Subsidios a las privatizadas: Mindlin y Caputo también tuvieron su “década ganada”

Los empresarios que junto a Macri reclamaban -y ahora se benefician- con los tarifazos desenfrenados, son parte de quienes lograron rentabilidad por años, a través de la política de subsidios del kirchnerismo.

Este miércoles tuvo lugar la sesión especial convocada para discutir casi 30 proyectos de ley que cuestionaban el tarifazo. El oficialismo bajo al recinto para boicotearla. Cambiemos ratificó que el tarifazo contra el nivel de vida de millones de personas no se toca.

Para justificarlo, el macrismo intenta instalar un falso debate entre este esquema de tarifazos brutales y las empresas subsidiadas por el Estado en la gestión kirchnerista.

Sin embargo, entre los empresarios que se enriquecieron a través de los subsidios bajo la política del kirchnerismo, están algunos muy cercanos –amigos se puede decir- del actual presidente.

La "bomba" que habría dejado el kirchnerismo -según denuncia el oficialismo- fue armada en común entre la burocracia política del Estado –con funcionarios como Julio De Vido y Daniel Cameron- y esos grandes empresarios, entre los que figuran apellidos como Mindlin y Caputo.

Años de regalos por parte del Estado
Marcelo Mindlin, empresario muy cercano a Macri, es el principal accionista de Pampa Energía. Se trata de la empresa dueña de la mayoría accionaria de Edenor. También tiene participación en Transener (la mayor transportadora eléctrica) y TGS (la segunda transportadora de gas). Esa firma ingresó al negocio de las empresas energéticas en 2004. En 2005 concretó la compra del 65% de Edenor.

Nicolás Caputo, otro empresario amigo íntimo del presidente, entró a Edesur en 2013, comprando el 35% a través de Sadesa (Sociedad Argentina de Energía SA). Además, Central Puerto S.A. -empresa que le pertenece- es la principal generadora eléctrica privada del país.

Estas empresas energéticas estuvieron entre las beneficiadas de la política de subsidios que llevó adelante el kirchnerismo. Por ejemplo, en 2015 si se mira el balance que las empresas presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Edesur ganó $ 1330 millones y Edenor $ 1142 millones. Cifras siderales.

El sistema de subsidios, basado en el respeto al esquema de las privatizaciones creadas bajo el menemismo, les permitió a estas empresas enormes ventajas, garantizadas por la posibilidad de no tener que invertir.

La rentabilidad ascendió con Macri. Según un informe del Observatorio Oetec, Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin obtuvieron en 2017 ganancias por $ 9.076 millones.

Los empresarios se vienen enriqueciendo a través de la política del Estado, sea cual sea el color político. La única salida de fondo es poner en cuestión el lucro capitalista en lo que hace a provisión de los servicios esenciales que utilizan millones de personas.

Los trabajadores y sectores populares hacen malabares para pagar los servicios y llegar a fin de mes. Pero los amigos de Macri lograron rentabilidad gracias a la suba de tarifas y a la política de subsidios del Gobierno anterior.

Una auditoría necesaria que todos rechazan
El miércoles pasado quedó en evidencia que entre macrismo y peronismo hay un gran consenso: no tocar las ganancias de las grandes privatizadas. Ocurrió durante la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados.

En la misma, el Frente de Izquierda fue la única fuerza política que presentó un proyecto de ley que cuestionara realmente esa situación. En el mismo se propone anular los tarifazos y retrotraer las tarifas hasta antes de enero del 2016.

Allí también se propone una auditoria a las empresas privatizadas para saber que hicieron las grandes empresas con los millonarios subsidios que recibieron. Los mismos, durante los últimos 15 años, alcanzaron unos U$S 100 mil millones.

Sin embargo, ni macrismo ni peronismo –incluso el sector kirchnerista- parecen dispuestos a realizar una auditoría de ese tipo. Los referentes del anterior gobierno porqué permitieron ese esquema. Los del actual oficialismo porqué empresarios cercanos al poder estuvieron entre los beneficiados.

El proyecto de la izquierda también plantea la nacionalización de las empresas bajo control de los trabajadores y comités de usuarios de sectores populares. Plantea que el Estado debe garantizar el gas, la luz, el agua y que esos servicios no pueden ser un negocio.