Ajuste.Soja a precio récord: la plata va al FMI, no a un IFE de $ 40 mil que necesitan millones

La interna dentro de la coalición de Gobierno, que comenzó con novedades la semana, no se trata sólo de una discusión por la actualización tarifaria, suma incertidumbre al panorama económico. Frente a una crisis social, sanitaria y económica en curso, y la inflación en ascenso que pulveriza cada día un poco más los devaluados salarios de los trabajadores, la suba del 9% en la tarifa de luz a partir de mayo tiene dos efectos principales: 1) retroalimenta la dinámica inflacionaria; y 2) consolida los tarifazos aplicados por el macrismo superiores al 3000% entre 2015 y 2019.

El Frente de Todos que se niega a implementar un IFE para brindar una ayuda a más de 6 millones de informales y desempleados en pandemia, pero garantiza a través de subsidios el negocio para empresas como Edenor y Edesur, que se endeudaron en el último tiempo, no invierten un peso, los cortes de luz son muestra de eso. Incluso avanzan en planes de despidos sobre los tercerizados, tal es el caso de los trabajadores de EMA.

Las disputas entre el ministro de Economía, Martin Guzmán y el Subsecretario de Energía eléctrica, Federico Basualdo, también alimentaron las tensiones en el frente cambiario. Luego de las informaciones cruzadas y las no renuncias, este lunes el blue recobró la senda alcista cerrando a $153. Y en la bolsa porteña, el Merval retrocedió un 0,4%, a 48.872,51 unidades, una baja que se explica principalmente por la performance de Transportadora de Gas del Norte (-2,3%), Grupo Valores (-1,7%), y Grupo Financiero Galicia (-1,1%). El fin del veranito del dólar asoma impulsado por la creciente incertidumbre política de cara a las elecciones, los efectos de la segunda ola (o tercera) sobre la economía, y el acuerdo con el FMI. Aún con la soja en valores récord, superando en 200 dólares el precio de octubre de 2020, la brecha cambiaria vuelve al centro de la escena.

Fondos hay

Martín Guzmán eliminó del Presupuesto 2021 los fondos que habían sido destinados como “gastos por Covid” en 2020. Aplicador de un ajuste fiscal para satisfacer las exigencias del FMI, al quitar el IFE dejó a millones de informales y desempleados sin ayuda social. Sin embargo, ¿es cierto que no existen recursos para solventar las necesidades urgentes de los sectores más golpeados por la pandemia? Veamos:

*Agro Dólares: desde CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaron que en abril las empresas del sector liquidaron la suma de 3.031.403.008 dólares. El ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer cuatrimestre del año es casi de 10 mil millones de dólares.

El costo de un IFE de $40 mil para los 6 millones de personas que quedaron excluidas de las ayudas sociales asciende a $240.000 millones. Es decir, las exportaciones de oleaginosas y cereales (el 48% del total de exportaciones) entre enero y abril equivalen a cuatro rondas de IFE de $40.000 para 6 millones de personas. Sólo en los primeros tres meses del año lo recaudado por retenciones a las exportaciones alcanzó a $ 210.000 millones.

*Impuesto a las grandes fortunas: se conoció que en abril ingresaron $223.000 millones por este monto que pagaron casi 10.000 mega ricos. Esta previsto que la mayor tajada de estos fondos, un 25% que equivalen a $55.000 millones, vayan a financiar programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, sin cuestionamiento del fracking contaminante que despliegan.

Aún así, esta suba de la recaudación fiscal récord no sería suficiente para garantizar un paquete de ayuda social que logre garantizar un IFE de $ 40.000 a todos los que lo necesiten, por el tiempo que les lleve encontrar un empleo por ejemplo. Para solventar estos programas, primero es preciso afectar las ganancias de los empresarios y multinacionales, de la banca privada y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Incluso esta misma semana el país deberá afrontar pagos por intereses con el FMI por más de 300 millones de dólares. Esta suma es el doble de lo destinado por el Gobierno para financiar el bono de $15.000 que alcanzaría a 1 millón de personas en el AMBA.

Invertir las prioridades para enfrentar el colapso

La interna abierta entre Guzmán y Basualdo refleja un problema de frazada corta, agudizado con la cercanía del invierno. Como decía Carlos Pagni en su editorial televisiva “esta crisis empieza con que se va Basualdo y termina aclarando que no se va Guzmán.” La inestabilidad política de la coalición de Gobierno de fondo está marcada por los límites de una profunda crisis económica y la decisión de descargarla sobre las mayorías trabajadoras. Aumentar más o menos las tarifas, no traerán ninguna solución de fondo.

La situación sanitaria es crítica debido al recorte presupuestario que se refleja en la escasez de insumos, camas disponibles, y salarios que están lejos de cubrir la canasta familiar de piso para los trabajadores del sector. Tampoco hay un plan para frenar la suba de precios, que ahoga en deudas a los hogares del país cada día, hasta cuestiones elementales como comer carne se volvieron un lujo. El alza inflacionaria no sólo erosiona el poder de compra de los salarios, también alienta las presiones devaluatorias.

Esas siguen siendo las prioridades del Gobierno, del “siga, siga”, bajo el régimen del FMI. A pesar de la interna y las chispas, Guzmán y Basualdo son parte de una coalición gobernante que comparte no afectar las ganancias privadas, sino todo lo contrario. Un Gobierno dispuesto a negociar con el FMI una deuda impagable y fraudulenta desde su origen. El Stand By del macrismo, fue catalogado como un acto fraudulento por el mismo Alberto Fernández, quien cuestionó su pago.

Se trata de pensar una salida de fondo ante la crisis social, sanitaria y económica que empiece por impulsar el desconocimiento soberano de la deuda, enmarcada en un conjunto de medidas como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, que busquen frenar la fuga de divisas y las presiones devaluatorias. En plena segunda ola, como propone el Frente de Izquierda es necesario implementar medidas de emergencia que incluyan un plan de vacunación masiva, la liberación de las patentes; y la recomposición salarial, para que el SMVM sea igual a la canasta básica de $60.000 y un IFE de $ 40.000. (LID) Por Guadalupe Bravo / Economista