Triaca, el legado de su padre y las políticas neoliberales de los ’90

Desde la asunción de Cambiemos, en diciembre de 2015, la sombra de las políticas neoliberales de los ’90 aparece tras la figura de Mauricio Macri y su gabinete. La estética personal de los políticos, la de sus actos, sus discursos, y por su puesto sus políticas e ideología son los elementos centrales que empujan a esa comparación.

En este marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tiene un lazo más que estrecho con esa etapa histórica reaccionaria que significó un brutal avance sobre las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, en favor de los intereses patronales. Su padre, Jorge Triaca, comandó el mismo ministerio que él entre 1989 y 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, y fue el responsable, entre otros funcionarios, de la concreción del proceso de privatizaciones que dejó más de 500 mil trabajadores en la calle. Renunció luego de que fracasara su proyecto denominado Ley de Empleo, que pretendía varias modificaciones similares a las que propone el Gobierno nacional. Sin embargo, este fracaso no implicó ni su alejamiento de la política, ni la deriva de sus planes neoliberales. Lejos de sus tareas como funcionario se abocó de lleno a terminar de privatizar Somisa, cargo que ocupaba en paralelo en el último tiempo de su paso por el ministerio, y por el que afrontó causas judiciales por malversación de fondos y pagos de sobreprecios. Veamos su historia para pensar algunas similitudes y diferencias.

Los orígenes de Triaca

Con la gestión de Cambiemos se puso de moda el concepto “estar de los dos lados del mostrador” como manera de denominar a aquellos funcionarios que ejercen cargos públicos que son incompatibles con sus actividades empresarias.

Podemos decir que Triaca padre hizo escuela en eso, pero estando del "otro lado". Antes de ser funcionario fue dirigente sindical y también sacó tajada en beneficio propio, en este caso traicionando los intereses de sus “representados”, los trabajadores. Formado y apañado por dos burócratas sindicales peronistas como Augusto Vandor y José Rucci, Triaca comenzó dirigiendo el sindicato del Plástico en los ’70. Durante la última dictadura cívico militar formó parte del ala “participacionista” de la burocracia. Encabezó la Comisión de Gestión y Trabajo para dialogar con el Gobierno militar y participó de la asunción del genocida Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las Malvinas. Cuando declaró en el Juicio a las Juntas, en 1985, negó con cinismo, conocer “casos de trabajadores desaparecidos”. En 1982 asumió como secretario general de la C.G.T. Azopardo, enfrentado a Saúl Ubaldini, y desde ese lugar siguió siendo un “participacionista”. En 1985 fue elegido diputado por el Frente Justicialista de Liberación, liderado por Herminio Iglesias. Dos años más tarde, apoyó la campaña de Carlos Menem (1989-1999), quien lo recompensó con el Ministerio de Trabajo cuando llego a la presidencia.

Las privatizaciones y el rol de Triaca

“Yo soy Ministro de Trabajo, no de los trabajadores”, dijo Triaca ni bien asumió. Y explicó de la siguiente manera la tarea del nuevo Gobierno: “formar un nuevo bloque de poder social, político, económico y tal vez militar para llevar a cabo la reconstrucción del capitalismo argentino”. Adelantaba así cuál sería su misión. Utilizar su influencia en la esfera de la burocracia sindical para hacer pasar la ofensiva reaccionaria neoliberal en pos de la “reconstrucción del capitalismo argentino”. Así fue como, gracias a la invalorable colaboración de las conducciones sindicales burocráticas de los gremios, el Gobierno menemista pudo llevar adelante lo que anunció el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), en boca de dos de sus ministros, Juan Sourrouille (Economía) y Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos), pero no pudo concretizar: la privatización de los servicios públicos, que implicó más de 500 mil despidos, millonarias ganancias para los empresarios adjudicatarios de las licencias (como el grupo Macri con la concesión del Correo Argentino) y el empobreciendo del servicio, ya que los usuarios debieron afrontar aumentos en sus tarifas y malas prestaciones, entre otras cosas. Planes de privatización, que dicho sea de paso, fueron planeados y controlados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

En agosto de 1989, Menem logró que se apruebe en el Congreso la Ley de Emergencia Administrativa y de Reforma del Estado (Ley 23.696). Obtenía, así, el marco legal que le permitió llevar adelante el proceso de privatizaciones. Esta ley contemplaba, además el Programa de Participación Participada (PPP) que otorgaba a los gremios el 10 % de los paquetes accionarios de las empresas privatizadas. Inmediatamente, consiguió la aprobación de la ley de Emergencia Económica (Ley 23697), que disponía medidas para garantizar “la eficiencia y productividad en el sector público y establecía la no contratación de empleados por tiempo indeterminado”. Además, incluyó el despido de trabajadores no concursados y la reducción en los cálculos por el pago de antigüedad y de indemnización por despido.

