Tucumán: Los cómplices civiles de Bussi y Videla

Durante el juicio por la megacausa por el Operativo Independencia se conoció un informe con los designados en la Fiscalía de Estado entre mayo y octubre de 1976. Aparecen nombres como los de la jueza Hebe López Piossek, que el año pasado anuló las elecciones en Tucumán.

El juicio por la megacausa Operativo Independencia, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán sigue arrojando luz sobre hechos ocurridos en 1.975, antes del golpe militar y durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón.

Es considerado como una especie de laboratorio para llevar adelante, después del 24 de marzo de 1.976, una sanguinaria y feroz represión que incluía los métodos ensayados en Tucumán, centros clandestinos de detención (como la Escuelita de Famaillá), secuestros, torturas y desapariciones. Además de una estrecha colaboración entre fuerzas policiales, militares y actores civiles.

Entre los documentos que se acercaron al TOF, integrados por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi (sustituto), se encuentra un informe de la Fiscalía de Estado de la Provincia, en el cual se consigna el personal nombrado en esa dependencia entre mayo y octubre de 1.976. Según el listado remitido al tribunal, en la Fiscalía fueron designados entre otros José Ricardo Abba, actualmente imputado en la Megacausa y Hebe López Piossek, jueza de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que el año pasado, junto a Norberto Salvador Ruiz, anularon las elecciones en la provincia. Posteriormente el fallo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.

López Piossek ingresó el 27 de mayo de 1.975 como asesora legal ya con la dictadura de Jorge Videla instalada en la Argentina y con Antonio Domingo Bussi como amo y señor de la vida de los tucumanos.

También fueron nombrados Antoni De Mathus, Alberto Román Area Maidana, Pedro Andrés Bartolletti, Angel Humberto Bustos, Federico Colombres, Eduardo Luis Díaz Romero, Arturo Forenza, Manuel Francisco, Argentina Blanca Herrera de Villavicencio, Eugenia Zaida Lobo de Gerardi, José A. Mosqueira, León Páez de la torre, Gilda María Pedicone de Valls, Esteban Miguel Rodríguez Merino y Carlos Valls.

Muchos de ellos, con la llegada de la democracia siguieron ocupando cargos de relevancia en sucesivos gobiernos, ya sea en el Poder Ejecutivo o Judicial.

El juicio por la megacausa comenzó el 5 de mayo pasado. Si bien es el doceavo por crímenes de lesa humanidad que se celebra en la provincia y el más grande, es el primero que aborda crímenes de ese tipo durante un Gobierno constitucional. Las víctimas suman 271 y los imputados, 19.

Un breve resumen

Un total de 723 acusados por delitos de lesa humanidad fueron condenados y otros 76 recibieron la absolución en 167 sentencias dictadas desde 2006, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad tras la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La estadística actualizada al 30 de septiembre fue divulgada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el sitio oficial www.fiscales.gob.ar

El juzgamiento de acusados comenzó después de que el Congreso Nacional declaró en 2003 la nulidad de las llamadas leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) y de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en junio de 2005.

Sobre el total de 2.541 imputados, 799 recibieron sentencia (723 condenados y 76 absueltos), 817 están procesados, 157 recibieron la falta de mérito, 44 fueron sobreseídos y 278 sólo imputados. Además, en el caso de 31 indagados sigue sin resolverse su situación procesal, cinco fueron declarados incapaces de seguir adelante en procesos judiciales, 365 fallecieron y 45 permanecen prófugos, sin contar al represor Jorge Olivera, quien se profugó tras haber sido condenado.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auaty coordinada por Carolina Varsky, informó desde otra perspectiva que, del total de imputados, 1057 están detenidos (42%), 1003 en libertad (39 %), 435 fallecieron con o sin condena (17 %) y 46 están prófugos.

De los 1057 detenidos, 527 están alojados en establecimientos penitenciarios, 494 cumplen arresto domiciliario y 16 permanecen en dependencias de fuerzas de seguridad federales, provinciales, hospitales y/o detenidos en el exterior, mientras que se carece de datos respecto de otros 20. En total, se registran en todo el país 561 causas activas por crímenes de lesa humanidad. (Primera Fuente)