Veto presidencial: hacia nuevas crisis y ajustes de la mano del FMI

El anunciado veto presidencial a la ley que buscaba limitar los tarifazos sintetiza de algún modo una importante contradicción que será fuente de nuevas crisis y lucha de clases en el próximo período.

Condicionado por el contexto internacional y la corrida cambiaria, el Gobierno nacional pacta con el FMI una nueva y más acelerada etapa del plan de ajuste cuando se encuentra en su momento de mayor debilidad política desde diciembre de 2015. Como demuestran todas las encuestas, su imagen viene en caída desde el saqueo a los jubilados a fines de 2017.

A raíz de esto, por derecha le han cuestionado fuertemente al oficialismo no haber encarado estos ataques cuando contaba con mayor capital político, lo cual los hubiera hecho más viables, de acuerdo a la visión de los más ortodoxos. Ahora, sin margen por la acumulación de contradicciones estructurales, responde de contragolpe en malas condiciones.

Lo cierto es que para el Gobierno resulta crítico el hecho de que ya en el comienzo de una nueva etapa del ajuste, en el que falta mucho por recorrer, la política económica concentre un enorme rechazo social. Es este clima el que explica que hasta dadores crónicos de gobernabilidad como Miguel Ángel Pichetto hayan optado esta vez por votar la ley para limitar los tarifazos.

De todos modos, sin que haya tiempo para seguir debatiendo lo que sucedió, menos de 24 horas después del veto ya están en marcha nuevos tarifazos. Este viernes aumentan los boletos de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, así como las naftas y el gasoil. Más leña al fuego para irritar el humor social.

Asimismo, para los próximos meses ya están anunciados nuevos aumentos en la luz y el gas, mientras que la devaluación del peso frente al dólar hará sentir crecientemente el aumento de precios en toda la economía, y el enfriamiento de la actividad redundará en nuevos despidos.

Todo esto, aún sin conocer el acuerdo que se está pactando en Washington con el FMI a espaldas del pueblo trabajador, pero que sin dudas incluye un mayor recorte fiscal y achicamiento del Estado. Pueden dar cuenta de ello, para empezar, todos los trabajadores de la administración pública nacional a quienes les han ofrecido un 12 % de aumento salarial, cuando se espera que el incremento de precios de 2018 se acerque al 30 %. Es tan solo un adelanto de lo que vendrá.

El rechazo social al ajuste, que ya es muy grande, no hará más que incrementarse en los próximos meses. La debilidad política del Gobierno para encararlo pronostica entonces nuevas crisis y eventos de la lucha de clases para el próximo período, en las que el pueblo trabajador tendrá la oportunidad de dar vuelta la historia.

Recalculando
El descontento social es tan amplio que ya logró algunos “milagros”.

No solo Pichetto y otros peronistas votadores seriales de leyes macristas rechazaron los tarifazos, sino que también Andrés Rodríguez de UPCN dice rechazar la paritaria que le ofrecen a su gremio. Por su parte, los triunviros de la CGT salen hoy de sus cómodos sillones para movilizarse a Plaza de Mayo, en el marco de la Marcha Federal.

Sin embargo, los reacomodamientos no son milagros reales, sino que responden a cálculos bastante terrenales. No solamente están dictados por el malhumor social, sino que también son científicamente dosificados en función de la estrategia peronista de prepararse para 2019, que busca capitalizar el descontento pero sin proponerse voltear el plan de ajuste.

El peronismo y la burocracia sindical cumplen el doble rol de oponerse al macrismo ofreciendo a su vez una válvula de contención para que el descontento social no implique un nuevo salto de la lucha de clases. Si los tarifazos o los techos a las paritarias aún no han caído a pesar del gran descontento social, he aquí la explicación principal.

En esta política coinciden tanto las cúpulas del kirchnerismo, como las distintas alas del peronismo federal o el Frente Renovador. Lo que son malas noticias para el pueblo trabajador, para ellos son buenas, ya que comienzan a ver perspectivas para 2019, impensables seis o siete meses atrás.

De lo que no se han ocupado, durante este tiempo, es de presentar un programa alternativo al del macrismo, como se vio en el debate por los tarifazos, en el que no cuestionaron a las empresas privatizadas desde el menemismo, o en el de la deuda, en el que ninguno de ellos propone dejar de pagar este saqueo ilegal, ilegítimo y fraudulento.

En la falta de voluntad para enfrentar realmente los ataques del macrismo juega un rol clave la demoradísima convocatoria a un paro nacional por parte de las cúpulas de las centrales sindicales. Por estas horas se debaten sobre si llamarlo con modalidad “dominguera” antes del mundial, o ni siquiera eso.

Saben de esto los protagonistas de las principales luchas del último tiempo, que no han contado con su apoyo. No solo los enrolados en la CGT, sino también en las CTA, como los trabajadores del subte, los mineros de Río Turbio o los docentes de Neuquén, que, en el mejor de los casos, han contado con apoyos testimoniales por parte de sus centrales sindicales, cuando no han sido directamente abandonados a su suerte.

El caso del subte muestra también la voluntad del Gobierno de recurrir a la represión como parte de su plan de ajuste. Aunque la reacción popular, en cada uno de los ataques, puede hacer que los costos que pague el oficialismo lleven a nuevos saltos en la crisis.

Quién paga el ajuste
El recorte fiscal, cuando recién está en su comienzo, ya ha disparado la discusión sobre quiénes pagarán los costos de la crisis.

Las patronales del campo, ante el solo rumor de algún cambio en la política de retenciones, triunfaron en su “plan de lucha” en menos de 24 horas. Bastaron algunas declaraciones mediáticas para que el macrismo les ratificara que sigue gobernando para ellos.

Los especuladores financieros, con una corrida, lograron una tasa del 40 % para seguir con la bicicleta de las Lebac y la búsqueda de un acuerdo con el FMI para asegurar que el negocio continúe.

Inversa es la situación de las luchas de los trabajadores, como los mineros de Río Turbio o los docentes de Neuquén, que tuvieron que pelear durante meses para conseguir resultados. O los trabajadores del subte, que llevan casi dos meses de lucha y solo han recibido ataques. Entre otros casos.

En cada una de estas peleas se fortalece la organización y resistencia de la clase trabajadora contra el ajuste, que junto con la organización de agrupaciones clasistas en cada lugar de trabajo, debe prepararse para disputarle a la burocracia la dirección de los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos, así como coordinar las luchas. También el movimiento de mujeres tiene un desafío inmediato, a pocos días de que se discuta en diputados la ley por el aborto legal, seguro y gratuito.

Al calor de estas y otras peleas, es necesario dar pasos urgentes para construir una alternativa política de la clase trabajadora, sin burócratas e independiente de los empresarios, para que la historia no termine en un nuevo saqueo histórico, sino que la crisis la paguen los capitalistas.