Diez fallecimientos.Jujuy encabeza el ranking nacional de muertes docentes en presencialidad

Desde la vuelta a la presencialidad a partir del 17 de febrero en la provincia de Jujuy fallecieron diez docentes por Covid. El Estado es responsable de esas muertes evitables por imponer una vuelta a clases sin garantizar condiciones sanitarias seguras. Movilizaciones autoconvocadas exigieron “condiciones sanitarias y vacunación ya”

La vuelta a clases presenciales se dio en Jujuy a partir del 17 de febrero al igual que en la CABA, desde esa fecha hasta el momento ya se produjeron diez lamentables y evitables fallecimientos de docentes de la provincia. De esta manera, Jujuy encabeza el triste ranking de más muertes docentes por Covid en el país.

Mientras en AMBA y otras provincias comenzó la segunda ola con récords de contagios en la semana que pasó, tanto desde el Gobierno nacional como el provincial de Gerardo Morales, se insiste con el relato de que los contagios no se dan en los lugares de trabajo sino a partir de las reuniones sociales y el relajo de la población. Así, buscan desligarse de toda responsabilidad trasladándola a una cuestión individual. Sin embargo, el estado es responsable.

El último viernes se realizaron movilizaciones autoconvocadas en distintos puntos de la provincia bajo el lema “Condiciones seguras y vacunación ya”. Desde la Agrupación 9 de abril participaron de las mismas y plantearon que: “El gobierno es responsable de las muertes porque no se garantiza una presencialidad segura ni a nivel nacional ni provincial. Se desliga toda la responsabilidad en lo individual, pero no se dice que los grandes beneficiarios de mantener la economía abierta a como dé lugar son los empresarios. Decir que los contagios no se dan en lugares de trabajo ni en el transporte en el que se viaja hacinados es un enorme favor a los intereses empresariales que son los que priman a la hora de tomar decisiones. Lo mismo se puede decir frente a la irracionalidad de que la Argentina produce en el Laboratorio de Hugo Sigman de Escobar lo necesario para 40 millones de dosis de vacunas que se envasarán en México, pero a la Argentina llegarán sólo 900 mil. Como sólo plantea el Frente de Izquierda hay que declarar de utilidad pública los laboratorios y centralizar la salud pública y privada bajo control de los trabajadores para volcar todos los recursos a atender la salud de la mayoría popular, de ahí pueden salir las vacunas que están faltando mientras entramos a la segunda ola”.

Además, agregaron que “hay que volver a implementar un IFE de al menos $40000 para todos los que van a ver afectado su empleo o la posibilidad de “changuear” en el marco de una creciente informalidad. Como también otorgar licencias y dispensas a toda persona de riesgo y a las familias con hijos en edad escolar. No puede ser que en lo que va del año se fue más plata en pagos de la deuda que en lo ejecutado del presupuesto de salud. Hay que invertir las prioridades, las ganancias de algunos millonarios no pueden estar por encima de la salud de la población. Además, es necesario organizarnos desde abajo, en cada escuela, junto a las familias en comisiones de seguridad e higiene, también venimos exigiendo a las conducciones gremiales, empezando por la Ctera, que se pongan a la cabeza de estos reclamos y convoquen asambleas junto a las familias y la comunidad para avanzar en un plan de lucha común, tomando todos los recaudos sanitarios necesarios, y definir la comunidad educativa los pasos a seguir en cuanto a la presencialidad”.

La responsabilidad es del Estado

Como vienen denunciando desde distintos espacios de docentes autoconvocados en la provincia de Jujuy, las escuelas no están en condiciones para una vuelta segura a clases presenciales. También en distintas localidades las familias se han organizado y movilizado denunciando esa situación como a la vez pidiendo el nombramiento de docentes, ya que por las arbitrariedades del gobierno en el desplazamiento y reubicaciones de la planta docente, muchas escuelas del interior quedaron con altos faltantes de maestras.

Durante todo el 2020 cuando las escuelas estuvieron cerradas prácticamente todo el año desde el 16 de marzo, no se avanzó en la refacción ni en las obras de infraestructura necesarias para reacondicionar los establecimientos para la vuelta a clases presenciales. Tampoco desde el Gobierno se garantizan los elementos sanitarios y de higiene necesarios. En la mayoría de los casos, estos elementos los deben comprar las propias escuelas con plata de las cooperadoras, pero no todas las escuelas tienen las mismas posibilidades.

Tampoco se garantizan dispositivos tecnológicos ni conectividad para todos los estudiantes y docentes en una provincia que tiene altos índices de desconexión. El propio Ministerio de Educación reconoció el año pasado que alrededor de 41000 estudiantes no tienen posibilidades de conectarse. Esta realidad se enmarca en una provincia que tiene altos parámetros de pérdida de empleo, informalidad y pobreza creciente: el 25% de la población se vio obligada a cobrar el IFE durante el 2020, lo que da una imagen de la precaria situación socio-económica que viven las mayorías populares en Jujuy.

