Tiembla el "círculo rojo": la investigacion de Odebrecht ya salpica a peso-pesados de la obra pública argentina

En el "círculo rojo" no esconden su preocupación por el posible estallido del caso Odebrecht en la Argentina, lo que podría derivar en un "Lava Jato criollo", un escándalo de dimensiones desconocidas que afectaría no solo a políticos sino también a las empresas más importantes del país.

Una de las últimas decisiones que tomó la Justicia alertó aun más a los integrantes de ese selecto grupo de poder.

Sucede que el viernes se hizo público que dos jueces federales, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, ordenaron -a pedido del fiscal Federico Delgado- una pericia clave en dos causas donde se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora brasileña y ubicaron la lupa judicial en algunas socias de Odebrecht.

¿Qué ordenaron los magistrados? Peritar información secuestrada durante los operativos que se realizaron la semana pasada en distintas empresas que conformaron un consorcio con Odebrecht para las obras de los gasoductos Norte y Sur, así como documentos del expediente en el que se analizan los trabajos encargados por AySA en una planta potabilizadora ubicada en la zona norte de Buenos Aires.

Tanto Casanello como Rafecas buscan cruzar datos que les permitan reconstruir las fechas de reuniones de empresarios con funcionarios, determinar los lugares donde se realizaron esos encuentros y precisar los momentos en que la firma brasileña cerró contratos con el Estado.

Así, la Justicia vuelve a hacer foco en las firmas vinculadas a Odebrecht, entre las que se destacan, por citar algunas, Techint, BTU, Contrera Hermanos y Esuco; Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones; Iecsa (que era propiedad del primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, quien acaba de transferirla a Marcelo Mindlin), la brasileña Camargo Correa; CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería.

Una cifra sintetiza la onda expansiva que podría tener el caso Odebrecht si estallase: a raíz de la delación de la constructora brasileña -que reveló ante la Justicia estadounidense que pagó u$s35 millones en sobornos en la Argentina entre 2007 y 2014-, unas 100 compañías están en el ojo de los magistrados.
La pesquisa
La principal investigación, que podría emular a la del Lava Jato pero en versión criolla, la lleva adelante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cuya función central es perseguir los “hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidos por agentes de la Administración Nacional”.

La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, está investigando –por ahora de forma preliminar- posibles maniobras irregulares ejecutadas por funcionarios públicos en los procedimientos de selección de los contratistas privados para la realización de las obras dispuestas por el Estado, entre 2006 y 2015.

Concretamente, se analiza si se benefició no sólo a Odebrecht sino también a Techint, Camargo Correa, Contrera Hermanos y Andrade Gutiérrez, entre otras. Se trata de las cincos constructoras involucradas en el escándalo brasileño que operaron en la Argentina.

Tal como trascendió públicamente, las firmas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 compañías, según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs).

La pesquisa de la Procuraduría también pretende determinar si miembros de las mismas pagaron sobornos a funcionarios argentinos para obtener esas contrataciones.

En el marco de esta investigación general –y otras causaspuntuales que tienen a Odebrecht por protagonista-, desde el Ministerio Público Fiscal se impulsa la conformación -junto con la cartera equivalente en Brasil- de un equipo binacional de procuradores.

En ese sentido, el 2 de junio, ambos ministerios acordaron mecanismos de cooperación para poder avanzar en las investigaciones que llevan adelante.

Y emitieron un claro mensajes a los respectivos gobiernos al reafirmar la importancia de que ambas carteras puedan actuar “de manera independiente y autónoma” y que “esos principios sean respetados por otros Poderes del Estado, conforme las Declaraciones de Lisboa y Brasilia”.

Otros expedientes
En la actualidad, varias son las líneas de investigación que están llevando adelante los magistrados:

 El juez federal Daniel Rafecas analiza supuestos pagos de sobornos de Odebrecht para realizar obras en los gasoductos Norte y Sur de la Argentina. En el marco de esta causa, la semana pasada ordenó una serie de allanamientos y el peritaje anteriormente mencionado.

 Otro caso es el que está en manos del juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto pago de coimas de parte de la constructora brasileña para acceder a obras encargadas por AySA en una planta potabilizadora en la zona norte de Buenos Aires. En este expediente interviene el fiscal federal, Federico Delgado, quien promovió el entrecruzamiento de información para determinar los encuentros entre empresarios investigados y funcionarios.

 Delgado, titular de la Fiscalía N° 6, también sigue el rastro de la transferencia de dinero al actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Si bien el funcionario había logrado un sobreseimiento por parte de Canicoba Corral, el caso está siendo revisado en segunda instancia.

El mismo tuvo como disparador la declaración del operador y cambista brasileño, Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos que colabora con la Justicia del país vecino, quien afirmó que le realizó giros irregulares por u$s800 mil.

 Por su parte, el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi investiga irregularidades en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la participación de empresas.

El principal acusado es el ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, a quien se acusa de cobrar coimas para favorecer a Odebrecht y sus asociadas en la adjudicación de esas obras.

El fiscal federal del caso, Franco Picardi, pidió el lunes pasado una serie de medidas de prueba para determinar si la constructora brasileña y sus asociadas pagaron sobornos para quedarse con el proyecto.

