Triaca amenazan a la CGT con frenar fondos para obras sociales

Jorge Triaca, ministro de Trabajo, se reservó la última palabra para liberar los fondos que manejan los sindicatos

El Gobierno puso en juego su carta más clásica para presionar a la CGT en medio del plan de lucha que lanzó este mes: los recursos de las obras sociales. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les advirtió a los dirigentes que desde ahora tendrá la última palabra en la distribución de fondos por encima de su par de Salud, Jorge Lemus, y del superintendente Luis Scervino, responsable central de esa tarea y hombre de confianza para la central obrera.

El aviso se concretó la semana pasada durante una reunión que mantuvo Triaca con José Luis Lingeri, el dirigente de Obras Sanitarias y principal lobbista de las obras sociales en la CGT, y Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la organización. El encuentro, previo al viaje del funcionario a Roma para entrevistarse con el papa Francisco, había sido pedido por los gremialistas frente a los atrasos que se habían producido en algunos desembolsos de fondos para tratamientos por discapacidad y que encendieron las alarmas en el sector.

Cerca de Triaca confirmaron el desembarco del ministro en el área. Lo hará a través de dos vías: por un lado, el monitoreo de la labor de Scervino en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y por otro mediante Andrés Scarsi, el recién asumido viceministro de Salud de la Nación, que venía de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal y que se lo considera de confianza del jefe de la cartera laboral.

Lemus es uno de los funcionarios que permanecen en la cuerda floja luego de los recambios de principio de año por la escasa consideración que tiene Mauricio Macri de su labor. Una primera prueba de ello fue la salida de Néstor Pérez Baliño como su segundo y su reemplazo por Scarsi. Pero también Scervino tambaleó en las últimas semanas, en particular durante la controversia comercial entre las prepagas Swiss Medical y OSDE. El superintendente debió excusarse de intervenir en un tema de su mayor incumbencia luego de que se conociera que había sido durante años empleado de Swiss Medical.

Ambos señalamientos y el agravamiento de la relación entre el Gobierno y la CGT impulsaron el cambio de mando en el control y financiamiento de las obras sociales. En Trabajo dijeron que Scervino continuará en su cargo pero deberá allanarse en última instancia a las órdenes de Triaca. El superintendente se presenta como un colaborador de años de Lemus aunque se lo señala más habitualmente como director de la obra social del gremio de Lingeri y referente de un grupo de expertos en la materia que reportan a otros gremios de la CGT.

Quien tuviera la última palabra en la SSS fue históricamente un termómetro del vínculo entre las administraciones nacionales y el sindicalismo tradicional. En tiempos de Carlos Menem se turnaron ese sector entre Lingeri y Luis Barrionuevo. En el arranque del kirchnerismo y por varios años el área fue manejada por abogados puestos por Hugo Moyano y sólo en el último período de Cristina de Kirchner quedó al frente una santacruceña de máxima confianza de la entonces presidenta, Liliana Korenfeld.

El mensaje que Triaca expuso, con más sutileza, durante el encuentro con Daer y Lingeri, fue que más allá de los envíos automáticos de fondos (a través de varias líneas de subsidios que operan en la Superintendencia) habrá en lo sucesivo más puntillosidad para algunos recursos que revisten mayor discrecionalidad como el Sistema Único de Reintegros (SUR) y los pagos previstos por el acuerdo global de liquidación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que hasta el año pasado había superado los 30 mil millones de pesos y que Macri resolvió entregar por varios mecanismos en cumplimiento de una promesa de campaña a la CGT.

Buena parte de la cautela con que la central obrera atravesó 2016 tuvo que ver con la puesta en marcha de aquel compromiso que implicó pagos en efectivo a cada obra social, la creación de un nuevo fondo anticíclico para la atención de las denominadas enfermedades catastróficas y separar una porción para destinarla al sector público de salud.

El atraso en pagos para discapacitados crónicos se había producido semanas atrás a partir de una resolución que les ordenó a las obras sociales abrir cuentas para cada afiliado en esa condición.