Tucumán: Tras el caso Espinoza, en el Gobierno de Manzur comienzan a hablar de una “reforma policial”

El crimen de Luis Espinoza a manos de la Policía continúa teniendo sus réplicas en el escenario político. Hasta ahora Alberto Fernández continúa guardando un estruendoso silencio sobre el asesinato del trabajador rural. Aún cuando tuiteó sobre las aberrantes imágenes de la Policía chaqueña, el presidente no dice nada sobre lo que pasó en la provincia de su amigo Juan Manzur. Incluso, habiendo visitado la provincia cuando aún había esperanzas de encontrar a Luis Espinoza con vida. Todo silencio es político.

Del otro lado, la oposición reunida alrededor de Cambiemos buscó sacar rédito político del caso. Con un comunicado que a primera vista —y en las sucesivas— parece apócrifo, Patricia Bullrich y compañía denunciaron violencia institucional. Si, los negacionistas del crimen de Santiago Maldonado, los entusiastas de la “Doctrina Chocobar” y ahora en el centro de los espionajes ilegales, que en Tucumán tuvieron expresión en la senadora Silvia Elías de Pérez y el diputado José Cano.

Para las victimas de gatillo fácil y organizaciones sociales y polítcas, sigue el reclamo por juicio y castigo a los responsables materiales y políticos, comenzando por la renuncia del ministro de Seguridad Claudio Maley.

Durante la semana pasada, los funcionarios de Manzur anunciaron una reforma policial sin fecha. En el centro de los anuncios estuvo el ministro Maley, el mismo que días antes en la Legislatura negó la necesidad de una reforma. Claramente, este anuncio no responde más que a la coyuntura.

La reforma anunciada se trata de una reestructuración de la Ley Orgánica de la Policía (actual ley Nº 3.656), creándose el Sistema Integral de Seguridad Pública. Allí estará tanto la Policía y el Servicio Penitenciario. Además del Jefe y Subjefe de Policía, existirá un Superintendente de Gestión en Seguridad Pública que tendrá bajo su órbita a tres órganos que reemplazarán los actuales Departamentos policiales.

Además se comienza a hablar de una “profesionalización” de las fuerzas policiales y penitenciaria, señalando que “ningún Oficial Jefe y Superior podrá ascender si no obtiene títulos terciarios o universitarios o de posgrado para los Superiores y una capacitación adecuada en derechos Humanos, uso racional de la fuerza pública y violencia de género”. Por otro lado, un grupo de legisladores de Cambiemos presentó un proyecto con algunas diferencias de forma respecto a lo que trascendió por el oficialismo.

Reformar lo irreformable
La idea de anunciar una reforma luego de un escandaloso crimen no es un novedad sino que se trata de una manera de sostener el status quo. “Cuando se producen crisis de legitimidad policial —a menudo tras protestas dramáticas y populares contra patrones espectaculares o de larga data de violencia policial racista contra los pobres— se movilizan los diversos actores y organismos de la reforma policial”, afirman David Correia y Tyler Wall en su libro Police: a field guide.

Las comparaciones entre el caso de Luis Espinoza y las decenas de violencia policial en Chaco, San Luis o Berazategui con el asesinato racista de George Lloyd en Estados Unidos pueden ser pertinentes a la hora de pensar la reforma policial como solución. En The end of policing, el sociólogo estadounidense Alex S. Vitale plantea los grandes límites que han tenido todos los tipos de reformas. Sus afirmaciones son interesantes para la actualidad, ya que en su libro parte de las reformas anunciadas por la Policía de Nueva York luego del crimen racista de Eric Garner, en 2014. Las últimas palabras de Eric habían sido, como las de George Lloyd, “no puedo respirar”.

Vitale describe el fracaso de estas reformas, tanto en forma como en contenido. Por un lado, “la formación en la diversidad y lo multicultural no es una nueva idea pero tampoco es demasiado efectiva”; los crímenes racistas lo demuestran. Y por el otro, para el autor “la policía norteamericana recibe un gran formación. Casi todos los oficiales asisten a una academia de policía organizada y muchos tienen experiencia universitaria y/o militar. También hay un entrenamiento continuo”. Palabras más, palabras menos, los lineamientos que plantea el gobierno de Manzur.

Mirando más cerca, en Chaco el gobernador Jorge Capitanich encabezó a principios de año diversas reuniones, con organismos de derechos humanos, de un comité de prevención de la tortura. “Estamos trabajando en una clara política contra la violencia institucional y la discriminación en el sistema carcelario a fin de garantizar una provincia libre de violencias”, decía Capitanich. En marzo anunció reformas a raíz del caso de Juan Ángel Greco, un joven que en 1990 murió tras ser detenido ilegalmente y ser alejado en una celda que luego fue incendiada. Nuevamente, a las palabras se las llevan los hechos aunque Capitanich pida disculpas.

Pensar la reformabilidad de las fuerzas policiales no es sólo un ardid estatal durante las crisis sino que también se replica en los discursos y propuestas de organizaciones de derechos humanos y políticas. De hecho, personalidades como Raúl Zaffaroni van más allá y plantean la sindicalización de la Policía. Una idea que es una realidad bastante extendida en el caso de la Policía norteamericana, donde los sindicatos policiales surgieron como una respuesta corporativa para defenderse frente al movimiento por los derechos civiles. En la actualidad, funcionan como manera de protegerse judicial y políticamente, y por eso en las actuales movilizaciones hay sectores planteando la expulsión de los sindicatos de policías de las centrales sindicales

Con el caso Espinoza, como en cada caso, el Gobierno desempolvó la teoría de la manzana podrida como manera de que no se cuestione al conjunto de la Policía. Otros, ya en el campo de quienes denuncian el crimen a manos de policías, utilizaron el eufemismo de “violencia institucional”. Aunque este concepto refleje una realidad, al mismo tiempo la parcializa y no llega la fondo de la cuestión: la irreformabilidad de la Policía y su rol de control y represión social al servicio del Estado de los grandes capitalistas. (LID) Por Maximiliano Olivera