Con este envalentonamiento, y luego de que el Gobierno nacional ganara las elecciones legislativas de 1991, Triaca emitió una resolución mediante la cual la CGT San Martín, alineada en forma total con el Gobierno, se convertía en la única con derecho a usar esa sigla oficialmente, ocupar el edificio y tener la afiliación gremial. Buscaba limar el poder de la CGT Brasil, dirigida por Ubaldini, y aumentar el de la otra ala de la burocracia. Por ese tiempo también, Triaca delinea el proyecto de Ley de Empleo, mediante el cual pretendía: introducir modalidades contractuales de trabajo precario, desarticuladas de los sistemas de salud y de seguridad previsional; modificar a la baja indemnizaciones por despido; impulsar una ley de accidentes de trabajo, que imponía topes indemnizatorios y una reforma previsional, que fue la base luego para la privatización de fondos jubilatorios. En ese momento, Triaca justificó la necesidad de instalar condiciones laborales a la baja, usando el argumento de la desocupación, que el mismo Gobierno menemista aumentó con las privatizaciones. Insólito y cínico argumento. Sin sentir ningún tipo de vergüenza afirmó que su proyecto de ley "apunta a que 3 millones de personas que están en situación de desocupación o subocupación puedan integrarse al mercado de trabajo".

El proyecto original de Triaca encontró trabas para convertirse en ley, pero la ofensiva neoliberal no se detuvo. Recién comenzaba y Triaca seguiría jugando un papel especial. Luego de este coyuntural fracaso, renunció y se quedó a tiempo completo con el cargo de interventor en Somisa, la empresa siderúrgica estatal, a la cual terminó vendiendo por el 10% de su valor y dejando en la calle casi 8 mil trabajadores.

Similitudes y diferencias en los “planes reformistas” de los Triaca

Las semejanzas entre los “planes reformistas” de padre e hijo son bastante explícitas. Y eso se debe a su rol como funcionarios de gobiernos que quieren aplicar verdaderos planes de contrarreforma que atacan conquistas y derechos obreros. Al mismo tiempo que empeoran brutalmente las condiciones laborales en pos de aumentar las ganancias patronales. Hay algunas semejanzas externas también: la colaboración de la burocracia peronista y el envalentonamiento de gobiernos luego de un triunfo legislativo en sus dos primeros años de mandato.

Pero hay diferencias, el gobierno de Menem era un gobierno que venía relativamente fortalecido no solo por su triunfo legislativo, sino por el éxito de sus primeros planes, centralmente el comienzo de las privatizaciones. Recordemos que la mayor cantidad de privatizaciones se llevó a cabo entre 1989 y 1993. Que formaba parte, además, de un plan por poner en pié un nuevo ciclo de acumulación capitalista a nivel mundial: el neoliberalismo. Por otro lado, la clase obrera en ese momento padecía aún las consecuencias del golpe militar de 1976, responsable de la desaparición y encarcelamiento de gran parte de sus dirigentes combativos, y actuaba bajo el terrible efecto disciplinador de la hiperinflación y los despidos masivos de las primeras privatizaciones.

Hoy la situación es distinta. El gobierno de Cambiemos tiene mucho menos más fortaleza que el de Menem y más contradicciones económicas y políticas. La clase obrera tiene renovadas fuerzas. Desde ese lugar se paran sectores combativos y referenciados con la izquierda, como los trabajadores de PepsiCo, para buscar la mayor unidad y coordinación con los sectores dispuestos a luchar contra esta verdadera contrarreforma y exigirle a su vez a la burocracia sindical que no negocie nada contra los intereses de los trabajadores y que convoque a un paro y plan de lucha contra el Gobierno y las patronales.