En cuanto a lo edilicio en la provincia funcionan 1380 instituciones en 600 establecimientos, según datos del propio Ministerio de Educación. Es decir que en un solo edificio conviven distintas escuelas lo que complica mucho más la situación frente a la pandemia. Al mismo tiempo, creció la desocupación y precarización laboral como también la pérdida salarial que implica para muchos docentes recargarse de cargos y horas en varias escuelas, lo que produce mayor exposición al contagio como también a propagar el virus.

El gobernador Morales reiteró en medios locales que “las escuelas no se cierran” y omite mencionar los fallecimientos de docentes, al igual que los medios locales hegemónicos. Pero este silencio no alcanza sólo a la provincia sino también a las autoridades nacionales como el ministro Trotta, que nada dice de las muertes docentes y que fuera repudiado en su última conferencia “on line” por miles de docentes y familias. Al igual que el gobernador, desde el Ministerio nacional se plantea que hay que mantener “una presencialidad cuidada”, de la que los gobiernos no se hacen cargo y deslindan responsabilidades sobre los trabajadores de la educación y las familias. Hay que recordar que una de las primeras provincias que visitó Trotta en el mes de enero fue Jujuy para avalar el plan de vueltas presenciales de Morales.

Morales adelantó las elecciones provinciales por pura conveniencia política para el mes de junio cuando se espera el pico de la segunda ola en la provincia. Para esto se calcula que se gastarán unos 600 millones de pesos que podrían orientarse a fortalecer un sistema de salud completamente precario, que cuenta con hospitales destruidos por un temporal y por la falta de inversión, como pasa en la localidad de Libertador General San Martín (que llegó a encabezar la tasa de mayor contagio cada cien mil habitantes el año pasado). El hospital Oscar Orias se inundó dos veces en las últimas semanas. Otro de los temas frente a los que Morales guarda silencio.

Sin embargo, Morales hace de la educación un eje de su campaña electoral con el planteo de que se construirán 258 escuelas, cuando en cinco años de mandato ni se refaccionaron las escuelas actuales, como pasa con el Colegio Nacional N° 2 de San Salvador cuya comunidad se moviliza desde hace dos años por la finalización de obras, mientras los estudiantes deben repartirse entre distintas instituciones sociales que no cuentan con las condiciones necesarias para el dictado de clases, menos aún en pandemia.

Se trata del EduPlan 21 que se enmarca en el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) a partir del cual el gobernador dice que se van a construir 258 nuevas escuelas y a reparar 700 edificios escolares.
En la página del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), uno de los entes que financian las obras de infraestructura, figura que en realidad se trataría de la construcción y equipamiento de 544 aulas, 103 nuevos establecimientos y la rehabilitación de 1119 aulas ya existentes, además de espacios administrativos, deportivos y comedores. Es decir que no son 258 nuevas escuelas como dice el gobernador, sino que, incluso son menos de la mitad de lo anunciado.

De acuerdo a esta información, se construirían “mini-escuelas” de 5 aulas, que no alcanzarían a cubrir el 15% del faltante de escuelas en la provincia. Por ahora lo único que se inauguraron fueron carteles y todo suena más a relato de campaña que a realidad. Lo mismo sucede con el anuncio de que se compraran miles de tablets para los estudiantes, por ahora solo relato. Además, a cambio de la financiación del crédito a los organismos extranjeros que lo otorgan se les brinda el privilegio de incidir en la modificación de los planes de estudio de acuerdo a sus intereses particulares.

Pero la realidad mata relato y la situación de la educación pública como la de la salud pública es completamente precaria en la provincia, lo que se expresa brutalmente en el fallecimiento de 10 docentes. ¿Qué va a pasar cuando llegue la segunda ola a la provincia si con bajos niveles de contagios la situación ya es ésta? La situación que afecta a la docencia frente a la pandemia no es muy distinta de la que vive el conjunto del pueblo trabajador empezando por los trabajadores de la primera línea de la salud o el caso de los trabajadores azucareros de la empresa Ledesma del millonario Carlos Pedro Blaquier, que se transformó el año pasado en la fábrica con más muertes por COVID. El gobernador Morales declaró que “las escuelas no se cierran, es igual que una fábrica o un supermercado”. Al igual que en las fábricas los que ponen los muertos son los trabajadores. Para Morales las vidas trabajadoras no importan y son sólo un número más, material descartable.

Si bien en la provincia el número de contagios diarios se mantiene relativamente bajo rondando los 50 casos, el nivel de testeos en cantidad también es muy bajo, pero la índice de positividad es del 23% muy por encima de lo que recomienda la OMS por debajo del 10% para una mejor ubicación, aislamiento y tratamiento de los casos positivos. Claramente no hay un plan pensado desde los intereses de las mayorías trabajadoras para prepararse para enfrentar la segunda ola, que ya llegó. (LID) Por Andrés García