Entre otras cosas, solicitó el entrecruzamiento de llamados entre Jaime y directivos de Odebrecht, Iecsa, Ghella (italiana y socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS) y Comsa S.A. (España), las otras compañías a cargo del soterramiento.

El procurador también le pidió a Martínez de Giorgi que informe si Jorge ”Corcho” Rodríguez, Javier Sánchez Caballero –ex Iecsa– y otros directivos de las firmas investigadas figuran en los registros de ingresos en el área de Planificación, entre 2005 y 2014.

El expediente se inició por una serie de mails que tiene la policía de Brasil en la investigación del "Lava Jato".

 La anterior no es la única pesquisa en torno al ferrocarril Sarmiento: la fiscalía del procurador Carlos Stornelli tramitan dos investigaciones preliminares por hechos vinculados.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita, investiga una causa iniciada a raíz de las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández sobre la gestión del actual Gobierno en relación con ese proyecto ferroviario.

Las obras bajo la mira
Entre 2007 y 2014, período en el que la constructora aseguró haber pagado coimas en la Argentina, Odebrecht realizó siete obras, según sus registros:

1) 2013: programa global del Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (FREBA). Se trata de una ampliación de la capacidad de transmisión y distribución de energía en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El alcance abarca a 20 municipios.

2) 2013: soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Es una de las mayores inversiones en infraestructura ferroviaria. Apunta a una mejor integración, a lo largo de casi 37 kilómetros y de manera subterránea, del norte y sur de Buenos Aires. Fue anunciada durante la gestión anterior pero la ejecución quedó sujeta a un préstamo que nunca se concretó.

El actual Gobierno facilitó $45.000 millones el año pasado para iniciar el plan. Entonces, Iecsa estaba en manos de Calcaterra, primo del Presidente. Quien firmó el decreto 797/16 que habilitó el dinero mediante una reasignación de recursos fue la vicepresidenta Gabriela Michetti.

3) 2010: desarrollo del programa de acción para certificación en seguridad, medioambiente y salud para el área de Negocios Internacionales de Petrobras, encargada del control de la integridad y de la verificación de sus pasivos ambientales en diversas áreas.

4) 2010: proyecto potasio Río Colorado, en Mendoza. La participación de Odebrecht se organizó mediante el Consorcio Río Colorado (CRC), una UTE que se constituyó especialmente para esta obra.

5) 2009: planta de reformado catalítico continuo, la primera en Argentina. Fue construida en el Complejo Industrial de YPF en Ensenada.

6) 2008: se avanzó con el sistema de potabilización del Área Norte, “una de las mayores inversiones de la Argentina en infraestructura en los últimos 50 años”, destaca Odebrecht.

Con este proyecto se buscó abastecer de agua potable al cordón norte del Gran Buenos. Los trabajos incluyeron la construcción de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, 40 km de acueductos para el transporte de agua potable, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas y un túnel de casi 15 km de extensión que lleva el agua hacia la planta.

7) 2007: ampliación de la capacidad de transporte firme de gas. A partir de 2007, Odebrecht realiza la ampliación de gasoductos a lo largo de 15 provincias. Dos años antes había ampliado los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II. Entonces se construyeron 455,8 kilómetros de gasoductos.

La postura del Gobierno
Desde la Casa Rosada apuestan a profundizar la estrategia que vienen desplegando hasta ahora: avanzar contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cabeza de la estructura del sistema judicial.

Según la versión oficial, el kirchnerismo sería el único daminificado ante una posible delación de Odebrecht y -afirman- Gils Carbó estaría retrasando las investigaciones.

En pos de recabar información, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con representantes de Odebrecht, el 31 de mayo. Fue el mismo día en que se conoció la resolución de Delgado por la que pedía el entrecruzamiento de información para poder precisar reuniones entre funcionarios y empresarios.

En paralelo, el funcionario mantendrá este lunes un encuentro en Washington con el fiscal general Jeff Sessions, en el marco de una serie de encuentros que viene manteniendo en los Estados Unidos para poder acceder a la información que proporcionó la empresa en ese país.

Con ese mismo objetivo, el ministro se había reunido días atrás en Nueva York con un grupo de fiscales federales que investigó a la constructora brasileña.

Por lo pronto, la reunión entre los fiscales de Brasil y de Argentina se topó con una traba: la Procuración brasileña dejó en claro que los documentos sólo serán remitidos al país si hay un compromiso de no iniciar acciones legales contra los ejecutivos de Odebrecht, algo que la legislación local no contempla.

Sucede que en Brasil rige el principio de indulgencia, a partir del cual se firmó un acuerdo con la empresa, cuyos ejecutivos colaboraron con la investigación a cambio de inmunidad judicial.

Como en la Argentina la figura del arrepentido es limitada y no contempla la extinción de la acción penal, hay limitaciones.

En una conferencia de prensa conjunta, el fiscal brasileño detalló que para superar ese escollo se puede iniciar el proceso de cooperación previsto expresamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la remisión de información espontánea. (Iprofesional)