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Acuerdo porcino con China: ahora Cancillería quiere incorporar un "artículo ambiental"

¿Recalculando? Tras llamar "juventud urbana" a quienes protestan contra las megagranjas, ahora Felipe Solá posterga hasta noviembre la firma del memorándum. Las protestas se mantienen.

31 de agosto de 2020

A pocos días de que Jorge Neme, un alto funcionario de Cancillería, anunciara la inminente firma este martes del memorándum de entendimiento con China para instalar megagranjas porcinas, el tuit de Cancillería este domingo por la noche postergó el cierre del acuerdo para el mes de noviembre. La justificación es, al decir del escueto comunicado del Ministerio, la incorporación de “un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”. Es por lo menos curioso que normativas como la Ley General de Ambiente no se hayan tenido en cuenta si se considera que negocian con el Gobierno chino desde al menos marzo de este año, según la propia Cancillería informó.

“Es un tema que ha sensibilizado a una parte de la población, sobre todo a una parte de cierta juventud urbana, muy interesada en las cuestiones ambientales, y con una mirada también muy urbana respecto de cómo se produce en el sector agropecuario, con una idea de que casi todo lo que estamos produciendo en la gran región pampeana […], lo que se llama agronegocio, debe ser cambiado. Y esa idea es menester discutirla porque creo que se parece a decir que nuestra sociedad es una sociedad con clases sociales y debe ser cambiada… Como si lo pudiéramos hacer en cuatro años…”. Con estas chicanas Felipe Solá comenzó el 26 de agosto pasado su intervención en el panel virtual organizado por el Movimiento Arraigo a propósito del acuerdo porcino.

Desde el primer anuncio el 6 de julio pasado,muchos han sido los vaivenes de Cancillería en la comunicación de las negociaciones: de nueve millones de toneladas para “dar absoluta seguridad a China durante muchos años” (sic) se arrancaron párrafos y se bajó drásticamente la cantidad a la que se comprometería Argentina: novecientas mil toneladas. Más tarde, a solicitud de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS-FIT, la cartera exterior aseguró que se trataba de esa cantidad “en cuatro años”, con un total de “300 000 madres: 60 000 el primer año y 80 000 los tres restantes”. La semana que pasó se filtró un documento donde el Ministerio de Agricultura informa que habría 12 000 madres por establecimiento de al menos cien hectáreas en zonas que no se inunden y con un consumo diario de 1 500 000 litros de agua por cada granja.

En medio, la frase presidencial que daba aval a las negociaciones de Solá: “Tenemos que empezar a pensar cómo el Estado ayuda al desarrollo de la agroindustria, porque lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y empezar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada en el mundo”.

A cuentagotas, parcial, con cambios y correcciones, tuits borrados, marchas y contramarchas. Así se presenta la información oficial sobre el memorándum con China, que el propio documento de Agricultura presenta como “el mayor proyecto porcino de Argentina” y cuyas consecuencias, en caso de avanzar y consolidarse, se sentirían en el norte y sur del país, regiones con crisis hídrica y asediadas ya por la contaminación de la megaminería y el fracking. La actuación del ministro Juan Cabandié, titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le ha valido críticas que se suman a las ya recibidas por su rol en el ataque de fines del año pasado a la ley 7722 de Mendoza, las quemas por parte del agronegocio en estos últimos meses en el delta del Paraná y recientemente en Córdoba, por citar algunos ejemplos.

Sectores del movimiento ambientalista y la izquierda no bajaron la convocatoria para este lunes a las 18 en Plaza de Mayo y otros puntos del país. La larga tradición de lucha contra el extractivismo en Argentina da cuenta de que solo la movilización popular más amplia podrá torcer el brazo a los planes de un Gobierno que decidió pagar la deuda fraudulenta e ilegítima hipotecando la salud y el futuro de los habitantes y el ambiente. (LID) Por Valeria Foglia

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