Ajuste.En medio de la crisis sanitaria, las prestaciones sociales cayeron más de un 40 % en un año

Es la baja en abril en términos reales en relación al mismo mes de 2020. Fernández anunció nuevas restricciones. Los sectores precarios son los que no pueden quedarse en su casa cuando los ingresos ya no alcanzan. Las medidas económicas no llegan a la totalidad de estos sectores. De fondo, el lock out patronal en rechazo a la decisión oficial de suspender las exportaciones de carne.

El Gobierno anunció este jueves un confinamiento estricto por nueve días en las zonas de alto riesgo y de alerta epidemiológico ante el agravamiento de la pandemia de coronavirus. Alberto Fernández sostuvo que "estamos viviendo el peor momento de la pandemia" y prometió reforzar el plan de vacunación que está demorado. Las vacunas llegan a cuentagotas.

El presidente también comunicó la ampliación de la ayuda social (Repro, las tarjetas Alimentar, y programas sociales), pero no habrá un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia que alcanzó a nueve millones de personas. Las prestaciones sociales acumularon en el primer cuatrimestre del año una caída del 14 % en términos reales (si se descuenta la inflación) en relación al mismo período del 2020, fundamentalmente debido a la eliminación del IFE. Decisión apoyada por toda la coalición de Gobierno al aprobar el Presupuesto 2021. Ante las nuevas restricciones, ¿de qué vivirán los trabajadores informales y desocupados? No hay respuestas oficiales para estos sectores.

En este contexto, la Comisión de Enlace de las Entidades Agropecuarias, que nuclea a la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Rural Argentina (CRA), Coninagro, y la Federación Agraria Argentina (FAA) decidió un "cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna" desde este jueves hasta el viernes 28 de mayo. La medida es en rechazo a la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días que dispuso el Gobierno para contener la suba de precios.

Recorte criminal en programas sociales
Alberto Fernández anunció medidas de asistencia económica y sociales, son más recursos que destina luego de ajustar fuerte el Presupuesto de este año (eliminación de IFE, ATP, etc.) bajo el supuesto que no habría rebrotes o segunda ola de covid-19.

Las prestaciones sociales cayeron en términos reales en abril 42,4 % en relación al mismo mes del año pasado, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El documento advierte que al desagregar en programas sociales “si bien existe un constante crecimiento del gasto asociado a las medidas implementadas durante el año en curso (aumento 50 % Tarjeta Alimentar en febrero, $ 15.000 a AUH AMBA, REPRO II a sectores afectados), el nivel de ejecución en abril de 2021 totalizó $ 53.503 millones, resultando 61,7 % inferior en términos reales al registrado en igual mes del 2020 ($ 95.591 millones); fundamentalmente debido a la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. Es decir, hay un importante recorte en términos reales de los programas sociales en relación al 2020.

Las nuevas medidas no contemplan a la totalidad de los 9 millones que cobraron el IFE. El bono de $ 15.000 para AUH y los monotributistas de las categorías A y B solo representan un 27 %, y un 8 %, respectivamente de lo que alcanzaba el IFE. El 62 % de los que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia eran trabajadores informales o desocupados, según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina Claudio Lozano, quien funcionario del Gobierno. Los trabajadores precarizados y desocupados son los más castigados con las nuevas restricciones. La desocupación afecta a más de dos millones en todo el país.

¿Por qué el Gobierno no otorga un IFE de $ 40.000? como denunció Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, en un año se paga de intereses de Leliq (ganancias para los bancos) lo mismo que otorgar un IFE de $ 40.000 para nueve millones de personas por dos meses. Intereses que Alberto Fernández prometió durante la campaña electoral que no pagaría.

Además, este año habrá un ingreso de dólares por exportaciones agrarias superior a lo habitual por los elevados precios de las materias primas. Los derechos de exportación (retenciones) crecieron en abril en términos reales un 94,4 %. También habrá un ingreso adicional a lo proyectado.

El Gobierno también podría buscar recursos adicionales, pero en plena segunda ola pagó al FMI U$S 300 millones en concepto de intereses por el préstamo Stand-By que otorgaron a Macri. Hay que invertir las prioridades, lo primero tiene que ser atender las necesidades de millones que la están pasando mal.

Comer carne se volvió un lujo
La decisión oficial sobre el cierre de exportaciones de carne llegó tras la disparada de los precios. Según datos del Indec, la carne y derivados subió entre 65 % y 70 % en el último año, dependiendo de la región del país. Un incremento superior a la inflación interanual promedio de 46,4 %.

El consumo interno se desplomó. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita "fue el menor de los últimos 100 años, llegando a 45,2 kg/hab/año equivalentes". Son las consecuencias de los precios altos y los salarios atrasados. Ingresos que cada vez alcanzan menos para llegar a fin de mes como bien describieron los lectores en la Comunidad de La Izquierda Diario.

En tanto, las exportaciones de carne se triplicaron entre 2010 y 2020. Según un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), los 10 principales exportadores concentran más del 75 % de las ventas al exterior, según publicó elDiarioAR. Entre los principales frigoríficos se encuentran JBS, Marfrig, Gorina, Arre beef (cuyo dueño despidió a trabajadores que reclamaban un aumento salarial), entre otros.
El Gobierno decidió avanzar con la medida, que no fue consultada con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, luego de conocerse las maniobras especulativas que realizaron los grandes frigoríficos como evasión, subfacturación, según publicó Diego Genoud en elDiarioAR. También, el Ministerio de Agricultura suspendió en febrero a 15 empresas por haber operado en la informalidad, según señaló Alejandro Bercovich en Bae Negocios. Poco sorprende estas prácticas patronales. En un país con elevada inflación causada por varios factores, los empresarios aprovechan para sacar una tajada extra y remarcar precios.

Se espera que haya una negociación con las empresas del sector. Fernández ya retrocedió con una medida similar a comienzo de año con el sector del maíz. Según trascendió en algunos medios, la exportación se podría reabrir si las patronales se comprometen a reducir el precio de la carne. Difícil, que haya un retroceso de los precios. Mientras tanto el chantaje sigue. La industria del sector anticipó que se empezarán a sentir los aumentos de precios que hubo en el Mercado de Liniers y advierten que podría haber desabastecimiento después del fin de semana largo.

Las medidas oficiales fracasaron para evitar el salto de los precios. Es necesaria la apertura de los libros de contabilidad de las empresas que permitiría conocer la estructura de costos y el estado de las ganancias empresarias, y así evitar las maniobras. El control de los precios debería estar en manos de comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de bienes esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.

El comercio exterior no puede quedar en manos de un grupo reducido de capitalistas. Se necesitan medidas de fondo como el monopolio estatal del comercio exterior y la expropiación de los grandes terratenientes. (LID) Por Mónica Arancibia