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Carta Pérez Esquivel sobre dinero recibido por Universidades nacionales de minera contaminante

Señor

Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional

Darío Pascual Maiorana

Señores/as

Rectores/as de las Universidades Nacionales[1]

S / D

24 de junio de 2009| Adolfo Pérez Esquivel |

Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.

Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en
relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos
provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.

En virtud de la ley 14.771[2] y sin mayor debate, el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 10 de
julio del 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue
luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990
mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de
Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la Universidad
Nacional de Patagonia es la única institución universitaria que rechazó
estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la
resolución 699 del 18 de mayo del 2009, el CIN aprobó una nueva
distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.

Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las
cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el
Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada
una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos
millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y
contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de
las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.

Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe
recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100
millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las
actividades agrícolas en los departamentos aledaños[3]; la contaminación del
agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las
enfermedades respiratorias[4], y provocó la muerte de muchos animales (tanto
ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos
es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera
ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones
actuales, sino también de las generaciones futuras.

Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de
Córdoba, "hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya
procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal.
Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades"[5]. Así, lo más
alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus
actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está
siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el
primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una
importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental.
Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la
intervención y la perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de
Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más. El fallo se apoya en
pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la
empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de
desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del
concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[6]. Ya en 2007, un
informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves
impactos ambientales causados por esta mina[7].

Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de
mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos
sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la
universidad goce de una total independencia para desarrollar sus
investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa
de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla
Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.

Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero
proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las
grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los
científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que
multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo
extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en
lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas
actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos,
investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al
discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por
estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos
luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones.

Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales, les pedimos tengan presente que
la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene
provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a
vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los
derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de
personas.

Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público y
estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia
de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al
debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país
que queremos.

Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo
y con la libertad académica, solicitamos que cumplen con la exigencia ética
de rechazar los fondos provenientes de YMAD.

Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y
adjuntamos información más detallada[8] respaldando nuestro pedido.

Les reitero mi fraterno saludo.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz.

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