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Salta: Greenpeace frena topadoras y denuncia desmonte ilegal

Activistas de Greenpeace localizaron y detuvieron las topadoras en el momento justo en que se encontraban deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Se trata de un desmonte de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques que fue autorizado en forma ilegal según los activistas por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña. El empresario es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.

11 de enero

La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.

“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III - verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, la superficie de media ciudad de Buenos Aires. Ya lleva desmontadas más de 5.000 hectáreas.

La destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.

“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.

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