Reforma tributaria: falsas promesas y plata para el bolsillo de los empresarios

Lejos de esto, cuando se analizan las principales medidas, se observa que lo esencial de la reforma apunta a mejorar las ganancias empresarias desfinanciando a la Anses y comprimiendo los ingresos tributarios del Estado Nacional que sostienen el sistema educativo y de salud, entre otros destinos sociales.

Empresarios felices

Uno de los cambios que más beneficios traerá a las patronales aparece recién hacia el final del Proyecto de Ley presentado en el Congreso, en el Capítulo VI referido a la Seguridad Social.

Se trata de la implementación de un mínimo no imponible (MNI) para las contribuciones patronales a la seguridad social que subirá progresivamente desde los $ 2.400 en 2018 hasta alcanzar los $ 12.000 en 2022, más la actualización que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los empresarios aportarán a la seguridad social sólo por los primeros $ 2.520 de los salarios que en términos brutos sean menores a $ 12.000.

Por los salarios brutos mayores a $ 12.000, las empresas sólo pagarán las contribuciones por el monto que exceda el MNI (más lo correspondiente a los primeros $ 2.520).

Además, la reforma introduce una reducción gradual de la alícuota de contribuciones patronales que termina unificándose en el 19,5% hacia 2022. Esta alícuota única reemplazará a las que rigen actualmente que se ubican entre el 17% y 21%, dependiendo de la actividad y la región en que actúa el empleador.

Considerando una estimación del salario a enero de 2018, momento para el cual se prevé la implementación, la remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados del sector privado será de $ 25.690.

Sin cambios, una empresa tendría que realizar una contribución de $ 4.881 cada mes por ese salario. Pero gracias a la reforma, en 2022 sólo abonará $ 3.161. Es decir, cada mes y por cada empleado se ahorrará $ 1.720 por los primeros $ 12.000 de salario. De este modo, la alícuota de contribuciones patronales que efectivamente pagará se reducirá del 19 % al 12,3 % hacia 2022.

Las empresas obtendrán año a año un ahorro que aumentará de manera progresiva hasta alcanzar los $ 146.440 millones en 2022 cuando quede plenamente implementado el MNI.

Considerando el nivel de empleo actual, en el período 2018-2022, los empresarios habrán ahorrado en total $ 367.795 millones. O su equivalente en dólares: U$S 21.017 millones. La contrapartida: el desfinanciamiento de la Anses.

En el segundo semestre del año, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 50 % de los ocupados tenía ingresos menores a $ 10.000. Se trata de 5,5 millones de trabajadores.

Si suponemos que en ese universo, lo cual es lo más probable, se concentra el 33 % de los trabajadores no registrados (en “negro”), las empresas tienen un ejército de mano de obra barata para “blanquear” a costo cero en tanto todos están debajo de los $ 12.000.

El Gobierno juega perversamente con las expectativas de los trabajadores más precarizados dentro de un mundo de extendida precariedad laboral que existe aun entre los empleados registrados.

No obstante, la historia muestra que el abaratamiento de los “costos” laborales no redunda en blanqueo. En los ’90 hubo una importante reducción de contribuciones patronales, pero el esquema de la convertibilidad estalló en el 2001 con un mar de desempleados, pobres y trabajadores no registrados.

El kirchnerismo aprobó en 2014, a través de la ley 26.940, reducciones para las empresas que contaran con hasta 80 trabajadores. Tampoco redundó en mejoras, ni en el empleo ni en la registración.

Ahora las patronales tendrán un incentivo para cambiar trabajadores con altos salarios por otros más baratos que les cuesten cero en términos de contribuciones a la seguridad social. Los especialistas indican que las grandes empresas serán las más beneficiadas con este ahorro. Un negocio redondo.

El “incentivo” a la inversión

Otro aspecto central de la reforma tributaria es el cambio en el impuesto a las ganancias de las empresas. Se reduce gradualmente la tasa aplicada a las utilidades no distribuidas: 35 % en 2018; 30 % en 2019 y 2020; y 25 % en 2021.

Además, se establecerá un impuesto adicional sobre dividendos o utilidades distribuidas hasta completar el 35 % de carga total.

Bajo este esquema, el macrismo afirma que se incentivará la inversión en tanto las utilidades no distribuidas pagan menos por el impuesto a las ganancias. Este argumento es engañoso: utilidades no distribuidas no es equivalente de utilidades reinvertidas.

O al menos no lo es en el sentido de utilidades no distribuidas destinadas a ampliación de la capacidad productiva de las empresas, por ejemplo mediante nueva maquinaria, instalaciones o actualización tecnológica.

Claro que, en un sentido amplio, mantener las utilidades para su utilización como capital de trabajo en el desarrollo de las actividades productivas (como comprar materias primas, pagar salarios, etcétera) podría ser una “inversión”. Pero en ese terreno se estaría forzando demasiado el espíritu bajo el cual el Gobierno hace marketing de esta iniciativa.

No sólo eso. Las utilidades no distribuidas probablemente entren en el terreno de la “contabilidad creativa” que las grandes empresas practican en gran escala con un ejército de contadores y administradores entrenados para la evasión y elusión impositiva.

Y para la fuga a paraísos fiscales, como lo demuestran las develaciones de los Paradise Papers, Panamá Papers y otras anteriores, donde además de la familia de Mauricio Macri, los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren, también figuran la mayoría de las grandes compañías del país, desde el Grupo Clarín a Techint.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que la tasa de evasión del impuesto a las ganancias en Argentina se sitúa cercana al 50 %. En 2015, la evasión por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue ponderada en U$S 12.700 millones, el equivalente al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según Tax Justice Network, unos U$S 21.400 dejó de recaudar el fisco argentino en 2016 debido a las distintas maniobras de evasión. Con las modificaciones propuestas en la reforma tributaria el gran capital verá facilitada su tarea de engañar al fisco.

En la campaña presidencial de 2015 el presidente Macri afirmó que los trabajadores no pagarían más el mal llamado impuesto a las ganancias que se aplica sobre el salario. La promesa devino en estafa. Los que pagarán cada vez menos son los empresarios.

El futuro sentenciará los efectos de la reforma tributaria, pero arriesgamos un resultado: la “lluvia de inversiones” no llegará.

Pour la gallerie

Para barnizar la reforma tributaria como progresista, el oficialismo incluyó un gravamen moderado a la renta financiera: 15 % para activos en dólares o indexados; y 5 % para activos de renta fija en pesos no indexados.

Los documentos difundidos por el Ministerio de Hacienda exponen la tibieza del trato al capital especulativo: en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esos que son un espejo para Cambiemos, las alícuotas promedio son de 42 % para los dividendos, 37 % para las ganancias de capital por acciones y 28 % para los intereses ganados.

Aun con la tibieza con que la que se trata al capital financiero que en Argentina vive un momento de euforia gracias a la “bicicleta financiera” con las Lebac y el festival de endeudamiento externo, este martes el Merval se derrumbó más de 4 %, entre otros factores por la llegada de la reforma impositiva al Congreso. Es la primera medida de fuerza de los especuladores.