Así lo refrendó el Gobierno mediante resolución del Ministerio de Trabajo. Es la prolongación del escandaloso acuerdo firmado entre la UIA y la CGT a fines de abril, que habilita suspensiones masivas y el recorte de un cuarto de los salarios.
Con la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Resolución 475/2020, el pacto tripartito que representó un aval para el ataque a los salarios y puestos de trabajo se prorrogará por sesenta días y tendrá vigencia hasta el 31 de julio.
Se trata del acuerdo llevado adelante por la cúpula de la burocracia sindical, la entidad que nuclea a los grandes empresarios de la industria y la cartera de Trabajo nacional y que tras su homologación Alberto Fernández calificó de “histórico”.
Desde aquel día hasta hoy se multiplicaron los casos por todo el país de las empresas que, amparándose en ese acuerdo aprovecharon para rebajar salarios a quienes no están cumpliendo tareas producto de la pandemia y para suspender (en algunos casos de forma masiva) personal con al argumento de una adecuación a las “necesidades productivas”.
Entre los varios establecimientos donde existió esta maniobra de “los vivos” de siempre, se destacó el caso de la ex Stani, actual Mondelez Planta Victoria, que luego de haberse “estockeado” decidió cerrar la planta y suspender a la casi totalidad de sus trabajadores recortando hasta casi una cuarta parte de su sueldo.
En esta fábrica los trabajadores, mediante asambleas y organización desde abajo, lograron evitar la maniobra por parte de la empresa, la cual pretendía reincorporar a los trabajadores suspendidos por tandas a su gusto y parecer. El escándalo fue tal que el diputado oficialista Máximo Kirchner se vio obligado a denunciar esa situación (avalada por su propio Gobierno) en una sesión del Congreso.
Vale decir que este plan de Mondelez (replicado en varias empresas de alimentación, automotrices, metalúrgicas, químicas, etc.) de reincorporar a sus trabajadores según sus preferencias una vez cumplido el plazo de las suspensiones, encuentra respaldo legal en la propia resolución oficial (397/2020) que plasmó aquel acuerdo entre los empresarios y la burocracia sindical.
Allí el texto indica que “los empleadores podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas”.
Pero no sólo fue la reconocida marca de golosinas la que intentó sacar provecho del entregador acuerdo firmado por los máximos dirigentes sindicales. Los casos se van sumando a medida que pasa el tiempo por todo el territorio nacional. Algunos de ellos son Toyota, Latam, Aerolíneas Argentinas (se encuentran cerrando el acuerdo), la aceitera Vicentin, la alimenticia de zona oeste El Orden Lagomarsino, el Expreso Argentino de Neuquén, entre otros.
A su vez, éstos se suman a las empresas que antes de la firma del acuerdo del 27 de abril ya habían suspendido y recortado los salarios. La resolución del Gobierno no tiene ninguna incidencia en esos ataques a los trabajadores producidos con anterioridad, incluso si la rebaja fue mayor al 25 % pactado (como el caso del gremio petrolero) porque esto también se encuentra amparado por el decreto oficial.
A pesar de que la crisis, profundizada por la pandemia del coronavirus, sigue haciendo estragos en las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, el Gobierno continúa con su línea de cuidar y garantizar las ganancias de las grandes empresas que durante años han acumulado milllones de dólares.
Mientras, para la clase trabajadora aún no llega un salario de emergencia de $ 30.000 para todo aquél que lo necesite, ni siquiera el insuficiente IFE que le fue negado a millones. (LID) Por Nicolás Milli
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