado en la comisaría de Tilcara. Sin embargo, como sucede en todos los casos, las mismas quedan archivadas, mientras el Estado garantiza la instalación de las empresas en los territorios indígenas.

Compartimos comunicado de prensa:

SOLITUD DE URGENTE DESALOJO DE LA EMPRESA MINERA "MINERALES AUSTRALES S A" EN LA ZONA DE ATACAMA.

Aproximadamente a las 9 de la mañana del día 12 de marzo, se realizó una pequeña asamblea en el paraje de Tanques dpto.de Susques, en la cuál se tomó la decisión de hacerse presente en el lugar dónde se instaló una minera ilegalmente, al llegar al lugar se encontraba presente un Sr. Que dijo llamarse Gabriel Cortés, junto de alrededor de 10 operarios, Gabriel Cortés, se acercó para hablar con los poseedores ancestrales del lugar(comunidades originarias) y los hermanos solicitaron que se retiren inmediatamente desalojando el lugar y por supuesto paralizando todo trabajo desde ese mismo momento, este sr. Intentó defender el hecho de que la empresa minera esté instalada en el Territorio Comunitario de la comunidad de San Juan de Quillaques, específicamente en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones correspondientes pero sin exhibirlas ni mucho menos.

Siendo aproximadamente a hs. 11 y ante la imprerante situación de impotencia, se decidió que el Sr. Quispe reiterara la denuncia, (ya que la había realizado con anterioridad en la seccional de Tilcara con fecha 22 de febrero) por usurpación y solicitando que la policía se haga presente en el lugar del hecho, en el destacamento de Susques, tras realizar la denuncia, la ayudante fiscal hizo lugar a la solicitud, ordenando que la patrulla se hiciera presente en el lugar. Al presentarse la policía en el campamento minero, hace conocer la denuncia que pesa en su contra y la orden de fiscalía donde los intima a presentar la documentación pertinente dentro de 48hs. a los representantes de la empresa minera, a lo cuál estos se defienden diciendo que las Comunidades Originarias los estaba cortando el tránsito, e impidiendo el ingreso y egreso a su lugar de trabajo. Tras escuchar tal barbaridad, las comunidades allí presentes insisten en exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, y en que no se retirarán del lugar mientras eso no ocurra.

Después de un intercambio de palabras entre, las comunidades, los empleados mineros y la policía y ante la negativa de retirarse de allí de parte de las Comunidades, los empleados mineros comunican el cese de toda actividad desde ese momento y el retiro del personal quedando solo 3 empleados como custodia, y aclarando que habrán dos turnos. Tras lo cuál las comunidades en Asamblea aceptan y deciden acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la fiscalía. El día lunes 14 de marzo al mediodía día se cumple el plazo dado a la empresa minera para presentar la documentación, mientras las Comunidades Indígenas continúan acampando a la espera del desalojo de la empresa minera del territorio comunitario, por está razón los hermanos en acampe solicitan la solidaridad de todos los hermanos que se puedan acercar al lugar el lunes al mediodía para exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, puesto que no existió un procedimiento legal para su instalación en el Territorio Comunitario. Las comunidades originarias presentes en este lugar son la Comunidad Originaria de Coranzulí (miembros), la Comunidad Originaria de Collamboy, su presidenta y vice presidente y otros miembros de esa comunidad, y los damnificados miembros de la comunidad de San Juan de Quillaques.

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